El Gobierno del PP en Andalucía está haciendo caja a cuenta del cannabis medicinal que la formación popular ha rechazado regular en España. Desde que Juan Manuel Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta en 2019, esta administración autonómica ha ingresado más de 120.000 euros por la realización de tres trabajos de investigación para dos empresas que trabajan en el estudio y desarrollo del uso terapéutico de la marihuana con licencias de cultivo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), según ha podido comprobar Público.

El PP fue el único grupo, junto a Vox, que votó en contra del dictamen de la Comisión de Sanidad del Congreso que en junio del año pasado solicitó la regulación del uso medicinal del cannabis en España, un acuerdo que el Gobierno central no ha cumplimentado cuatro meses después de haber expirado el plazo que le dio la Cámara para llevarlo a cabo. El grupo popular alegó que no había evidencia científica suficiente para garantizar la eficacia y seguridad de medicamentos y preparados con componentes del cannabis y advirtió, además, de un posible aumento del consumo entre los menores de edad a causa de la legalización.

Sin embargo, el Gobierno del PP en Andalucía, primero en coalición con Ciudadanos y ahora en solitario al haber obtenido la mayoría absoluta en las elecciones de junio del pasado año, ha mantenido una línea de colaboración con empresas que trabajan en la investigación y producción del cannabis con fines medicinales, y lo ha hecho a través de su Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Agraria (IFAPA), integrado en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, cuya responsable, Carmen Crespo, es también la presidenta del Consejo Social de ese órgano adscrito.

IFAPA ha firmado desde 2020 tres convenios de colaboración -uno por año-, dos con la empresa Phytoplant Research y uno con Trichome Pharma, para la realización de trabajos de investigación sobre las necesidades hídricas y nutricionales de diferentes variedades de cannabis sativa con fines biomédicos, técnicas alternativas y novedosas para el control o minimización de enfermedades fúngicas de suelo en el cultivo de esta planta o la respuesta agronómica y adaptativa orientada a la producción de fitocannabinoides y otros subproductos en cultivo exterior bajo las condiciones agroclimáticas de Andalucía occidental.

A cambio de esos trabajos de investigación en el Centro Las Torres de IFAPA en Sevilla, este órgano de la Junta de Andalucía percibe un total de 120.480 euros más IVA, según consta en los convenios de colaboración consultados por este periódico en la web del instituto y en el Portal de Transparencia de la Administración autonómica. Dos de esos convenios se encuentran aún vigentes -uno hasta el próximo mes de noviembre y otro hasta junio de 2024- y el último se firmó el pasado noviembre, siendo ya responsable del IFAPA la que fue, como diputada de Ciudadanos, presidenta del Parlamento andaluz en la anterior legislatura, Marta Bosquet.

"Contribuir al avance de la industria del cannabis"

La empresa Trichome Pharma, que también ha firmado un convenio con el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología en Sevilla del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha señalado que estos acuerdos de colaboración tienen como objetivo último "mejorar el acceso al cannabis medicinal de origen nacional", cultivado de forma orgánica y aprovechando las bondades del clima mediterráneo. "Estamos construyendo un ecosistema de innovación abierto, en el que organismos públicos y empresas privadas puedan colaborar para contribuir al avance de la industria del cannabis en España", afirma en un comunicado Nicholas Balk, fundador de una compañía que se define como "empresa farmacéutica líder especializada" en este sector y de cuya estructura de capital forman parte el vehículo inversor The Trichome Group, Labiana y Little Green Pharma.

Según detalla Trichome, los investigadores de IFAPA involucrados en este proyecto, que se llevará a cabo tanto en invernadero como en cultivo exterior, cuentan con una producción científica relevante sobre el desarrollo de estrategias agronómicas para la producción de cannabis al aire libre, y su conocimiento ayudará a definir las prácticas más adecuadas a los agricultores y técnicos interesados en este cultivo emergente. En su web, Trichome dispone de un departamento de venta con varios productos hechos con cannabinoides: cremas hidratantes, reparadoras y bálsamos.

La otra empresa con la que colabora la Junta de Andalucía, Phytoplant Research, disfruta actualmente de dos licencias de la AEMPS, una para investigación y otra para la producción con fines médicos y científicos, en concreto semillas y esquejes de cannabis. Esta empresa tiene su sede en Córdoba, trabaja con 14 variedades de esta planta y, además de dedicarse a la investigación sobre cría y cultivo, ofrece servicios de asesoría técnica, consultoría regulatoria, desarrollo de tecnología de producción y vigilancia tecnológica.

