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Justicia universal Juristas globales forman un tribunal ético contra la violación de derechos humanos, 'lawfare' y acoso a 'whistleblowers'

Tanto individuos como colectivos podrán presentar sus solicitudes a este proyecto creado por Baltasar Garzón. 

Baltasar Garzón, en una entrevista con agencias internacionales de prensa en Madrid. — Pierre-Philippe Marcou / AFP

María Iglesias

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón junto a Renata Ávila, abogada de Julian Assange; Eduardo Barcesat, constitucionalista argentino y consejero sobre derechos humanos de la UNESCO; Agnes Callamard, Relatora Especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Sumarias; y los abogados del expresidente de Brasil Lula da Silva, Valeska Teixeira y Cristiano Martins han presentado este domingo en Madrid el Tribunal de Acción Común (CAT). La iniciativa es fruto del Common Action Forum (CAF), un vivero de proyectos progresistas radicado en Madrid, que cumple cinco años con el objetivo de vivificar la democracia combatir los desafíos totalitaristas.

“Cada año”, explica el cofundador y director ejecutivo de CAF, Rafael Heiber, “a partir del tema de nuestra asamblea de cuarenta expertos abriremos un campo de trabajo al TAC”. Como esta quinta edición -tras años previos sobre El progreso en la crisis, El miedo global o Límites de la desigualdad- ha versado sobre La Era de la Seguridad, con la participaron de la historiadora Jo Guldi o el tecnólogo de Microsoft China, Qing Wei, el recién presentado TAC dedicará 2020 a casos de lawfare, guerras jurídicas contra opositores políticos y whistleblowers, alertadores de abusos del poder y desveladores de secretos.

“Aunque nuestro ámbito de trabajo son todos los derechos humanos”, matizó Eduardo Barcesat, “y como tener derechos en una nube jurídica que no permée la realidad es lo más perverso, nuestro horizonte incluye desde el ecocidio hasta el genocidio por hambre”. La misión de fiscalización, según CAF, dedicará en efecto “atención especial a tres polos de poder que operan con impunidad a escala global: la industrial-militar, los acuerdos internacionales de libre comercio que benefician a grandes corporaciones, y el sistema de banca offshore”.

La relatora sobre ejecuciones sumarias de la ONU, Agnes Callamard, ilustró la necesidad de este tribunal ético frente a los déficits de la justicia “desde mi experiencia de estos ocho meses trabajando sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi (en la embajada de Arabia saudí en Estambul, en 2018) pues constato que el proceso judicial en Arabia tiene enormes debilidades, como no identificar, ni por tanto investigar al cerebro del crimen; pero también advierto impunidad en crímenes de grupos como Daesh sobre las mujeres yazidíes”.

Disfunciones en los casos Lula, Khashoggy, Assange

La presentación del TAC contó con la asistencia de la abogada nigeriana Ayo Obe y su homólogo francés William Bourdon y, en ella, Valeska Teixeira junto a Cristiano Martins, ambos letrados del ex presidente de Brasil Lula da Silva, analizó el lawfare a partir la condena a 20 años del ex mandatario brasileño. Lula de Silva, que acaba de ser excarcelado de la prisión de Curitiba, sigue pendiente del recurso sobre su inocencia tras la acusación de corrupción que le ha tenido año y medio en prisión. “El lawfare es el uso estratégico de la ley para anular a un adversario político”. Una táctica que, alertó Teixeira, que “pervierte las raíces de la democracia” y “puede atentar en cualquiera momento contra cualquiera”.

El tribunal se compone de tres entidades: la Presidencia, la Secretaría General y un Cuerpo de Jueces

“Lo que el caso de Lula ilustra”, manifestó el exjuez Garzón, “es cierta sumisión del poder judicial al ejecutivo, con faltas de independencia, imparcialidad y competencia”. “Afrontamos días”, declaró Eduardo Barcesat, “en que recuperar el Estado de derecho es una consigna revolucionaria”, ya que “aquellos que debieran ser los custodios del sistema de derecho son paradógicamente quienes alimentan las mayores violaciones de derechos humanos”.

