Los 855 niños acogidos en el centro de menores Fuerte Purísima de Melilla pueden verse en una situación de abandono a partir del próximo martes, 7 de enero, fecha en la que expira la vigencia del contrato de gestión. La empresa responsable del centro es Arquisocial S.L. y la semana pasada ya anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a los 200 trabajadores que forman parte de la plantilla compuesta por educadores, monitores, psicólogos, además de personal de cocina, limpieza y seguridad, si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla no da luz verde a la prórroga del convenio por otros dos años a pesar de estar aprobada.

De hecho, la prórroga de este contrato se aprobó en la Comisión de Bienestar Social que se celebró el miércoles 13 de noviembre y salió adelante con los cuatro votos a favor del PSOE, miembro del Gobierno tripartito, y los diez votos del PP, principal partido de la oposición. Cabe destacar que Ciudadanos y CpM, ambos socios del Ejecutivo melillense, no apoyaron la prórroga. El único diputado naranja y presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, se abstuvo, mientras que CpM, como Vox, votó en contra.

A pesar de esta división de voto entre los partidos al frente del Gobierno, la prórroga contó con el respaldo suficiente para hacerse efectiva en cuanto finalizara el contrato. Sin embargo, es imposible llevarla a cabo porque quien tiene las competencias de contratación es la Consejería de Hacienda y todavía no se lo ha comunicado a la empresa adjudicataria, por lo que no se puede ejecutar la prórroga de dos años que establece el pliego de condiciones del contrato, según ha podido comprobar este diario en el Portal de Transparencia de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Con todo ello, la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, ha asegurado en declaraciones a Público que "la principal preocupación del Gobierno local es la continuidad del servicio". Por ello, garantiza que los menores van a seguir con todas las atenciones que requieran, ya que "no les va afectar en nada la situación administrativa". En este sentido, también llama a la calma a los trabajadores afectados, quienes "no se verán en la calle porque sus contratos se subrogarán a la empresa que se haga cargo del servicio". Así, Almansouri remarca que ni menores ni empleados se verán afectados por una cuestión de trámites y destaca que el Gobierno trabaja de forma unitaria para llegar a una solución administrativa en tiempo y forma.

Menores desprotegidos

Desde el sindicato CSIF Melilla alertan del drama que representa que 855 niños se queden desatendidos si finalmente no se firma la continuación del contrato, ya que no existe ninguna otra fórmula legal para mantener este servicio y el Gobierno no ha sacado a adjudicación ninguna licitación que tampoco podría tramitarse con tiempo suficiente. Después del comunicado de la empresa Arquisocial S.L. a su plantilla anunciando un ERE a partir del 7 de enero, CSIF teme que “los menores se queden sin profesionales que les alimente, proteja y cuide”, además del “impacto que supone perder el trabajo en 200 familias”.

Por su parte, el presidente de la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, considera los menores tutelados viven una situación de desprotección "desde hace mucho tiempo" y "la opción de no prorrogar el contrato está plenamente justificada por el objetivo de acabar definitivamente con una situación que de no haber un cambio en las condiciones del contrato de servicios serían absolutamente irreversibles". “No puede ser que muchos menores se escapen del centro de acogida y prefieran vivir en la calle antes que estar en un sitio resguardados y atendidos”, comenta Palazón, quien enumera algunos de los problemas que le han explicado los niños que atiende en su asociación: “El centro de La Purísima está sobresaturado, hay niños compartiendo colchones en el suelo en zonas comunes por falta de espacio, otros tienen problemas en la piel como sarna por falta de limpieza y condiciones higiénico sanitarias, por no hablar ya de las denuncias de malos tratos y abusos que hemos presentado desde Prodein contra algunos individuos que dicen ser cuidadores”.

Precisamente, una de las razones que esgrime la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, la cepemista Dunia Almansouri, para mostrarse en contra de la prórroga del contrato a Arquisocial S.L. está directamente relacionada con la queja del presidente de Prodein y es que tras su visita sorpresa a las instalaciones el pasado mes de noviembre, la consejera pudo observar “de primera mano las condiciones en las que viven estos menores”. Además, Almansouri apunta que “la prórroga era una posibilidad, no una obligación y firmarla sería cometer una ilegalidad”.
A raíz de esta visita y aprovechando que el Gobierno central ha mostrado la intención de recuperar la primera acogida de los menores extranjeros no acompañados durante las dos primeras semanas para distribuirlos de forma equitativa entre las provincias, el consejero de Juventud, Familia y Menor, Mohamed Ahmed Al-lal, ha informado de la emisión de una carta a la Fiscalía de Menores con los informes nuevos y anteriores para advertir de la situación en la que se encuentran estos niños.

