La muerte de más de 40 inmigrantes en un centro de detención cerca de Trípoli el pasado 2 de julio volvió a poner los focos mediáticos en las condiciones críticas de los refugiados en Libia. El abogado franco-español Juan Branco cree que hechos como este no representan ninguna tragedia inevitable, sino el fruto de las políticas migratorias de la Unión Europea. Nacido en 1989 en Estepona (Málaga), Branco es uno de los letrados que a principios de junio presentaron un escrito en la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue a las autoridades y los altos funcionarios europeos por su presunta implicación en la muerte de miles de refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo.

“Las 14.000 muertes que se produjeron en el Mediterráneo desde 2014 ya habían sido anticipadas” por los dirigentes europeos, que “dejaron morir a estas personas para disuadir a otras de que intentaran la travesía”, asegura a Público Branco, que trabajó en la CPI y también ejerce como letrado del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Durante esta entrevista en una cafetería en la rive gauche de París, cerca del Barrio Latino, defiende que estas restrictivas medidas son el fruto de “un ataque sistemático generalizado contra una población civil”. Lo que se corresponde con la definición de crímenes contra la humanidad.

Además de su denuncia en la CPI, impulsada también por el abogado Omer Shatz, también hablamos con Branco sobre su implicación en los chalecos amarillos y el futuro de este movimiento que le ha dado un gran eco mediático a este joven abogado. En marzo, publicó el ensayo militante Crépuscule (Crepúsculo), sobre las redes oligárquicas que favorecieron la llegada al poder del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha cosechado un gran éxito de ventas en las librerías.

PREGUNTA. ¿Por qué decidisteis impulsar esta denuncia en la Corte Penal Internacional contra las políticas migratorias de la Unión Europea?

RESPUESTA. Descubrimos que lo que se nos presenta como un drama y una tragedia inevitable es el fruto de políticas públicas que se han decidido siendo conscientes de las muertes que provocan. Cuando empezamos a estudiar en detalle esta cuestión, descubrimos que las 14.000 muertes que se produjeron en el Mediterráneo desde el 2014, en la zona entre Libia e Italia, ya habían sido anticipadas por la UE. Las autoridades europeas dejaron morir a estas personas para disuadir a otras de que intentaran la travesía. Entonces, nos dimos cuenta que esto se correspondía con la definición de crimen contra la humanidad. Es decir, un ataque sistemático generalizado contra una población civil.

¿Qué os permite sostener que las más de 14.000 muertes en el Mediterráneo son el fruto de unas políticas sistemáticas de la UE?

Nuestra investigación son 250 páginas que en una primera parte recopilan los hechos sucedidos desde 2014 y demuestran la sistematicidad de las políticas migratorias delictivas de la UE a partir de dos etapas. La primera de ellas consistió en que entre 2014 y 2015 con el final del programa Mare Nostrum y el inicio del Plan Tritón se interrumpieron las operaciones de salvamientos impulsadas por las autoridades europeas para evitar que las personas se ahogaran. Fueron desmanteladas a partir de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2012 —el caso Hirsi— que exigía que, cuando se rescataba a un inmigrante, este debía ser transportado a un puerto seguro en lugar de un puerto no seguro, como los de Libia. Como las autoridades europeas tenían que respetar esta sentencia, que no les convenía, decidieron dejar que los inmigrantes se ahogaran.

Pero la situación en Libia resulta tan catastrófica que los refugiados siguen intentando cruzar el Mediterráneo. Además, las oenegés intentaron salvarlos como un gesto de humanidad. Entonces, empezó una segunda etapa que consistió en externalizar la política migratoria a Libia. Esto ha hecho que las autoridades europeas colaboren con actores criminales que han interceptado masivamente a inmigrantes y los han encerrado en centros de tortura y campos de detención.

En vuestra denuncia aseguráis que la UE y las autoridades libias han impulsado “una meticulosa política de coordinación fronteriza con plena consciencia de las consecuencias letales de esta conducta”. ¿Tenéis pruebas de ello?

Respecto a la primera etapa, sobre el final del programa Mare Nostrum, existen documentos de Frontex (la agencia europea de controles fronterizos) que indican claramente que los dirigentes europeos sabían que iban a provocar un aumento del número de muertes. Sobre la segunda etapa, con la cooperación con las autoridades libias, el mismo Macron dijo que se han cometido crímenes contra la humanidad con inmigrantes en Libia. También hay decenas de investigaciones de oenegés que nos muestran plena consciencia de que el trato a inmigrantes no solo vulnera sus derechos, sino el derecho penal internacional. Tenemos conocimiento de un cable diplomático del embajador alemán en Níger que en enero de 2017 advertía a Angela Merkel, pocos días antes de que ampliara su acuerdo de cooperación con las autoridades libias, de que las condiciones observadas en los centros de detención de extranjeros en Libia eran parecidas a las de los campos de concentración.

