España va a pedir a las autoridades europeas que se permita el uso del 1,3 Dicloropropeno como producto fitosanitario en la producción de plantas de consumo humano. Se trata de una sustancia activa "no autorizada" y catalogada por la Organización Mundial para la Salud como “posible carcinogénico en humanos”.  Sin embargo, desde la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (DGSPA), a través de una carta dirigida a las autoridades europeas, argumentan que la autorización de este pesticida es "crucial" para la producción agrícola de España y la de algunos de los cultivos de los Estados Miembros de la UE.

El director de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, ha enviado una carta a la directora de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Sabine Juelicher, para manifestar la postura de España sobre esta sustancia, de cara a la próxima reunión del 20 de Mayo del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos en la que se determinará, entre otras cosas, el estatus de algunas sustancias fitosanitarias.

El 1,3 Dicloropropeno (1,3 DCP) es una sustancia química calificada como "no autorizada", aunque el artículo 53 del Reglamento Europeo de Fitosanitarios permite su uso en casos de riesgo. La norma especifica que el Estado puede conceder autorizaciones de excepcionalidad en caso de que sea necesario, siempre que el tiempo de comercialización y de uso no supere los 120 días, algo que no siempre se cumple, tal y como denuncia Ecologistas en Acción en un informe reciente.

De hecho, el Director General de Sanidad de la Producción Agraria reconoce en su carta que las autorizaciones excepcionales para el uso de este químico han aumentado en los últimos años, lo que, a sus ojos, "arroja luz" sobre la importancia de esta sustancia activa para la producción agrícola. Es por ello, que España va a reclamar que la calificación de esta sustancia pase de "no autorizada" a "autorizada" en la próxima reunión europea.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explican a Público que está carta, enviada el pasado 8 de mayo, responde a un proceso de comunicación interna de los estados miembro de la Unión Europea para abordar temas de "interés común". Aunque el documento no quiere decir que se vaya a abrir la veda al uso de esta sustancia, si que muestra que las autoridades españolas son partidarias de una nueva regulación para este componente químico. 

"Se solicita su autorización porque se considera que el resultado de la evaluación efectuada lo permite y porque es una materia muy importante para ciertos cultivos para la que no existe alternativa", explican desde el Ministerio, señalando los análisis realizados por España. Unos análisis que distan mucho de las conclusiones de la propia EFSA, que en otro documento al que ha podido acceder este periódico, constatan los riesgos medioambientales del 1,3 Dicloropropeno, ya que hay un "alto riesgo" de este pueda contaminar acuíferos subterráneos y afectar a la salud de animales e, incluso, a la de las personas.

Para Koldo Hernández, responsable de la campaña sobre alteradores hormonales de Ecologistas en Acción, el hecho de que España se muestre partidaria de la autorización de esta sustancia activa revela que se están poniendo por delante los intereses económicos a los sanitarios. Además, desde el grupo ecologista señalan que "el uso del 1,3 dicloropropeno está prohibido por liberar al medio ambiente grandes cantidades de impurezas policloradas conocidas y desconocidas" y  por "posible riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y riesgo para las aves, los mamíferos y los organismos acuáticos".

La postura de España contrasta con la de otros países como Francia cuyas autoridades han enviado una escrito a las instituciones europeas para mostrar su rechazo frontal al uso de 1,3 Dicloropropeno como pesticida y prohibir la comercialización y el uso conforme al artículo 69 del Reglamento de Fitosanitarios. "Dado el inminente comienzo de la temporada de producción de hortalizas, las autoridades francesas solicitan las medidas necesarias para garantizar que el 1,3 DCP no se utilice en la producción de alimentos destinados al mercado de la UE", concluye el documento francés al que ha tenido acceso este diario.