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Juicio a los seis mossos acusados de matar a patadas a un vecino del Raval

Si el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no abre la puerta a un pacto "in extremis", este lunes se elegirá en la Audiencia de Barcelona al jurado popular que juzgará a los agentes sospechosos del homicidio de Andrés Benítez.

Escena de la reducción policial a Juan Andrés Benítez, captada por un vecino desde su balcón.

EFE

Si el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no abre la puerta a un pacto "in extremis", este lunes se elegirá en la Audiencia de Barcelona al jurado popular que juzgará a los seis mossos acusados del homicidio de Juan Andrés Benítez en una reducción policial en el barrio barcelonés del Raval.

A lo largo de un mes y medio, según el guion previsto, se sentarán en el banquillo de la Audiencia seis agentes de la comisaría de Ciutat Vella para quienes la Fiscalía pide once años de cárcel por un delito de homicidio y otros dos mossos que afrontan año y medio por encubrir la actuación de sus compañeros en la muerte de Benítez, ocurrida el 6 de octubre de 2013 en la calle Aurora.

Sin embargo, acusaciones y defensas acudirán a la selección del jurado con la vista puesta en el TSJC, que aún debe decidir si expulsa de la causa a la acusación popular ejercida por la Asociación Catalana de Derechos Humanos (ACDH), único escollo que impide un pacto entre las partes que libre a los mossos acusados de homicidio de entrar en prisión.

La expulsión de la ACDH la han solicitado la defensa de los agentes -con el apoyo de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia del fallecido-, en base a un artículo incorporado el pasado mes de diciembre en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en su opinión, impide a una acusación popular ejercer acciones sin la autorización del propio perjudicado.


En el caso de que el TSJC no allane el camino del pacto -que prevé el pago de una indemnización superior a 100.000 euros a la familia de la víctima-, el juicio dará comienzo una vez elegido el jurado, aunque sin descartarse que las partes puedan explorar algún otro acuerdo que satisfaga a acusaciones y defensas y exima a los mossos de exponerse al veredicto de un jurado popular.

Por el momento, los agentes han logrado una primera victoria con la insólita decisión del magistrado presidente del tribunal popular, José Luis Ramírez, de prohibir que los medios graben las imágenes de su declaración ante el tribunal, después de que así lo haya solicitado la Fiscalía.

La sociedad no podrá ver las imágenes de sus interrogatorios ante el jurado, pero es previsible que en el mes y medio de juicio los medios vuelvan a reproducir el vídeo que un vecino grabó de la reducción policial, que muestra los golpes y patadas que varios agentes propinaron a Benítez para inmovilizarlo en el suelo.

El vídeo es una de las principales pruebas de cargo del caso, lo que ha llevado a la fiscal a acusar de homicidio a los agentes, al entender que con los golpes que propinaron a la víctima -que las defensas sostienen eran maniobras de "distensión" aprendidas en la Escuela de Policía- asumieron las altas probabilidades de acabar con su vida.

La defensa se aferra también a los resultados de la autopsia de Benítez, que apunta a cuatro factores como causas de su muerte -los golpes, el estrés provocado por la contención, el consumo previo de cocaína y sus dolencias cardíacas-, lo que llevó a la fiscal a advertir la semana pasada del "incierto desenlace" de ese juicio.