Imran había salido de su país con la intención de trabajar en España. Le encantaba cocinar, especialmente para otros, pero estaba dispuesto a dedicarse a cualquier otra cosa.

La primera vez que pisó suelo español no le dejaron salir del Aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Había esperado pacientemente la fila para pasar el control fronterizo del aeropuerto, igual que el resto de pasajeros. Pero, cuando le tocó su turno, el Policía miró con suspicacia el pasaporte que Imran le estaba enseñando.

El chico de la foto del pasaporte era Imran, de eso no había duda. Según los datos consignados, Imran había nacido hacía más de 18 en Bangladesh. Y es allí donde fue mandado de vuelta cuando el agente detectó que el pasaporte era falso.

El joven admite que el Policía estaba en lo cierto. “Yo en mi país no tenía pasaporte, pero antes de venir la mafia me dijo que les llevara cuatro fotos y que ellos hacían todo” dice Imran. El billete y el pasaporte falso no fueron baratos: “me pidieron 9.000 euros”.

Imran, ese adolescente que estaba siendo expulsado a su país de origen, asegura que la validez del pasaporte no era la única mentira. En realidad, dice el bangladeshí, todavía no había cumplido los 18. No se lo dijo a la Policía, no se lo dijo a nadie.

La renta per cápita anual en Bangladesh es de poco más de 1.000 euros, según el Banco Mundial, mientras que el salario mínimo solo es de 775 euros. Con esas perspectivas de futuro, Imran y su madre decidieron invertir las ganancias de una década de trabajo en un viaje ilegal a Europa. “Cuando murió mi padre, un amigo suyo fue a hablar con mi madre –explica– y le dijo que me mandara aquí para así ganar dinero para poder casarme, para que mis hermanos estudiaran y para que viviéramos mejor”. Esa persona le pintó a Imran la imagen de una Europa mítica, donde cualquiera puede ganar dinero en poco tiempo y sacar a la familia de la pobreza.

Embaucada, la madre de Imran vendió sus tierras para pagar al traficante de personas. Tras el primer viaje fallido, le dieron una segunda oportunidad y le ofrecieron intentar de nuevo el viaje sumando 2.000 euros a lo pagado anteriormente. En total, 11.000 euros.

El segundo intento fue más tortuoso que el primero y se prolongó durante dos meses. Primero viajó en la bodega de un barco hasta llegar a Italia y, desde allí, en un camión hasta Madrid. “Se me pone la piel de gallina cuando recuerdo el barco, fue muy duro”, dice. Imran recuerda que les daban comida seca y muy poca agua para que fueran al baño lo menos posible. Si se quejaban, les pegaban. Si hablaban, les pegaban.

Cuando llegaron a Madrid, quienes le habían traído le dijeron que se bajara y ya no les volvió a ver más. Las primeras noches las pasó en la calle, en pleno diciembre. Al segundo día, deambulando por la ciudad, encontró a un hombre que hablaba su mismo idioma y saltó de emoción. Le pidió ayuda y trabajo, pero el hombre le explicó que para poder trabajar y mandar dinero a su familia tenía que conseguir ciertos papeles que no tenía.

Siguiendo las indicaciones del compatriota, Imran se dirigió a la embajada de Bangladesh y pidió un pasaporte. Esta vez Imran podía mirar el librito y no solo contemplar su rostro en la foto sino también reconocer su fecha de nacimiento real. Al fin, un papel oficial admitía sus 17 años, su minoría de edad.

El derecho a la infancia está reconocido internacionalmente. Gracias a él, los niños y las niñas gozan de protección, incluso cuando están sin sus familias. Aunque los mecanismos no siempre funcionan con la perfección con la que fueron diseñados, cuando un menor llega solo a un país como España, este pasa a ser tutelado por la administración correspondiente. Esa persona no es expulsable y su condición de extranjero queda subordinada a la de menor de edad. Un registro en España contabiliza a todos los que llegan de esa manera y se les denomina bajo el acrónimo MENA (Menores Extranjeros No Acompañados). Los últimos datos disponibles indican que España tuvo en 2015 3.341 MENA tutelados, la mayoría de ellos varones de origen marroquí.

