El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la reforma legal que en 2011 aprobó el Parlamento de Extremadura y que permitió la construcción de una urbanización de lujo en una isla de 135 hectáreas en el embalse de Valdecañas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una zona de especial interés ecológico. El conocido como complejo "Marina Isla de Valdecañas" –formado por 180 villas (la mitad de las previstas), un hotel, un campo de golf de 18 hoyos, además de una playa artificial, puntos de amarre y pistas deportivas– ha estado envuelto en polémica desde sus inicios: desde el primer momento dos asociaciones ecologistas, Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) y Ecologistas en Acción, se opusieron al proyecto e iniciaron una batalla en los tribunales que culmina con la resolución del Constitucional. 

En 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ya había declarado la nulidad del proyecto en 2011 por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Según el diario El País, "esa sentencia ordenó la reposición de los terrenos al estado anterior, cuando no existía ninguna edificación en la isla, en la que se empezó a construir en 2007". Pocos días el Parlamento de Extremadura incorporó un artículo a la ley del suelo que permitía edificar en terrenos de la Red Natura 2000 y que fuera compatible con la preservación de los valores naturales. La intención era dar cobertura legal ad hoc a la urbanización de lujo. 

Tres años después, en 2014, el Tribunal Supremo confirmó el fallo del TSJEX. Pero esta sentencia aún no se ha ejecutado porque se abrió un incidente de inejecución que aún no se ha resuelto.

Adenex y Ecologistas en Acción solicitaron al TSJEX, en el marco del procedimiento administrativo que se sigue contra la urbanización, que planteara la cuestión de inconstitucionalidad, que ahora se ha estimado. Según el Constitucional, este párrafo contradice legislación básica estatal, por lo que ha de ser declarado inconstitucional. En concreto, choca con los artículos 12.2 y 13.4 de la Ley del Suelo, que delimitan qué es suelo rural y qué se puede hacer en los espacios así catalogados.

Tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional, Adenex y Ecologistas en Acción en la región han insistido en que "nada impide" que se ejecute la sentencia de demolición del Complejo Isla de Valdecañas. Así lo ha manifestado el coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, Ángel García Calle, quien ha ratificado la "unión" de ambas organizaciones en este asunto.

Ya en enero de 2019, las dos organizaciones mostraron un informe de la Estación Biológica de Doñana sobre el proyecto urbanístico de 1.200 páginas, en el que más de 20 técnicos de este entidad dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trabajaron durante más de dos años para tratar de responder a las 14 preguntas formuladas por el TSJEX. En palabras Adenex y Ecologistas en Acción era "demoledor" y no dejaba "resquicio alguno" para que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) no resolviera favorablemente a la demolición de la urbanización y la posterior restauración ecológica "activa y pasiva" de la zona. 

Con esta resolución se despeja una de las cuestiones paralelas al incidente de inejecución de sentencia, que es el que determinará si el resort se derriba o no, y sobre el que esta resolución del TC no tiene una repercusión directa. Eso lo tendrán que decidir los tribunales extremeños.