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Ley de cambio climático Las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán tener zonas de bajas emisiones a partir de 2023

Las fuerzas políticas acuerdan una enmienda de PSOE y Unidas Podemos a la futura ley de cambio climático que da un plazo de dos años a cerca de 150 ayuntamientos de España para aprobar sus propios planes de movilidad sostenible y luchar contra la contaminación. Los partidos, además, han aprobado otra enmienda a la futura ley que prohíbe la apertura de minas de uranio en España.

Una circula sobre el logotipo de Madrid Central, la zona de bajas emisiones diseñada por el anterior Gobierno de Manuela Carmena.
Una circula sobre el logotipo de Madrid Central, la zona de bajas emisiones diseñada por el anterior Gobierno de Manuela Carmena. EFE

Las negociaciones de la ley de cambio climático están cogiendo velocidad de crucero y las diferentes fuerzas políticas empiezan a consensuar algunos de los puntos clave de una norma que pretende ser histórica. Este martes se han aprobado algunas enmiendas importantes relacionadas con la minería, la explotación de hidrocarburos y la movilidad sostenible. Concretamente, han salido adelante varias enmiendas de PSOE y Unidas Podemos sobre los artículos 11, 12, 13 y 14, entre las que destaca la regulación de las zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Según el texto, todos los grandes municipios deberán implementar sus propios planes contra la contaminación urbana "no más tarde de 2023".

Se trata de una medida que ya estaba contemplada de manera superficial en el borrador de ley y que ahora parece concretarse con la enmienda. La obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes implementen su propio Madrid Central afectará a un total de 148 ciudades: desde Madrid, la más poblada, hasta Granadilla de Abona, con 50.146 habitantes. Es una decisión de gran calado que afectará a más de 24 millones de habitantes que respiran aire contaminado, es decir, al 52% de la población española.

De esta forma, se da un plazo de dos años para que los ayuntamientos diseñen sus planes de movilidad en los cuales, según la enmienda aprobada este martes, no sólo se deberán implementar áreas libres de vehículos contaminantes, sino que se obligará a que las ciudades creen "corredores verdes" que conecten el centro con las zonas periurbanas, de tal forma que se favorezca el transporte a pie. Además, para mejorar el transporte público, ley contempla que se incluyan medidas que permitan el uso "multimodal" de los diferentes servicios de los que disponga la ciudad. 

Las enmiendas, a las que ha tenido acceso Público, establecen también la obligación de que estas ciudades desarrollen planes específicos para reducir la contaminación en áreas sensibles como los espacios colindantes a centros escolares y sanitarios. Según lo acordado este martes en el Congreso, de salir adelante, la nueva ley también atajará el auge de los servicios de reparto de mercancías y obligará que todas las áreas metropolitanas establezcan medidas para conseguir que el transporte comercial avance hacia la electrificación.

Todas estas medidas –introducidas por los partidos del Gobierno en una enmienda al artículo 12 de la futura ley– han salido adelante con el apoyo de Unidas Podemos, PSOE, Teruel Existe, Bildu, PNV y Cs; el rechazo de PP y ERC; y la abstención de Vox y Más País. Este último sostiene que situar 2023 como fecha de referencia es poco ambicioso y reclama que se adelante a 2022 la llegada de la movilidad limpia a las ciudades.

Además, se han introducido otros cambios importantes en el artículo 11 del borrador de la ley. Así, el nuevo texto excluye al transporte aéreo de los "objetivos de energías renovables y combustibles alternativos". De esta forma, se indica que serán el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quienes, de manera conjunta, fijarán un horizonte para la penetración de nuevos combustibles limpios en el sector de la aviación.

España se blinda y prohíbe la minería de uranio

España dirá adiós a los proyectos extractivos de uranio y materiales radiactivos. Así lo refleja otra de las enmiendas de la Ley de Cambio Climático aprobada este martes, la cual ha sido impulsada por Unidas Podemos y PSOE y  ha contado con el apoyo de ERC, EH Bildu, Teruel Existe y PP. La medida ha contado con las abstenciones de PNV y Cs; y con el rechazo de Vox y Más País-Equo.

Si bien, la ley todavía se encuentra en la fase de negociaciones, la aprobación de esta enmienda al artículo 8 blindará a España de proyectos polémicos como el de la multinacional Berkeley, que pretende abrir en el entorno del municipio salmantino de Retortillo la única mina de uranio a cielo abierto de todo el continente europeo. La enmienda, a la que ha tenido acceso Público, deja claro que a partir de la entrada en vigor de la ley "no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación". Tampoco se podrán aprobar prórrogas sobre concesiones para la extracción de minerales radiactivos.

En este punto, el voto en contra de Vox era algo esperable dada sus posturas en materia de protección ambiental, sin embargo, fuentes de la Comisión para la Transición Ecológica se muestran sorprendidos por la postura de Más País-Equo. Desde el grupo parlamentario de Íñigo Errejón explican a Público que están de acuerdo con el apartado de la enmienda que restringe la minería de uranio en España, pero señalan a la otra pata de la reforma planteada por Unidas Podemos y PSOE: la explotación de hidrocarburos.

En esa enmienda al artículo 8, los partidos del Gobierno también han introducido cambios destinados a restringir la explotación de proyectos relacionados con los hidrocarburos. Unos cambios que desde Más País-Equo consideran insuficientes ya que no "no permitirán detener la exploración de gas" en proyectos como el del Pozo de Armentia en Araba, el cual ha sido rechazado por el propio Consistorio vasco. Desde Unidas Podemos consideran que en el caso de que se conceda una licencia de explotación, la nueva ley impide la explotación de yacimientos, lo cual es suficiente para estrechar el cerco a esta actividad extractiva.

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