"El rey corre peligro, hay que protegerlo"; "El Todo por la Patria no se toca" o "La bandera gay, fuera de la ley" son frases lanzadas y agitadas en las redes sociales por un mismo grupo: Hazte Oír. El lobby ultraconservador que cobró fama por el autobús contra niñas y niños transexuales promueve de manera periódica distintas campañas que reúnen, según sus propios recuentos, miles de firmas. Hay eslóganes, ideas y dinero: tales acciones cuentan con el respaldo de donantes que desde 2013 han aportado ya más 17 millones de euros.

"El 100% de los recursos de HazteOir.org proviene exclusivamente de dos vías de financiación: las cuotas de los socios y las aportaciones de los donantes. No recibe ni un euro de administraciones públicas o grupos políticos. Esa es y ha sido su única fuente de ingresos desde su nacimiento", reivindica la asociación que dirige el abogado Ignacio Arsuaga.

Fue precisamente un gobierno popular el que elevó a Hazte Oír a la categoría de "asociación de utilidad pública". En 2013, el entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz firmó la resolución que dotaba al lobby ultraconservador de esos beneficios fiscales. En febrero de 2019, el ministro Fernando Grande-Marlaska revocó aquella declaración.

En la memoria de Hazte Oír correspondiente a 2019, Arsuaga define esa actuación del Gobierno del PSOE como la "culminación de un proceso de persecución ideológica de Pedro Sánchez y Grande-Marlaska". "El Gobierno nos retiró la Utilidad Pública, decisión que está recurrida ante los tribunales", relata el responsable de esta entidad en una carta.

Al final del documento aparecen las cuentas del año pasado. Allí figura que en 2019, el lobby recibió 582.956 euros en materia de donaciones, lo que supuso un 28% de sus ingresos. El grueso de la financiación (un 71,6%, concretamente) proviene de las cuotas de sus socios, que en 2019 supusieron 1.485.225 euros.

Quienes desean actuar como donantes de la asociación tienen a su disposición un formulario online en la propia página web, aunque también pueden hacerlo vía telefónica. Según un relevamiento realizado por Público en las memorias anuales de Hazte Oír, desde 2013 –primer año en el que este dato aparece reflejado de forma clara en sus documentos– este grupo ha recibido 5.760.685 euros en concepto de "donativos".

"Dependemos completamente de las donaciones, no recibimos dinero de gobiernos ni de empresas privadas. Nuestro pequeño equipo de trabajo se asegura de que cualquier pequeña aportación produzca un gran impacto", destaca esta organización.

La cifra de donativos sube notoriamente cuando se revisan las cuentas de CitizenGo, la plataforma internacional de presión que montó Hazte Oír en 2013 y a la cual pertenece a día de hoy. "CitizenGo tiene su sede en Madrid y el equipo está presente en 15 ciudades de cuatro continentes", destaca la plataforma en su página web, donde señala además que ofrece campañas en 12 idiomas e influye "en instituciones, organismos y organizaciones de 50 países diferentes".

En las cuentas de esta fundación correspondientes a 2019 se refleja que acaba de batir su propio récord en materia de donaciones, reivindicada además como su única vía de financiación. El año pasado, CitizenGo alcanzó los 2.420.299 euros por ese concepto.

"CitizenGo se financia en su totalidad mediante pequeños donativos realizados online por miles de ciudadanos de todo el mundo. Por su propia naturaleza, CitizenGo no acepta bajo ningún concepto subvenciones o aportaciones de instituciones públicas, nacionales o internacionales", destaca en su plataforma en internet.

Desde 2014, primer año del que figuran datos, esta organización internacional ha percibido 11.245.279 euros a modo de donaciones. Sumados al dinero recibido a través de esa misma vía por Hazte Oír desde 2013, la cifra alcanza los 17.005.964 euros.

Identificación de donantes

En las memorias de Hazte Oír y CitizenGo no se ofrece ningún tipo de información sobre los donantes, lo que impide determinar si se trata de personas particulares u otro tipo de entidades privadas. Público ha consultado al respecto a Hazte Oír, pero de momento no ha obtenido una respuesta.

A nivel legal, en España está establecido por ley que las fundaciones y asociaciones deben identificar a los donantes que realicen entregas de dinero superiores a cien euros, algo encaminado a prevenir el blanqueo de capitales.

En ese contexto, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establece además que "todas las fundaciones y asociaciones conservarán durante al menos diez años registros con la identificación de todas las personas" que realicen aportaciones a entidades sin fines de lucro.

"Las asociaciones tienen que identificar siempre a los donantes y, en teoría, hay que hacer un esfuerzo para averiguar el origen de los fondos", explica a este periódico Francisco Bonatti, presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC). En tal sentido, destaca que en el caso de los donativos –fundamentalmente en aquellos de cuantía importante- "se tiene que realizar un proceso mínimo de diligencia debida sobre el origen de los fondos".