Además, la Comisión Europea respondió a nuestra denuncia reconociendo que habían cometido errores, pero negando que fueran intencionados. Pero la UE financia estas políticas migratorias. Libia no tiene ningún interés particular en construir campos de detención de inmigrantes. Estas medidas solo tienen un objetivo: complacer a las autoridades europeas.

El abogado franco-español Juan Branco. /ENRIC BONET

¿Crees que es jurídicamente posible que la CPI investigue por crímenes contra la humanidad a dirigentes europeos por su política migratoria?

Desde un punto de vista jurídico, nuestro documento es inapelable. No veo cómo la CPI podrá oponerse a nuestros argumentos. A partir del momento en que el principal acusado reconoce su implicación, esto merece al menos ser investigado. Cuando alguien comete un homicidio, pero dice que no ha sido voluntario, al menos se abre una investigación para verificar que no está mintiendo. Estamos hablando de 14.000 muertos. Pero conociendo la cobardía de la CPI resulta probable que no atienda nuestra demanda.

¿Por qué piensas que la CPI no tendrá la valentía suficiente para iniciar una investigación?

Es muy difícil investigar a personas con las que uno toma cócteles. Se trata de una cuestión de solidaridad sociológica entre las élites. El derecho internacional penal está construido a partir de la figura del otro, que debe ser monstruoso. Se fundamenta en una ontología del mal surgida con los juicios de Nuremberg a los dirigentes nazis. Entonces, considerar que los dirigentes europeos forman parte de este mal absoluto, y que este se asemeja mucho a nosotros, me parece que es un paso que los magistrados de la CPI difícilmente realizarán.

Tras haber presentado vuestra denuncia en junio, asegurasteis que deseabais que hubiera una investigación rápida de la fiscalía. ¿Ha habido alguna novedad?

Lo ideal sería que se produjera algún avance antes de finales de año. En enero, la CPI publica una compilación con las principales comunicaciones que ha recibido y su posición sobre el tema. Así que esperamos que se produzca alguna novedad antes de principios de 2020.

¿Cuáles son las penas a las que aspiráis?

Dependerá de la investigación de la Fiscalía, dado que no estamos seguros del nivel de responsabilidad de cada actor. Pero teniendo en cuenta el número de muertes, podrían dictarse sentencias de penas de prisión de por vida. Hemos detectado tres niveles de responsabilidad. El primer de ellos es el de los dirigentes. En un segundo, se encuentran los altos funcionarios que elaboraron los planes impulsados por los responsables políticos. El tercero sería el de los ejecutores de estas políticas, es decir, los guardacostas y las autoridades libias.

¿Qué papel tienen las autoridades libias en los crímenes que denunciáis?

Solo han actuado como ejecutores. Estas medidas de persecución y estos crímenes contra la humanidad solo se han producido por responsabilidad de la UE. Resultaría absurdo perseguir únicamente a las autoridades libias y obviar cualquier responsabilidad de los dirigentes europeos.

De hecho, habéis establecido un vínculo directo entre la externalización de los controles migratorios que empezaron a principios de los 2000 con la Libia de Muamar el Gadafi y la cooperación con las autoridades libias restablecida a partir de 2016

Sí, es fundamental para nosotros mostrar una perspectiva global. El caos provocado por la guerra en Libia en 2011 desmoronó la política acordada con Gadafi de externalización de las medidas migratorias. Esta ya comportaba graves deficiencias en el respeto de los derechos humanos. Pero antes estos tratos vejatorios eran cometidos por un estado autoritario con cierta experiencia en enmascararlos. Con la intervención de las fuerzas de la OTAN en Libia y el inicio de la guerra civil, no solo se desestabilizó la situación en Libia, sino que se revelaron estos crímenes contra la humanidad.

En 2015, los guardacostas libios solo realizaban el 0,5% de las operaciones de rescate e intercepción de refugiados en el Mediterráneo. ¿Cómo ha evolucionado esta situación en los últimos cuatro años?

