Los madrileños esperan el doble que antes de la pandemia para conseguir una cita con un logopeda en la sanidad pública. Así lo denuncian el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid (CPLCM) y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. Ambas organizaciones han reclamado en un escrito dirigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una mayor inversión que garantice este servicio sanitario de manera universal. Aseguran que la falta de especialistas obliga a las familias a pagárselo por su cuenta, lo que supone una discriminación para quienes, debido a sus bajos ingresos, no pueden permitírselo.

A pesar de haberse disparado las listas de espera y rozar los tres años de demora, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) sólo ha contratado a seis nuevos logopedas en cuatro años. ​Estos profesionales asisten a pacientes de múltiples patologías, algunas extremadamente graves y complejas porque dificultan la alimentación, y pueden derivar en otras de mayor índole.

Asimismo, son los sanitarios encargados de garantizar una comunicación efectiva y una deglución eficaz y segura, dos funciones clave para el mantenimiento de la calidad de vida de las personas. En este sentido, asisten la disfagia derivada de enfermedades como el párkinson, covid persistente, ictus, cardiopatías congénitas y algunos tipos de cáncer.

La Consejería de Sanidad, según cifras oficiales, tiene contratados 53 logopedas en hospitales para atender a una población de más de 6.600.000 habitantes. La escasez es tal que casi la mitad de los hospitales públicos, como el de Móstoles, el Severo Ochoa, el Infanta Sofía o el del Sureste no disponen de estos facultativos. Lo que supone que esta actividad asistencial básica se esté externalizando o derivando, como ocurre, por ejemplo con las citas del dentista. Sin embargo, el elevado precio de las clínicas privadas tienen un coste inasumible para muchas familias. De media, la consulta suele valer unos 30 euros por sesión.

Por ello, tanto el CPLCM como CCOO reclaman la contratación de, al menos, un centenar de logoterapeutas más, hasta alcanzar una cobertura de un facultativo disponible por cada 43.000 habitantes, frente al actual ratio que se sitúa en uno por cada 125.000 habitantes en la Comunidad de Madrid.

"Hay gente que no es capaz ni de tragar su propia saliva y puede llegar a morirse", explica a este medio una logopeda que trabaja en un hospital público de la región. Esta profesional lamenta las deficiencias asistenciales que sufren en estos momentos todas las personas que pasan meses y meses de espera para ir a consulta: "Cuando quieren poner solución a sus problemas, a veces no la tienen y acaban con un daño irreversible que sólo puede ser curado por medio de una operación".

A su vez, resalta el enorme esfuerzo que ponen las familias, a veces soportando desplazamientos de hasta 80 kilómetros para poder ser atendidos. "Se podría acercar el logopeda a la población llevando el servicio a las residencias de ancianos, centros de día o en algunos centros de Atención Primaria", señala la especialista. Al fin y al cabo, continúa, "la mayoría de mis pacientes son personas con problemas de disfagia, muy extendidos entre los ancianos". No logra comprender cómo España, con una población tan envejecida, no ha abordado todavía esta situación.

Cerca de 1.200 pacientes en espera en La Paz

Ni siquiera el hospital La Paz, uno de los centros que dispone de mayor plantilla de logopedas, logra dar cobertura a la demanda. De hecho, hay cerca de 1.200 pacientes esperando, de los cuales 900 corresponden a población infantojuvenil. Este centro tiene contratados a ocho especialistas, pero el tiempo medio de espera para ser atendido se prolonga a 158 días en turno de mañana y 634 en turno de tarde. Mientras que en los peores casos, se llega a dilatar a 1.296 días.

La coyuntura era claramente distinta antes de diciembre de 2019, cuando, de acuerdo con lo señalado por el CPLCM y CCOO, la espera media era de 76 días por la mañana y 69 por la tarde, si bien el número de profesionales era mucho mayor, ya que pasaban consulta en centros de logopedia externos y este servicio no ha sido sustituido por personal público.

Otros casos de hospitales con estas carencias son el Gregorio Marañón, que sólo cuenta con tres logoterapeutas, o el hospital Niño Jesús, donde hay ocho y tienen cinco meses de demora para valoración del lenguaje y cuatro para trastornos de la deglución.

La otra cara de la moneda la representan centros como el Puerta de Hierro, que antes solía pasar apuros para cubrir el servicio, pero ahora, paradójicamente, no tiene lista de espera. Esta situación ilustra el exponente máximo de las políticas privatizadoras del Partido Popular, que poco a poco han conseguido instalar en el imaginario colectivo la asunción de que la logoterapia es un servicio por el que es necesario pagar aparte.