El caso de la explosión accidental de unas minas durante un entrenamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid), hace justo 11 años, se puede resumir como uno de los que más han puesto en cuestión el alcance que debería tener la Justicia Militar. Muchas sombras han acompañado a los interminables procesos judiciales de un siniestro del que, hasta ahora, no hay responsables y sí muchas ganas de olvidarlo, tanto en el Ejército como en el Ministerio de Defensa.

Los fallecidos aquel día 24 de febrero de 2011 fueron el sargento primero Sergio Valdepeñas, el sargento Mario Hernández y el cabo Miguel Ángel Díaz, del Ejército de Tierra, y el sargento primero Víctor Manuel Zamora y el cabo primero Javier Muñoz, ambos de la Armada. Hubo dos heridos de gravedad, el teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón y el sargento primero Raúl Alfonso González, y un tercero de carácter leve.

El accidente dio lugar a uno de los casos judiciales más largos y retorcidos, con procedimientos cerrados en falso, acusaciones cruzadas, víctimas convertidos en verdugos, una instructora apartada "apariencia de imparcialidad" contra los heridos... Y una gestión muy pobre por parte del Ministerio de Defensa, que durante estos años estuvo dirigido por Carme Chacón, Pedro Morenés y María Dolores de Cospedal, y actualmente por Margarita Robles.

Tres ministras y un ministro (éste último todo un experto en puertas giratorias) que no han dejado de defender a los presuntos responsables de la utilización de un material peligroso, como lo eran las minas para desactivar durante el ejercicio que estallaron de repente, y que estaban caducadas de acuerdo con el manual de los propios explosivos y que está incluido en el sumario.

La vía contencioso-administrativa para reclamar indemnizaciones se cerró en 2017; en los tribunales militares pudo reabrirse en 2018 gracias a la aportación de nuevos indicios por parte de los dos heridos graves, y tras haberse archivado en falso en 2013 sin responsables. Eso sí, el caso se ha ralentizado durante los dos últimos años por la maniobra fallida de la instructora, la de acusar a las víctimas de la explosión de las minas.

"Tengo una sensación de tristeza y, además, de temor, porque el mes de febrero parece fatídico para todos nosotros: además del accidente, todas las malas noticias nos han llegado en este mes", comenta a Público José Manuel Candón, el teniente que quedó malherido en aquella explosión y que más ha impulsado las investigaciones judiciales, tanto a través de la Justicia militar como de la Contencioso-administrativo.

"Justo ahora se cumple un año de una falsa imputación que intentaron contra mí, por ejemplo", añade; en aquel momento Candón pasó de ser víctima a imputado, aunque meses después dicha acusación se diluyó. 

La comandante juez auditora Patricia Moncada Lázaro, del Juzgado Togado Militar Territorial (JUTOTER) número 11, trató de acusar a los fallecidos de "mala praxis" y a Candón le responsabilizaba in vigilando. La primera vez que esto sucedió lo hizo, además, justo el día del décimo aniversario de aquella fatídica explosión, el 24 de febrero del año pasado. Tras pedir su recusación los afectados, Moncada quedó apartada del caso.

"No sólo es que pienses todo el año en ello [Candón quedó gravemente desfigurado y perdió un ojo y gran parte de la visión del otro], pero este mes es duro porque vas subiendo recuerdos en las redes sociales, te llama la gente, etc. El tiempo pasa pero nada se olvida", evoca Candón.

"Estoy agotado anímicamente: el deporte y la familia son mis dos vías de escape para estas situaciones. Desde luego, apoyo institucional no tengo ninguno". Para muestras, un botón: Candón es, junto a su guía Jonathan Macías, bicampeón de triatlón XTerra, la modalidad más dura de este deporte: 1500 metros a nado, 32 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Este teniente en retiro nunca ha recibido reconocimiento ni mención alguna por sus éxitos deportivos desde Defensa.

El abogado de una parte de las víctimas, Jesús Blanco, afirma a Público que
"una Justicia tardía, que aún no ha llegado, deja mucho que desear", en la misma línea de opinión de sus representados. "Creo que el Ministerio de Defensa tenía que haber actuado de otra manera, esclareciendo muchas cosas y evitando que fuese la jurisdicción militar, que debería ser la última opción, la que tuviera que andar escarbando en algo que era evidente: que el material y las condiciones en las que se llevó a cabo esa práctica terminaron en este suceso dramático, y está más que probado que el material (las minas que estallaron) estaba obsoleto y no era apto para aquella práctica", explica. "Partiendo de ahí", añade el abogado, "todo esto me parece una barbaridad".

Costas del juicio contencioso

Este triste aniversario llega, además, con un elemento más de dolor para algunas de las víctimas: la reclamación de dinero por el juicio de costas de aquel proceso. A Candón no le cabe la menor duda al responsabilizar al Estado: "Es una falta de humanidad absoluta, porque condenar en costas lo hace un tribunal, pero reclamarlas lo hace la parte contraria, en este caso el abogado del Estado, que es quien representa al Ministerio de Defensa". Y apunta que aún "está esperando" para reunirse con la ministra Margarita Robles, un encuentro prometido dos años atrás, asegura.

Hace apenas una semana trascendía que Virginia Pavón, viuda y madre de la hija del cabo 1º de Infantería de Marina Javier Muñoz Gomez, tenía que pagar nada menos que 5.000 euros por la condena en costas del juicio contencioso de hace cinco años. No es la única, comenta Candón.

"Sigo sin explicarme por qué, de los ocho afectados en el siniestro, sólo tres hemos sido condenados en costas en la Audiencia Nacional", confiesa a Público, y añade: "Yo no quiero que condenen a los demás, pero sí me gustaría que me explicasen la razón de condenar en costas a unos y a otros no por el mismo caso, a mí me parece algo arbitrario, en mi opinión".

Pese a todo, su abogado tiene un máximo respeto por la Justicia militar; frente a quienes la cuestionan, Jesús Blanco apunta que es una "Justicia con mayúsculas, muy rigurosa en su conjunto, y cuenta con unos grandes profesionales en todos sus ámbitos: desde las instrucciones hasta el Tribunal Supremo". "La Sala Quinta del Alto Tribunal suele dictar unas sentencias encomiables, con un rigor y una depuración científica impresionante", añade en conversación con este diario.

No obstante, Blanco añade que "obviamente, no todo es perfecto y la Justicia funciona como una balanza, que puede inclinarse hacia donde no debe; pero eso forma parte de la dinámica propia de la Justicia en general". "Detrás hay personas que pueden cometer errores y, además, tienen una forma de ver y valorar los elementos de los que conocen, como cualquier ser humano", concluye el letrado.

Los militares afectados por la fatídica explosión que integraban la unidad de adiestramiento pertenecían a la Brigada Acorazada XII del Ejército de Tierra con base en El Goloso (Madrid) y a la Brigada de Infantería de Marina, y se entrenaban para viajar al Líbano.

En las instalaciones de Hoyo del Manzanares se encuentra el Centro Internacional de Desminado, que fue creado en 2002 por el entonces ministro de Defensa con el Gobierno del PP, Federico Trillo. Aquel 24 de febrero de 2011 un siniestro que nunca tuvo que haber sucedido marcó la vida de tres militares heridos, y la de las familias y amigos de los cinco soldados muertos.

"Si no tuviera esperanzas de saber la verdad judicial, no estaría todavía luchando", asegura el teniente en retiro -y laureado deportista- José Manuel Candón, que concluye: "El recorrido jurídico será lo que me permitan mis fuerzas y mi bolsillo; por mi parte, yo sé que voy a llegar hasta el final".