La justicia ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por prevaricación y malversación, tras la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro.

En el auto rechazado también se solicitó que declararan como investigados el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, la exviceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández, y el exdirector General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos, Jesús Alejandro Vidart.

El texto asegura que, aunque Esperanza Aguirre, Juan José Güemes y Ana Sánchez Fernández, fueran los máximos responsables respectivamente de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y el Órgano de Contratación en mayo de 2008, "no se justifica la atribución de la condición de investigado" como pretendía la Fiscalía, según ha afirmado la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, en un auto recogido por Efe.

Además, la jueza asevera que no se deduce que "la resolución sobre la reducción del número de camas del hospital procediera directamente de la presidencia de Aguirre", según las declaraciones de la directora General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos de Sanidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Elena de Mingo.

Pérdidas de 10 millones de euros

Según el Ministerio Fiscal, De Mingo modificó el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. El hospital fue adjudicado por Güemes mediante una orden fechada a 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas que constituyeron la agrupación del Hospital Majadahonda SA.

Tras la adjudicación, 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales dando cumplimiento y ejecutividad invocándose como sustento habilitante la resolución dictada a requerimiento de la presidencia de la Comunidad de Madrid. El cierre de las camas ocasionó presuntamente unas pérdidas para las arcas públicas de 10 millones de euros.

La jueza ha admitido la declaración como investigado de Jesús Alejandro Vidart, y recuerda que, según Anticorrupción, la aprobación del modificado "debió haberse acompañado de la cuantificación de los efectos económicos", ya que el importe del canon a pagar por la Administración se habría reducido. Además, añade que Vidart debería haber procedido lo antes posible a una propuesta "de reequilibrio económico del contrato a favor de la Administración".