LEÓN.—El juicio por el crimen de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco se reanudar este jueves con la declaración ante el tribunal del inspector de policía Pablo Antonio Martínez, marido de la asesina confesa de la política, Montserrat González, y padre de la también acusada Triana Martínez.

La jornada estará marcada por la presencia del letrado Fermín Guerrero, que defiende a la tercera acusada, Raquel Gago, cuya incomparecencia ayer, miércoles, obligó a suspender la vista.

Tras ser localizado a primera hora de la tarde de ayer en el centro de la ciudad junto a su coche, el letrado fue trasladado a Comisaría donde se negó a dar explicaciones de lo sucedido y se limitó a señalar que su ausencia había sido voluntaria.

El presidente del tribunal, el magistrado Carlos Álvarez, estuvo en contacto ayer por la tarde con las partes personadas en la causa, incluido Fermín Guerrero, para determinar si era posible reanudar el juicio con las declaraciones que ya estaban previstas, lo que finalmente ha sido confirmado.

El principal testigo citado hoy es el marido y padre de Montserrat González y Triana Martínez, respectivamente, quien ya durante la instrucción declaró que jamás sospechó del plan urdido por su mujer para acabar con la vida de Isabel Carrasco.

También está prevista para mañana la declaración de los padres de Raquel Gago, la agente de policía local que entregó en Comisaría la pistola que supuestamente acabó con la vida de Carrasco, treinta horas después del crimen, y manifestó que la había encontrado en su coche sin poder aclarar cómo había llegado hasta allí.

Añadió que sospechaba que debía de haberla dejado su amiga Triana Martínez, con quien se encontró minutos después del crimen, sin que ella se diera cuenta.

En su declaración en la primera jornada del juicio, Montserrat González exculpó a su hija y a Raquel Gago, afirmó que ella era la única responsable de la muerte de Isabel Carrasco y explicó que lo hizo movida por el odio debido a que la dirigente del PP llevaba años haciendo la vida imposible a su hija y se "lo seguiría haciendo".

La Fiscalía solicita para cada una de las acusadas penas que suman veintitrés años: veinte por un delito de asesinato en concurso ideal con otro de atentado a la autoridad, y tres más por tenencia ilícita de armas.