BARCELONA.- La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres víctimas de una red dedicada a la trata, que se da por desarticulada tras la detención de cuatro de sus miembros en Barcelona, acusados de captarlas en Nigeria y obligarlas a prostituirse atemorizándolas con rituales de vudú.

Según ha informado la Policía Nacional, en la operación, con ramificaciones en Barcelona y Sevilla, se ha detenido a una mujer que ejercía como "mami", con un control absoluto de las víctimas, así como a otros tres miembros del grupo, que supuestamente forzaba a las chicas a prostituirse en jornadas interminables en la calle para saldar las deudas contraídas por haberlas trasladado a España.

La red, que operaba en España al menos desde 2004, captaba a las víctimas en Nigeria y desde allí las trasladaba ilegalmente a España por vía aérea, previa escala en otros países europeos o en Marruecos, utilizando documentación falsa.

Para controlar a las víctimas, la red las sometía en su país de origen a rituales de vudú, en los que se sacrifican animales, y se sellaba un pacto entre la organización, que se comprometía a preparar el viaje y financiar los gastos, y las chicas, que prometían obediencia bajo la amenaza de su muerte o de la de sus familiares, así como a pagar la deuda contraída y no denunciar ante la Policía.

Según la Policía, dos de las detenciones se han practicado en Sabadell, una en Montcada y Reixac y otra en Martorell, poblaciones situadas en el área de Barcelona. Una vez que las chicas llegaban a España, eran informadas de la deuda contraída con la organización y forzadas a ejercer la prostitución para saldarla por completo, según la Policía.

La líder del grupo, que ejercía como "mami", compartía domicilio con las víctimas y les marcaba las tarifas que debían cobrar por cada servicio sexual. Además, recaudada diariamente todo el dinero obtenido por cada una de ellas, hasta el punto de que las amenazaba o las agredía físicamente si algún día no aportaban ninguna cantidad.

Cuando llegaban a España no tenían documentación y desconocían el idioma, la cultura y la legislación, y desconfiaban de la Policía.

La organización se aprovechaba de la situación de absoluta dependencia de las chicas, que cuando llegaban a España no tenían documentación y desconocían el idioma, la cultura y la legislación, y desconfiaban de la Policía.

Además, las víctimas también actuaban sometidas por el miedo a represalias por parte de los explotadores, así como por el riesgo de tener que regresar a su país si eran expulsadas de España por no disponer de papeles.

La red, que mantenía conexiones en todos los países por los que transitaban las víctimas desde que eran captadas en Nigeria hasta su destino final en España, se da por desarticulada tras esta operación, que es fruto de informaciones procedentes de dos investigaciones distintas realizadas por la Policía Nacional en Barcelona y en Sevilla.

En Barcelona, agentes especializados en la lucha contra la trata localizaron a una de las víctimas y le ofrecieron las medidas de protección previstas a la legislación, ante lo que la chica explicó que había sido captada en 2004 en Nigeria y que, al llegar a Barcelona, una compatriota se había encargado de su explotación sexual.

Paralelamente, otra joven se acogió también a las medidas de protección ante la Policía Nacional en Sevilla, donde denunció que la misma mujer la forzó a prostituirse en Barcelona. Las declaraciones de ambas víctimas permitieron a los agentes unificar las investigaciones y descubrir la existencia de una organización dedicada a la trata, afincada en Barcelona.

Los agentes localizaron posteriormente a otras tres jóvenes que estaban siendo explotadas por la red y que residían en un piso de Barcelona con la "mami", por lo que fueron liberadas y también testificaron en contra de la organización.

El sistema utilizado por esta red ahora desarticulada es idéntico al de otra organización nigeriana cuyos ocho miembros fueron condenados en febrero por la Audiencia de Barcelona a penas de entre 5 y 20 años de cárcel por forzar a chicas de su país a prostituirse en Barcelona con amenazas físicas y también atemorizándolas con rituales de "vudú", para que saldaran una deuda de entre 30.000 y 50.000 euros por haberlas trasladado ilegalmente a España.