¿Qué es y qué supone la declaración de zona catastrófica tras un incendio?

El Gobierno aprobará este martes 27 de julio, durante la reunión del Consejo de Ministros, la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para las áreas dañadas por los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila y Toledo.

El anuncio lo ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), donde ha estado acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante su intervención, Sánchez también ha advertido del rápido avance de los incendios este verano. Según ha explicado, en menos de 24 horas la superficie calcinada por los 32 grandes incendios registrados en 2026 ha pasado de 130.000 a 150.000 hectáreas, una cifra que multiplica por seis la del año pasado, que ya fue especialmente grave por la extensión de terreno afectado.

¿Qué es la declaración de zona catastrófica?

La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida popularmente como zona catastrófica, es una medida que puede aprobar el Consejo de Ministros cuando una catástrofe natural provoca daños de especial gravedad.

El artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que esta figura puede aplicarse cuando un siniestro causa importantes daños personales o materiales, altera gravemente las condiciones de vida de la población o provoca la paralización de uno o varios servicios públicos esenciales.

Con esta declaración, el Gobierno dispone de un marco legal para poner en marcha ayudas extraordinarias y agilizar la recuperación de las zonas afectadas. Entre las medidas que pueden adoptarse se incluyen subvenciones para particulares, empresas y ayuntamientos, además de actuaciones dirigidas a reparar infraestructuras, restablecer los servicios públicos y acelerar la vuelta a la normalidad.

¿Qué supone para las zonas afectadas?

La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil permite activar un conjunto de ayudas y medidas extraordinarias para acelerar la recuperación de los territorios dañados. Según recoge el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, los particulares que hayan sufrido daños materiales en su vivienda habitual pueden acceder a ayudas económicas, a las que se suman subvenciones para paliar las pérdidas en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. 

Además, la norma contempla ayudas para reparar infraestructuras públicas y servicios esenciales. Entre ellas figuran subvenciones destinadas a la reconstrucción de infraestructuras municipales y a la reparación de la red viaria provincial e insular, así como compensaciones a los ayuntamientos por los gastos derivados de actuaciones de emergencia que no pueden aplazarse. También prevé líneas de financiación para establecimientos industriales, comerciales y de servicios afectados por la catástrofe. 

A estas medidas se añaden beneficios fiscales y laborales para facilitar la recuperación económica de las zonas afectadas. La ley prevé exenciones y reducciones de determinados impuestos, además de moratorias en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y medidas excepcionales para las empresas, como la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada cuando la actividad se haya visto directamente afectada por la emergencia.

Esta declaración no implica que las ayudas se concedan de forma automática. La Ley 17/2015 establece que estas medidas tienen como finalidad contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y no tienen carácter indemnizatorio.

¿Cuándo se solicitan las ayudas?

Cada persona, empresa o administración afectada deberá presentar la solicitud correspondiente y acreditar que los daños sufridos son consecuencia directa del incendio. Para ello, será necesario aportar la documentación que justifique las pérdidas, como informes, fotografías, facturas o títulos de propiedad, además de cualquier otra prueba que permita evaluar el alcance de los daños.

Las solicitudes deberán tramitarse a través de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, que son las encargadas de instruir el procedimiento antes de que el Ministerio del Interior resuelva cada expediente. Con carácter general, la normativa fija un plazo de un mes desde la finalización de la emergencia para presentar la solicitud, aunque el Gobierno puede establecer condiciones específicas o modificar ese plazo en función de las características de la catástrofe.

Por este motivo, los afectados deberán conservar toda la documentación relacionada con los daños y comunicar el siniestro a su compañía aseguradora cuando corresponda. Una vez el Consejo de Ministros apruebe la declaración, el Ejecutivo concretará qué municipios quedan incluidos, las ayudas que podrán solicitarse y los plazos y requisitos para acceder a ellas, lo que permitirá iniciar la tramitación de las distintas medidas de apoyo previstas en la ley.

La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil busca acelerar la recuperación de los municipios afectados una vez controlados los incendios. Mientras continúan las labores de extinción en varios frentes y se evalúa el alcance de los daños, esta medida permitirá canalizar las ayudas y coordinar la respuesta de las distintas administraciones para favorecer la reconstrucción de las zonas más castigadas por el fuego.