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Isla de Tabarca Tabarca: ¿parque temático o patrimonio natural?

La orden ministerial que prohíbe el fondeo de embarcaciones y las motos de agua genera rechazo entre los dueños de embarcaciones privadas, que amagan con llegar a la Audiencia Nacional. La isla afronta su futuro con una estacionalización del turismo disparada.

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Isla de Tabarca. EFE/Archivo

La isla de Tabarca (conocida también como Nova Tabarca o Isla Plana) está considerada la isla habitada más pequeña del Mediterráneo. En su horizonte, se pueden vislumbrar las luces de las ciudades de Alicante y Santa Pola. Hoy la población censada no llega a las seis decenas de habitantes, un número que aún se reduce más durante el invierno.

Sin embargo, el archipiélago se convierte cada verano en un parque temático: miles de visitantes se embarcan cada día desde la península y pisan este paraje catalogado como Bien de Interés Cultural desde 1964. La congestión y la masificación son toda una evidencia. No es extraño que Tabarca sea el espacio con mayor densidad de quejas ante el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo autonómico) en referencia a 2017. Los motivos: el impacto medioambiental pero también otras demandas de los residentes como un servicio público regular de transporte que conecte con la península y la mejora de la atención sanitaria en la isla.

El último de los capítulos en relación con la protección paisajística del lugar amaga con llegar muy pronto a la Audiencia Nacional. Dueños de embarcaciones y motos acuáticas, además de entidades relacionadas con deportes náuticos, se han mostrado partidarios de recurrir por vía jurídica la orden del Ministerio de Pesca y Agricultura que prohíbe el fondeo de embarcaciones y la circulación de motos de agua en la reserva marina de la ínsula (sin afectar a tabarqueras y taxi-barcos). La medida, que entró en vigor el pasado 8 de febrero, busca la protección de la posidonia oceánica, afectada por el arrastre de las áncoras, y pretende evitar afectaciones sobre la flora y la fauna protegidas como consecuencia del ruido y los vertidos de las motos acuáticas.

Si bien la orden ministerial se ha recibido por parte de movimientos ecologistas como un paso adelante en la conservación de la reserva marina, la confusión en la interpretación del texto ha generado dudas sobre el alcance de la prohibición. El marco competencial del Ministerio sólo se circunscribe a las aguas exteriores, pero el texto hace referencia a toda la reserva marina. El Ayuntamiento de Alicante, de quien depende la isla administrativamente, aclaró públicamente que el ámbito de aplicación era exclusivamente la parte de aguas exteriores y que en aguas interiores, bajo competencia de la Generalitat Valenciana, nada cambiaba respecto a la regulación vigente. El Ministerio lo refrendó.

Consultada para este artículo, la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat no ha especificado si tienen planteado ampliar la prohibición en aguas interiores. En algunas publicaciones, se asegura que existe un proyecto en trámite para regular el fondeo en las aguas que competen a la Generalitat.

Unas profundidades de gran valor patrimonial

La de Tabarca, con una superficie de 1.400 hectáreas, se convirtió en 1986 en la primera reserva marina del Estado. Alfonso Ramos, director científico del Centro de Investigación Marina de Santa Pola, subraya su importancia, ya que sirvió de ejemplo al resto de áreas marinas protegidas que vendrían después, tanto en el Estado como en otras localizaciones del Mediterráneo. El objetivo de esta declaración era la protección de los hábitats y las especies, a la vez que se abogaba por una explotación racional de los recursos, una pesca selectiva y un turismo respetuoso con el medio ambiente.

Ramos cree que el turismo en sí no supone un problema porque está muy concentrado en el pueblo y la playa del archipiélago. Sin embargo, reconoce que la imagen que se da de un espacio protegido sin control de visitantes es muy negativo. "Cuando se hizo la reserva, se estudió la capacidad de carga de la isla y se contempló una carga de unas 3.000 personas al día en verano. Esto se ha duplicado; hubo una dejación de responsabilidades por parte de las autoridades competentes", sostiene.