Con el pasaporte extranjero en la mano y su minoría de edad acreditada, Imran fue conducido a un centro de menores, en el que tendría que vivir hasta que fuera mayor de edad. Hasta entonces, aunque su familia necesitara el dinero, Imran no podría trabajar. “Estaba muy preocupado y siempre pensaba en mi familia”, recuerda sobre aquellos días. "Soy el mayor y mi padre ya no estaba, así que tenía mucha responsabilidad”, explica Imran en el salón de la casa en la que ahora vive.

Un día, cuando se aproximaba la fecha de su 18 cumpleaños, la Policía se presentó en el centro de menores de forma inesperada. Preguntaron por Imran. Él salió a recibirles y los agentes se lo llevaron. Tenían la orden de llevarle a un hospital para que le hicieran una radiografía de la muñeca. No le dijeron a Imran por qué, pero lo descubriría unas semanas después.

A partir del dictamen de un forense, tras haber examinado la radiografía, la fiscalía de menores dictaminó que Imran era mayor de la edad que indicaba su pasaporte expedido por el Gobierno de Bangladesh. Imran acababa cumplir los 18 y había tenido que mudarse del centro donde era tutelado por la Comunidad de Madrid a un piso de emancipación de jóvenes extutelados proporcionado por la Asociación Murialdo, en Getafe. “A los pocos días de cambiarme al piso llegó la Policía buscándome. Me pidieron todos los papeles y me llevaron a la comisaría”, dice Imran, con la mirada fijada en el suelo. “Me dijeron que la edad que salía en el pasaporte y el resultado de la prueba de la radiografía que me hicieron no coincidía. Así que dijeron que el pasaporte era falso y me quitaron todos los papeles”.

Imran no domina del todo el castellano pero eso no le impide hablar mucho y comunicarse siempre sonriendo. Su ánimo no se viene abajo a pesar de lo que relata.  “Cuando volví a casa, lloré mucho. Yo veo que hay mucha gente que roba o pega a otros, pero yo no había hecho nada malo. No entiendo por qué me quitaron los papeles”.

La inexactitud de las radiografías de la muñeca como método para determinar la edad está denunciada por instituciones y organizaciones, como el Defensor del Pueblo o Save the Children, ya que son pruebas que atienden a unos baremos que no tienen en cuenta las diferencias fisiológicas de cada persona. Cuando la edad determinada por la prueba y la del pasaporte no coinciden, los jueces suelen priorizar la prueba forense y por ello secretan falsedad documental.

Las organizaciones defensoras de la infancia denuncian que las Administraciones intentan fomentar la exclusión de los MENA, atendiendo a su condición de extranjero y olvidándose de la evidente vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia. Las pruebas de la muñeca son una de las argucias utilizadas, pero también lo son los menores encerrados en los CIE y las redadas racistas.

En el piso impersonal en el que Imran pasa sus primeros meses como adulto, la vida está en pausa. Como la policía le confiscó la documentación, Imran no puede buscar trabajo y está a la espera de un juicio por falsedad documental. Aunque no puede trabajar legalmente, el joven bangladeshí se busca la vida siempre que puede.

“Algunas veces cuando hablo con mi madre y me dice que no ha comido nada en todo el día, vendo latas de cerveza por la noche para luego mandarle algo de dinero”, dice Imran y ahora sí que se le quiebra el gesto. “Yo vine a España para trabajar y ayudar a mi familia. He dejado todo atrás y cuando ya estoy aquí todavía no puedo trabajar”.

Aunque lo ha contado en esta entrevista, protegiendo su identidad con un nombre ficticio a petición del personaje, Imran sabe que si hay algo que no mandará de vuelta a su país es su historia. Guardará silencio y su familia no sabrá por lo que ha tenido que pasar.

(*) Periodista de la Fundación porCausa