Phytoplant, empresa pionera en Andalucía en la investigación del cannabis y el desarrollo de la cadena industrial de las plantas medicinales, inició su colaboración con la Junta en 2012 para estudiar la viabilidad del cultivo de la marihuana con fines biomédicos en las condiciones agroclimáticas de la parte occidental de la comunidad. En 2018, cuando los socialistas estaban aún al mando de la administración andaluza, la Consejería de Agricultura emitió un comunicado en el que destacó que el trabajo de investigación de IFAPA con esta empresa podría ayudar a obtener nuevas variedades "más eficaces" para elaborar fármacos dirigidos a pacientes con tratamientos de quimioterapia o que padecen alzheimer, parkinson o diferentes tipos de epilepsia.

Con la llegada del PP al gobierno andaluz, la Junta ha seguido firmando convenios de colaboración con empresas que trabajan en el campo del cannabis medicinal, pero, en cambio, ya no ha difundido su contenido ni su desarrollo mediante notas de prensa o comunicados.

La Junta pregunta por la regulación pero no opina de ella

La Consejería de Salud y Consumo, el departamento de la Junta que tiene las competencias de drogas, elabora cada dos años un estudio denominado 'La población andaluza ante las drogas', en el que se pregunta a la ciudadanía si está a favor o en contra de permitir el uso terapéutico del cannabis para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. La encuesta de 2022, la última publicada, refleja que el 70,6% de la población andaluza está "de acuerdo o muy de acuerdo" con permitir ese uso medicinal de la planta de la marihuana. Por género, las mujeres son más favorables -71,8%- que los hombres -69,4%-.

A preguntas de este periódico, Salud no ha querido aclarar cuál es la posición de la Junta respecto a la regulación del uso medicinal del cannabis que defiende la mayoría de la población de la comunidad, de acuerdo con el estudio que ha hecho la misma consejería. Según fuentes de ese departamento, es al Ministerio de Sanidad al que le corresponde contestar a esta pregunta, porque se trata de un tema de competencia estatal.

La Junta de Andalucía no es la única administración gobernada por el PP que ha seguido una línea divergente respecto a la que ha mantenido la formación popular en el Congreso cuando se ha debatido sobre la regulación del cannabis medicinal. La alcaldesa de Garray, vicepresidenta de la Diputación de Soria y portavoz del PP en esa corporación provincial, María José Jiménez, se ha pronunciado públicamente a favor del proyecto para que su pueblo cuente con el mayor invernadero de Europa dedicado al cultivo interior de marihuana con fines terapéuticos.

El proyecto es el de la empresa Ondara, propiedad del grupo inversor estadounidense Full Moon Investments, que ha empezado a plantar cannabis en unos invernaderos de 14 hectáreas donde antes se producían rosas rojas de la variedad Red Naomi. "El tipo de cultivo no me preocupa, me preocupan los trabajadores" o "una empresa de estas características al final es bueno para toda la provincia por todo lo que conlleva" han sido algunas de las manifestaciones que ha hecho la alcaldesa popular sobre un proyecto que no acaba de fructificar.

Ondara sigue a la espera de la licencia de la AEMPS para poder comercializar la cosecha de cannabis que obtuvo con otra licencia de ese organismo de Sanidad y, mientras tanto, mantiene en un ERTE a más de 40 trabajadores después de haber despedido a más de 150.

Administraciones con diferente signo político

Andalucía tampoco es la única comunidad autónoma cuya administración participa de alguna forma en la investigación del cannabis medicinal. Catalunya y Comunidad Valenciana, en su caso con formaciones de izquierda y nacionalistas en el gobierno, también desarrollan proyectos sobre diversos aspectos del uso terapéutico de la marihuana. El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), adscrito al Departamento de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat catalana, y la Unidad Científica de Innovación Empresarial Ars Innovatio de la Agencia Valenciana de Innovación disponen de sendas licencias para el cultivo de cannabis con fines de investigación: la primera se centra en la obtención de variedades de cannabinoides para la industria farmacéutica y la segunda estudia la aplicación de la tecnología digital para mejorar y garantizar la trazabilidad de los cultivos de esta planta.

Y el gobierno de Extremadura, del PSOE, ha apoyado, por su parte, la creación del Polo Tecnológico del Cáñamo en esa comunidad. Su presidente, Guillermo Fernández Vara, acudió incluso a la presentación de este proyecto de network e I+D, pionero en España, acto en el que estuvo presente también la delegada del Gobierno central, que calificó la iniciativa como una "idea fantástica". A juicio de la administración extremeña, el cáñamo industrial es un sector con muchas posibilidades y múltiples aplicaciones en la medicina, la alimentación y la industria, que contribuirá a implantar en esa comunidad una red de empresas de un producto con alta demanda en los mercados.