El director apunta que en su día no se limitó la cantidad de barcas que llevan a los visitantes cada día, ni el número de embarcaciones privadas que van a fondear, ni hubo un control sobre la restauración en la isla para que no se disparara. De hecho, hace tan solo dos años, Capitanía Marítima lanzó una campaña de concienciación alertando de las consecuencias que sobre el medio ambiente tenía el incremento de la navegación de embarcaciones de pasajeros y de recreo en el entorno de la isla durante los meses de julio y agosto.

Sobre las motos acuáticas, Ramos recuerda que el ruido impacta directamente sobre el fondo marino y perturba a las especies, especialmente en la época de reproducción. Las motos, dice, no deberían superar velocidades de 3 nudos porque son también un peligro para la gente que se encuentra en la playa.

El fondo marino de la reserva está considerado una joya de la naturaleza. Ramos destaca el buen estado en el que se encuentran los hábitats litorales, el fondo rocoso de parte de la pradera de posidonia y las cuevas de las profundidades que albergan variedad de especies y que la convierten en un laboratorio de un gran valor patrimonial. Entre sus fondos se encuentran gorgonias, meros, dentones, cigarras o langostas. El director destaca que se ha creado un equilibrio entre la explotación y la reproducción de estas especies, además de proteger los hábitats.

Considera, asimismo, que la protección de la posidonia debería ser un símbolo, tal y como se ha planteado en Balears, donde esta legislatura se han puesto en marcha medidas únicas con el fin de preservar esta especie generadora de playas, de oxígeno al mar y de lucha contra el cambio climático.

El Plan Especial, el reto pendiente

"Cuando se habla de Tabarca, se habla por separado de la cuestión económica, ambiental, turística… El problema es que no se habla en conjunto de todo ello de manera integral". Son palabras de Cristina Rodríguez, portavoz de la comisión de Agricultura en Les Corts por Compromís. Su formación política ha llevado en diversas ocasiones a Les Corts y al Congreso la protección de la antigua isla "genovesa". Entre las demandas, se encuentra la de la instalación de boyas ecológicas para evitar el fondeo de barcos recreativos y mitigar los efectos medioambientales.

Los deberes están por hacer. Estancado desde hace años, la actualización de un Plan Especial para la isla demanda consenso entre todas las administraciones implicadas, los intereses de las cuales no siempre coinciden. A pesar de las diferentes tentativas por sacarlo adelante, en la actualidad todavía es un reto pendiente. Y no es solo una cuestión de regular la entrada de turistas. Otras cuestiones como el urbanismo o los servicios para los habitantes de la isla están en juego. Carlos Arribas, coordinador d’Ecologistes en Acció-Alacant, recalca que Tabarca no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales eficiente y recuerda algunas de las aberraciones urbanísticas cometidas los últimos años. El colectivo ecologista fue uno de los más contundentes en oponerse hace unos años al proyecto de construcción de un paseo marítimo promovido por el Ayuntamiento de Alicante sin someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Pero el caso más mediático de los últimos años lo protagonizó la construcción de varios bungalows en una zona de la isla donde se vulneraban directivas europeas y la ley estatal de Costas, ya que estaban edificados en áreas de protección y dominio público marítimo-terrestre, amenazando además la parte de las murallas de la isla. Hay que remontarse más de dos décadas atrás. La llegada de Luís Díaz Alperi (PP) a la alcaldía de Alicante fue el detonante. Alperi otorgó la autorización de la construcción al ex alcalde de Santa Pola y actual presidente del Club Náutico de la misma ciudad, Pascual Orts (PP), que provocó un alud de críticas y el consiguiente procedimiento judicial. Después de una larga batalla, en 2009 el Tribunal Supremo los declaró ilegales y durante esta legislatura se ha llevado a cabo su demolición.