Estas operaciones han aumentado muchísimo —en torno a unos 40.000 inmigrantes han sido interceptados y detenidos por los guardacostas libios, según indican en la denuncia—. Actualmente, se contabilizan como rescates todas las operaciones realizadas por los guardacostas libios, aunque estos forman parte de redes mafiosas que “salvan” en alta mar a los mismos inmigrantes que hicieron partir de Libia y después los envían a centros de detención donde les piden más dinero para dejarlos salir. Es un sistema circular. Actualmente, las autoridades de la UE se niegan a realizar operaciones de rescate y transmiten la información a los guardacostas libios para que bloqueen a los refugiados en su territorio. De esta forma, ha disminuido la participación de los guardacostas europeos y también se impide que lo hagan las oenegés. La criminalización de las organizaciones humanitarias es una condición sine qua non de la actual política europea. Según los dirigentes, la retirada de Mare Nostrum solo puede ser efectiva si ningún actor europeo se dedica a rescatar a los inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo.

El pasado 29 de junio se produjo la polémica detención en Lampedusa de Carola Rackete, capitana del Sea-Watch. ¿Hasta qué punto las políticas migratorias impulsadas durante la última década por la UE han favorecido la emergencia de figuras xenófobas como Matteo Salvini?

El auge de la ultraderecha en Europa está relacionado con la crisis de 2008 y la incapacidad de los dirigentes políticos de asumir y establecer las responsabilidades de las élites financieras en la violencia económica y social provocada por la Gran Recesión. Cuando las sociedades entran en estas situaciones de crisis, necesitan expresar esta violencia a través de guerras, políticas penales (que comporten el encarcelamiento de dirigentes políticos o de banqueros) o encontrando a chivos expiatorios. Considero que la estrategia elegida por los dirigentes europeos ha sido encontrar chivos expiatorios y dirigir la violencia que percibía una parte de la población hacia otra más vulnerable.

Probablemente, Salvini no hubiera llegado al poder si no se hubiera abandonado a Italia después del inicio de la guerra en Libia en 2011 y la ausencia de solidaridad europea no hubiera obligado a las autoridades italianas a gestionar solas una importante llegada de inmigrantes a través de las costas libias. De hecho, el anterior gobierno de François Holande, del que formó parte Macron, estableció restrictivos controles policiales en la frontera franco-italiana para impedir la llegada a Francia de inmigrantes.

Macron suele presentarse como un adversario y un dique ante el avance del populismo de derechas. ¿Cómo valoras las políticas migratorias del joven presidente francés?

Macron intenta establecer una dialéctica discursiva entre él y Salvini y el resto del espacio de la extrema derecha. Pero solo se trata de una confrontación a nivel discursivo, puesto que estos actores mantienen una fuerte cooperación para determinar las políticas migratorias europeas. Evidentemente, Salvini va más lejos que Macron, pero el dirigente centrista también ha adoptado medidas derechistas en materia de inmigración. Impidió que el Aquarius atracara en puertos franceses, siguen encerrándose a menores en centros de retención administrativa (el equivalente de los CIE en Francia), se favorecen las expulsiones de inmigrantes y se lleva a cabo una política de cooperación muy estrecha con los guardacostas libios. Las autoridades francesas les han dado barcos para que pudieran llevar a cabo sus tareas de intercepción de inmigrantes en las costas de Libia. No hay ningún compromiso de Macron con la defensa de los derechos de los inmigrantes.

Antes de esta denuncia en la CPI, te implicaste en las protestas de los chalecos amarillos y defendiste legalmente a algunos de los miembros más conocidos de este movimiento. ¿Defender a los refugiados que se ahogan en el Mediterráneo y ayudar a los chalecos amarillos forman parte de una misma lucha?

Sí, en ambos casos se trata de poblaciones víctimas de la crisis de 2008. Aunque se los ha acusado de simpatizar con la ultraderecha, los chalecos amarillos nunca han hecho emerger cuestiones relacionadas con las políticas migratorias. Al haber puesto en el centro del debate las cuestiones sociales, ya no hacía falta tratar los temas identitarios. Además, resulta muy coherente atacar a las élites por su instrumentalización criminal de la cuestión migratoria para escapar a sus propias responsabilidades respecto a la crisis social. Ambas iniciativas son coherentes con mi voluntad de defender a los más frágiles.

Después de siete meses del inicio del movimiento de los chalecos amarillos, sigue habiendo manifestaciones cada fin de semana, pero estas son minoritarias. ¿Macron ha logrado derrotarlos?

No, ha utilizado la violencia policial para reprimirlos y ahora la cuestión es cómo la violencia extrema que se ha producido durante los últimos meses volverá a emerger. En vez de calmar la situación, los abusos policiales la han agravado y han acentuado la brecha entre las clases dominantes y el resto de la población. La crisis social y política en Francia no se ha resuelto y volverán a haber protestas.