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Marihuana Claves sobre la legalización del cannabis

Organizaciones cannábicas de todo el país se concentran este fin de semana en la capital de España para exigir la regularización del consumo de la marihuana.

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Un hombre fumando marihuana. REUTERS/Mark Blinch

Madrid va a vivir un fin de semana muy verde y muy festivo. Organizaciones cannábicas de todo el país han convocado la Marcha Mundial de la Marihuana, que se celebra anualmente en más de 700 ciudades del mundo para exigir la legalización del cannabis y que en la capital de España partirá mañana sábado, 18 horas, de la Puerta del Sol, amenizada por varios grupos de reggae y rap. El año pasado participaron 25.000 personas y Confac, una de las entidades convocantes, confía en que mañana aumentará la asistencia.

Como prolegómeno, este viernes tendrá lugar en el Centro Cultural de Lavapiés una mesa redonda con el título Sembrando el cambio, en la que se abordarán diversos aspectos sobre la legalización del cannabis, cuya trascendencia analizamos a continuación en seis aspectos fundamentales:

¿Cuánta personas consumen cannabis en España?

El cannabis es la droga con mayor prevalencia de consumo en España. Según la Encuesta del Ministerio de Sanidad sobre Alcohol y otras Drogas 1995-2017, el 35,2% de la población de 14 a 64 años ha consumido alguna vez un derivado del cannabis, una tasa que supone un incremento de casi cuatro puntos entre los años 2015 y 2017 y que en términos absolutos supondría en torno a 9 millones de personas. No obstante, el índice de usuarios más habituales baja hasta el 11% (quienes dicen haberlo consumido en el último año) y al 9,1 (quienes dicen haberlo consumido en el último mes), de acuerdo con el mismo estudio estatal, es decir en torno a los 2,5 millones de personas.

En cuanto al tipo de cannabis, la marihuana registra un mayor uso en España, con un 48%, frente al 21,9% que declara que fuma principalmente hachís, mientras que el 29,8% restante consume marihuana y hachís en una proporción similar. Por día, se registra una media de consumo de 2,7 porros por persona. Y la edad media de inicio se sitúa en algo más de los 18 años.

La misma encuesta refleja que casi el 34% de la población española considera que la legalización del cannabis ayudaría mucho a resolver el problema de las drogas, opinión mayoritaria en la franja de edad de 35 a 44 años. Y entre las personas que nunca han probado el cannabis, un 2,4% asegura que lo consumiría si fuera una droga legal.

¿Cuál es la situación legal en nuestro país?

En España está despenalizado el consumo y la tenencia de cannabis, pero esas mismas prácticas están sancionadas por la vertiente administrativa a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza tras su reforma del año 2015, si tienen lugar en vías o públicos lugares, con multas que van desde los 600 hasta los 30.000 euros, al considerarse una infracción grave. No en vano, el 69% de las sanciones impuestas por infracciones de esa norma corresponden a consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, con una cuantía que alcanzó los 103,5 millones de euros en 2017, según el último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.

La norma más avanzada en esta materia hasta la fecha la aprobó el Parlamento de Catalunya en 2017, una ley reguladora de las asociaciones de consumidores de cannabis, en la que se incluía el cultivo y transporte. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, tras un recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, la anuló en 2018 al considerar que la norma invadía competencias del Estado en materia penal, fundamentalmente, la misma argumentación que ya había aplicado el TC en una resolución anterior sobre una ley similar del Gobierno navarro.

El Tribunal Constitucional validó ese mismo año, en cambio, la norma emanada del Parlamento vasco que regula la labor de las asociaciones cannábicas en el marco de la Ley de Atención Integral a las Adicciones y Drogodependencias, al entender que se limita a establecer la función colaboradora de estas entidades con la administración sanitaria.

Al margen de esto, en España sólo está regulado el uso terapéutico de un medicamento hecho con cannabis, el Sativex, utilizado en el tratamiento de diferentes patologías, aunque su prescripción facultativa varía en función de los criterios establecidos en cada comunidad autónoma.

¿Cómo está regulado en otros países?

