El titular del juzgado número 50 de Madrid imputa a la directora de una residencia por un presunto delito de homicidio tras no derivar a un hospital a una anciana que terminó falleciendo en plena primera ola de la pandemia, según informa la cadena Ser. 

La querella ante los juzgados fue presentada por la hija de la anciana, quien falleció el 27 de marzo en la residencia pública Gran Residencia. Según el auto del juez, "conforme a lo dispuesto en el artículo 299 y concordantes de la citada ley procesal, es procedente acordar la incoación del oportuno sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables, asegurando su disponibilidad a resultas de esta causas y las responsabilidades pecuniarias que se deriven". El titular del juzgad concluye por todo ello que esos hechos "revisten caracteres de presunto delito de homicidio".

La investigada, R. M. M. G., tendrá que comparecer ante el juez el próximo día 26 de febrero de 2021 a las 10 de la mañana. Ese mismo día también declarará como testigo uno de los médicos de la residencia. El abogado de la familia de la fallecida ha expresado su satisfacción porque, según ha dicho "se abre la primera investigación sobre residencias y nuestra labor es llegar al final del todo. Es decir, saber primero si hay responsables y después saber si hay más responsables aparte de la directora de la residencia. Si hay responsabilidades mayores del consejero de Sanidad, del consejero de Justicia o de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid".

Para el abogado de la denunciante, el testimonio de la imputada es muy relevante dado que por primera vez un permitirá a la responsable de una residencia pública explicar si la decisión de no derivar a residentes a los hospitales en los peores días de la pandemia "fue una decisión suya, si fue una decisión que tomaron porque tenían esos protocolos de la Comunidad de Madrid que decían que no se podía derivar o si tuvieron contacto con el consejero de Sanidad o con algún personal técnico de la Comunidad de Madrid que les dijera cómo tenían que actuar".

Esta querella se enmarca dentro un grupo de otras presentadas por 26 personas agrupados en un colectivo denominado Marea de las Residencias, familiares todos de residentes fallecidos, el pasado mes de mayo contra directores de residencias y contra los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, Justicia, Enrique López, y la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso.