El Pleno del Consejo Fiscal ha aprobado este miércoles por unanimidad el informe del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aunque pide algunos ajustes, después de tres días de reunión en el Pazo de Mariñán, en la localidad de Bergondo (A Coruña).

Así lo ha anunciado a los medios la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien ha manifestado que este miércoles supone un "día muy importante" para la carrera fiscal. "Esta reforma cambia completamente el modelo procesal que teníamos desde 1882, que no era malo, pero había que actualizar", ha explicado Delgado.

El trabajo de este informe empezó en el mes de noviembre con un informe de la Secretaría Técnica. Los miembros de las Fiscalías Territoriales leyeron el informe e hicieron aportaciones, hasta que finalmente se llegó a un documento de 709 páginas. "Valoramos muy positivamente el cambio de modelo procesal, en el que se da la instrucción y la investigación al Ministerio Fiscal, con la desaparición del juez de instrucción", ha explicado la fiscal.

Ajustes y ampliación de plantilla

Delgado ha destacado algunos ajustes necesarios y ha pedido "redefinir la figura del juez de garantías, para que sea garante de los derechos y de las libertades, pero no tutor de la investigación". Otra puntualización es que, creen "que deben reducirse alguno de los trámites que establece este anteproyecto, para agilizar la tramitación de las investigaciones, siendo más eficaces y eficientes, sin perder la garantía de las partes", ha añadido.

"Necesitamos un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para adaptar la figura del fiscal a este nuevo procedimiento procesal, porque será el que lidere la investigación, y debe hacerlo con plenas garantías de autonomía y con los suficientes medios personales y materiales", ha explicado Dolores Delgado.

A preguntas de los medios sobre la necesidad de más personal, Delgado ha manifestado que los fiscales necesitaban "más autonomía, con un presupuesto más alto y una ampliación de plantilla". Además, ha explicado que España tiene "el ratio más bajo de fiscales por 100.000 habitantes", con cinco, frente a los once de Europa, y que además tienen más competencias unidas a las que tendrán con la nueva LECrim. "Para que el fiscal asuma la investigación de forma más ágil y moderna, necesitamos una ampliación de plantilla, si no, es imposible desarrollar esta función", ha reclamado la fiscal general del Estado.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

En noviembre de 2020 se conocieron algunas de las novedades de esa nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, como por ejemplo que dividirá el procedimiento penal en tres grandes etapas, la investigación, el juicio de acusación y el juicio oral.

La primera fase, la de la investigación se desenvolverá bajo la dirección del Ministerio Fiscal y contará con la figura del juez de Garantías, que será el garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las partes y actuará en general "como tercero imparcial llamado a controlar la legalidad de las actuaciones".

Según ese borrador, con la fase intermedia, que corresponde al juicio de acusación, las actuaciones ya adquieren una impronta plenamente jurisdiccional, y el juez de la Audiencia Preliminar será quien resuelva "sobre la suficiencia de la acusación y la depuración de la prueba ilícita". 

En la tercera fase, la del juicio oral ante el plenario se practicarán "las verdaderas pruebas aptas para enervar la presunción de inocencia ante un tribunal imparcial que no ha participado en las anteriores fases".

Durante la primera fase, el anteproyecto incluye varias novedades respecto a la figura de la denuncia. La primera es que si bien hasta ahora había exención del deber de denunciar en caso de vínculo familiar o afectivo, ahora esa excepción no sirve para supuestos delitos cometidos contra bienes personales de menores de edad, porque prima el deber de protección y garantía de la integridad e indemnidad del menor.

Una segunda novedad es que a las clásicas fórmulas de presentación verbal o escrita, se añade la posibilidad de denunciar de forma telemática. Para ello se puede usar la firma o el certificado digital pero también los canales oficiales establecidos al efecto por la autoridad o cualquier otro medio oficial que garantice la comprobación de la identidad del denunciante.