La regulación del cannabis en el mundo es muy, muy variada, pero en los últimos años se han dado bastantes pasos hacia su progresiva legalización, fundamentalmente en el continente americano. Ateniéndose a los hechos, el país con la legislación más avanzada en esta materia es Corea del Norte, donde, sencillamente, el cannabis no se considera una droga.

Salvada esta excepción, quien lidera el ranking de los países con una regulación más progresista es Uruguay, que en 2013 se convirtió en el primer estado en legalizar el cultivo y venta de cannabis con una producción controlada por la Administración. Canadá siguió los pasos de Uruguay en 2018 y se convirtió en el primer país del G-20 en autorizar el libre consumo y producción de marihuana bajo licencia.

En EEUU, la potencia abanderada de la guerra contra las drogas en el mundo, más de la mitad de sus estados han aprobado ya leyes que permiten de alguna forma el uso terapéutico o recreativo del cannabis, aunque una regulación federal sigue siendo todavía una quimera. Mientras, en Europa las cosas parecen ir algo más despacio, aunque Holanda siga siendo un referente del consumo y venta en lugares públicos autorizados (coffeeshops), la ciudad de Berlín haya despenalizado el uso recreativo, Gran Bretaña haya permitido el uso de productos CBD (componente del cannabis con usos medicinales) y Portugal haya despenalizado todas las drogas.

¿Cuáles sería los beneficios de una regularización?

Organizaciones de usuarios del cannabis como la Confac, que organiza la Marcha de mañana en Madrid, calculan que la legalización de esta droga supondría un ingreso de entre 3.400 y 3.800 millones de euros al año para las arcas del Estado por el cobro de impuestos directos como el que deben abonar las empresas del tabaco, por ejemplo. A ello, habría que añadir la creación inicial de en torno a 20.000 puestos de trabajo en todas las facetas de lo que sería la industria cannábica, que incluye el cultivo, el transporte y la distribución, la venta, la cata, la publicidad y otras actividades relacionadas con el consumo de este producto.

A esos beneficios económicos habría que añadir, según las organizaciones defensoras de su legalización, la reducción del gasto en el ámbito judicial y policial que supondría dejar de perseguir este tipo de actividad, un esfuerzo que podría dedicarse a erradicar otro tipo de delitos. Además, la regularización supondría una mejora considerable en el aspecto de la salud, ya que los productos consumidos pasarían por los controles sanitarios e higiénicos preceptivos, ahora son inexistentes con el mercado ilegal.

¿Quién puede cultivar?

En España, el Gobierno concede licencias para cultivo de cannabis con usos alimenticios o industriales o médicos y de investigación. En este último caso, la Agencia Española de Medicamentos ha otorgado ocho autorizaciones para cultivar cannabis sativa a siete entidades, cinco con fines de investigación, dos con medicinales y una con fines didácticos. El resto de cultivos se encuentran en la ilegalidad si la planta supera un índice del 0,2% de THC (principal constituyente psicoactivo del cannabis), una graduación que no produce apenas efectos a quien la consume.

Al margen de los traficantes de menor o mayor escala, las cientos de asociaciones que cultivan para autoabastecerse se encuentran, pues, sin cobertura legal, al pairo de la interpretación que hagan en cada caso las fuerzas de seguridad y el poder judicial, y con las espadas de Damocles de los artículos 364 del Código Penal y subsiguientes y la Ley de Seguridad Ciudadana sobre sus cabezas, como le ha ocurrido a Fernanda de la Figuera, la más veterana activista por la legalización del cannabis, para quien la fiscalía solicita 4 años de cárcel por una plantación con fines terapéuticos utilizada por una organización con más de un centenar de usuarios.

¿Cuál es la postura de los partidos políticos?

Las juventudes de las organizaciones políticas suelen ser favorables a la legalización del cannabis. Otra cosa es cuando sus integrantes se hacen mayores.

Unidas-Podemos es la formación que ha abogado más claramente por la regularización del uso terapéutico y recreativo, mientras que la más reacia, aparte de Vox, es la del PP. En medio se quedan Ciudadanos, que defiende que se lleve a cabo primero una regulación del uso terapéutico y, una vez analizado sus resultados al cabo de unos años, se plantee una posible medida con el consumo recreativo; y el PSOE, que prefiere crear una comisión para abrir un amplio debate sobre la regularización.

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