El acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía puede exponer a los migrantes al riesgo de ser perseguidos en sus países de origen en caso de ser expulsados. Sí. Pero ese no es un problema de la Unión. Esto es lo que ha venido a decir el Tribunal General de la Unión Europea, que el martes dio a conocer que no puede valorar la Declaración UE-Turquía porque, según argumentan, no fue la Unión Europea quien firmó el pacto con Turquía y sí sus Estados miembros como actores de Derecho Internacional y, por tanto, el Tribunal Europeo no tiene competencias.  

"El Tribunal General se declara carente de competencia para resolver los recursos con arreglo al artículo 263 TFUE y, por tanto, los desestima", recoge el comunicado de prensa distribuido por el propio Tribunal General.

El caso llegó al Tribunal de la mano de dos ciudadanos paquistaníes y uno afgano, que pasaron de Turquía a Grecia y registraron solicitudes de asilo. En esas solicitudes exponían que en caso de ser expulsados a sus países de origen, tal y como contempla el acuerdo UE-Turquía para los migrantes llegados a Grecia a partir del 20 de marzo de 2016, corrían el riesgo de ser perseguidos, por lo que decidieron recurrir ante el Tribunal de la UE para que se pronunciara sobre la legalidad del acuerdo con Turquía.

El Tribunal, como ya se ha señalado, se ha declarado carente de competencias para pronunciarse sobre este aspecto alegando que en el acuerdo no ha participado ninguna institución de la Unión y sí los estados miembros de la Unión. Por tanto, según la sentencia, este Tribunal no puede evaluar si el acuerdo vulnera la legalidad o no. Es decir, el Tribunal distingue entre la sesión del 17 de marzo, en la que sí considera que hubo una reunión del Consejo europeo, formado por todos los jefes de Estado y de Gobierno, de la reunión del 18 de marzo en la que se alcanza el acuerdo con Turquía y en la que, según el Tribunal, los estados miembros de la Unión participaban a título individual. 

"La sentencia responde a la tónica general que ha dominado desde el primer la actitud de la UE respecto a su acuerdo con Turquía. Realizan el truco de decir, por un lado, que es una Declaración y no un Acuerdo y que por eso la Comisión no está obligada a hacer un impacto de Derechos Humanos y, por otro lado, dicen que el firmante no fue la Unión por lo que la justicia europea no tiene competencias", explica a Público Paloma Favieres, coordinadora de los servicios jurídicos de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 

"Política genocida"

La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha denunciado que esta sentencia "refleja el clima de impunidad que rodea la política genocida de la Europa Fortaleza". "Queda claro que los legisladores europeos diseñaron el texto de la Declaración UE-Turquía pensando en evadir cualquier tipo de responsabilidad legal", ha añadido.

En opinión de Albiol, el acuerdo entre la UE y Turquía, que ahora la justicia rechaza valorar, es el "responsable directo de graves violaciones de derechos humanos que ponen en peligro la vida de las decenas de miles de personas migrantes o demandantes de asilo que a día de hoy se encuentran a las puertas de la UE o atrapadas en Grecia". 

"Hay responsabilidades penales y políticas de esta situación que echa por tierra el conjunto de la legislación internacional en materia de derechos humanos y protección internacional, y seguiremos luchando para revertir esta situación y los culpable de ella no queden impunes", ha sentenciado en declaraciones a Público.