Esa situación “obliga”, a criterio de Barcesat, “a crear mecanismo de denuncia para recuperar la dignidad de las practicas jurisdiccionales”. Y este grupo de juristas se ha decantado “por crear este tribunal ético y no un mero observatorio”, argumentó Garzón, “porque un tribunal puede confrontar visiones, convocar al acusado, a expertos y no dictará sentencias, ni por supuesto prisión, pero ofrecerá dictámenes sobre injusticias desatendidas”.

“Los casos de Lula, Assange, Khashoggy”, explicó Renata Ávila, “no integran una lista exhaustiva, pero sí son ilustrativos de qué cuestiones abordará el TAC”. Un tribunal cuyos referentes son el Tribunal Ético de la Plaza de Mayo contra las violaciones de la dictadura argentina, en que Eduardo Barcesat fue fiscal, los referidos por Garzón: “El tribunal ético contra Monsanto, el de las violaciones del Estado guatemalteco, Tokio, Ruanda, la ex Yugoslavia...” y, añadió Ávila, “actuales tribunales éticos feministas que buscan la tipificación de la violación como delito de guerra, o los tribunales contra el frácking...”.

“Nosotros no somos un think tank al uso”, había declarado el sábado en la asamblea CAF el co-fundador y presidente del Common Action Forum, Wadah Khanfar. “Nos llamamos Foro de Acción Común porque impulsamos acciones concretas para generar cambios. Y en este marco nace el Tribunal de Acción Común”, dijo hoy en la presentación del tribunal “cuya independencia”, defendió, “viene avalada por la trayectoria de sus miembros, todos ellos profesionales de acreditada solvencia, imparcialidad y respeto a la legalidad internacional”.

Sistema de recepción de denuncias del TAC

El tribunal se compone de tres entidades: la Presidencia (con un presidente y dos vicepresidentes), la Secretaría General y un Cuerpo de Jueces de carácter permanente. Este estará conformado por doce juristas que trabajarán manera pro-bono –sin remuneración-, a los que se les asignarán casos de acuerdo a sus áreas de experiencia. Se trabajará con grupos/jurados de de siete miembros: cuatro juristas (dos pertenecientes al Cuerpo de Jueces), y tres expertos en el tema del caso. Las resoluciones serán por mayoría, en caso de empate, el voto del Presidente será el determinante. Todas las resoluciones serán definitivas y se prevé establecer responsabilidad individual para ciertos crímenes y usar la denominación “crímenes de estado” cuando el responsable sea un agente estatal y la de “crímenes corporativos” para los cometidos por entidades o compañías.

Tanto individuos como colectivos podrán presentar su solicitud, en inglés o español, justificando el beneficio social de una resolución en torno a la cuestión. Mientras se prepara el mecanismo seguro para remitir casos de forma electrónica, se enviarán a la dirección: Calle Claudio Coello 5, 28001, Madrid, España. Y obtendrán el resultado de la deliberaciópn a los 90 de su recepción.

Baltasar Garzón quiso despejar cualquier duda sobre la imparcialidad que pueda generar el que él y Renata Ávila dirijan la defensa de un alertador como Julian Assange y Valeska Teixeira y Cristiano Martins la de Lula da Silva. El Common Action Forum destacó que “para garantizar la transparencia de las decisiones y procesos, todas las resoluciones del TAC serán remitidas a las partes, a la Secretaría General de ONU, a entidades gubernamentales, de la sociedad civil, y medios de comunicacióny se publicarán de la web del Tribunal”.

Baltasar Garzón quiso alentar sobre las opciones de mejora del sistema jurídico global destacando, frente a los déficits y retos, logros recientes como la Comisión de control de ficheros de Interpol “porque”, dijo “es clave que en la organización de policías más importantes del mundo haya un comité de expertos para valorar si hay incidencia de contenido politico en la emisión de órdenes internacionales de detención por parte de ciertos países”.

Por su parte, la secretaria del tribunal, Renata Ávila, concluyó que “el TAC alcanzará su objetivo si logra ser un sistema complementrio al sistema de justicia ordinaria, que contribuya a que procesos judiciales en curso resarzan a las víctimas y también a fortalecer el sistema internacional de derechos humanos”.