La sevillana María Salmerón, que tendrá que ingresar en prisión antes del próximo jueves, 2 de junio, para cumplir una pena de 9 meses de reclusión por no permitir a su marido –condenado por violencia machista– las visitas a su hija, ha presentado un recurso para evitarlo, en el que pide la cancelación de sus antecedentes penales.

Según se refleja en el texto del recurso, lo presenta contra la decisión del juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, que el pasado día 18 le comunicó el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente, para el ingreso en la cárcel, por lo que, diez días después, ha pedido por escrito al Ministerio de Justicia la cancelación de los antecedentes para evitar el ingreso en prisión.

Salmerón indica en el recurso que el caso "no tendría encaje en un verdadero Estado social y democrático de derecho, ya que se me ha denegado la solicitud de indulto que formulé", con una "argumentación tan peregrina como la de que se podrían lesionar derechos de carácter personal, cuando la interesada en dicho expediente soy yo".

Además, se le rechazó "vulnerando de forma groseramente contraria a derecho, las exigencias y garantías de todo expediente administrativo, por no haber cumplido las penas de las que la cancelación de los antecedentes penales se solicitó".

Así, sostiene que en el expediente se han vulnerado "todas las exigencias y garantías que deben regir en los mismos", y "se me dejado en la más absoluta indefensión al habérseme privado de alegar, y probar, todo lo que a mi derecho interesare".

Historia de un calvario judicial

María Salmerón recibía el pasado 18 de mayo un nuevo mazazo tras comunicarle la jueza que lleva su causa que tenía un plazo máximo de 15 días para entrar en prisión. La mala noticia le llegaba cuando tenía previsto, gracias a la ayuda solidaria de cientos de personas, abonar la indemnización de 3.000 euros que impuso el juzgado número 6 de Sevilla.

El pasado 26 de abril el Consejo de Ministros denegaba el cuarto indulto a Salmerón. La ministra de Justicia alegó entonces que, según la ley de Indulto, el Ejecutivo tenía las manos atadas y no podía conceder el indulto por "imperativo legal", al considerar que Salmerón era reincidente. Justicia llevó al Consejo de Ministros la negativa del indulto a esta madre de forma camuflada (tal como desveló Público), sin que se debatiera en el consejo.

La negativa del Gobierno a concederle el indulto (Justicia tuvo el expediente parado más de un año sin resolver antes de pronunciarse en contra), motivó que el juzgado reactivara su ingreso en prisión.