En esta línea, el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, afirmó este lunes en rueda de prensa que su partido se mostraba contrario a prorrogar el contrato con Arquisocial S.L. para “no entrar en prevaricación y fraude administrativo, ya que la empresa no está cumpliendo con las condiciones estipuladas en el pliego del contrato”. El líder de la formación política con más votos en el Gobierno de Melilla criticó que en La Purísima estén “hacinados 855 niños cuando el centro tiene una capacidad máxima para 350 y haya hasta tres niños por colchón”.
Aberchán recordó que en España se cumple y se respeta la Ley de Protección del Menor, además del Tratado sobre los Derechos del Niño, y lanzó un dardo al Partido Popular de Melilla: “Que el PP explique por qué quiere prorrogar el contrato a la empresa Arquisocial S.L. si su gestión es vergonzosa”. En referencia a las discrepancias con sus socios de Gobierno en esta cuestión, señaló la necesidad de apostar siempre por el diálogo para llegar al entendimiento con Ciudadanos y PSOE.

Trabajadores y empresa

El secretario general del PP, Miguel Marín, registró ayer en la Asamblea de Melilla un escrito en el que insta al presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, y a su consejo de Gobierno a adoptar las medidas legales pertinentes para cumplir con la prórroga. Desde el grupo popular no responden a la cuestión lanzada por Aberchán, pero insisten que de no firmar la continuidad se estaría “incumpliendo gravísimamente el mandato imperativo de la Comisión permanente de Bienestar Social”.

A día de hoy, en La Purísima trabajan 200 personas, de las cuales 140 son empleados fijos, y todos ellos ya han recibido el comunicado de Arquisocial S.L. en el que les informa del ERE a partir del 7 de enero. El Comité de Empresa y CCOO Melilla han anunciado una concentración para el viernes, 3 de enero, a las 12 horas, en la plaza España para demostrar su descontento, además de convocar una huelga indefinida a partir del lunes, 6 de enero. El consejero de Menores, Mohamed Ahmed Al-lal, dice no comprender esta convocatoria, ya que “los trabajadores seguirán ejerciendo sus labores con o sin prórrogas. La empresa solo tiene la alternativa de continuar con la prestación del servicio, por tanto, la cobertura de los trabajadores está relacionada a la garantía de la empresa”.

El secretario general de CCOO Melilla, Francisco López, lamenta la incertidumbre que están viviendo estas familias “que en fechas tan señaladas se pueden ver en la calle”. Este representante sindical afirma que Arquisocial S.L. ha seguido los trámites legales de comunicar en tiempo y forma a sus trabajadores el posible despido al no tener comunicación oficial del Ejecutivo local de que ese servicio debe continuar con una prórroga de dos años. “El contrato firmado con la Ciudad estipula la posterior firma de la prórroga. Hay que cumplir con los pliegos”, indica López. Por otro lado, este sindicalista considera que “la figura jurídica empleada por la empresa no es la adecuada, ya que se trataría más bien de un despido masivo por falta de obra que de un Expediente Regulador de Empleo”.

Público ha tratado de contactar con Arquisocial S.L., pero no ha obtenido respuesta. Sin embargo, uno de sus trabajadores ha accedido a dar declaraciones de forma anónima “para evitar a ser señalado políticamente” por miedo a las represalias, no por parte de la empresa, sino “de algún político o del Gobierno”. Este trabajador afirma que en la empresa son “una gran familia” y que después de tantos años conocen a los menores a la perfección, por lo que les pueden brindar los cuidados que requieren. “La negativa de CpM de seguir adelante con la prórroga y echar para atrás esta gestión es porque quieren quitar lo que ellos denominan ‘los chiringuitos del PP’ no porque los vean mal, sino porque quieren poner los suyos propios ahora que están en el poder”, dice este empleado. “Nadie está pensando ni en futuro de las 200 familias que se van a quedar sin trabajo ni en el futuro de los casi 900 menores que han llegado solos, sin sus padres, a la ciudad”, lamenta.

Malos tratos y abusos

A pesar de las críticas lanzadas por la ONG Prodein y por CpM, este trabajador defiende la labor de todo el personal de la empresa zaragozana Arquisocial S.L., que lleva al frente de la gestión de La Purísima de forma ininterrumpida desde el año 2006 gracias a la consecución de varios contratos prorrogados desde entonces y sin ningún otro competidor en los siguientes concursos públicos desde 2014. El último contrato que se puede consultar en el Portal de Transparencia de la CAM data de inicios del año 2018, tiene una duración de dos años con posibilidad de prórroga por otro periodo de dos años más y por un importe total ligeramente superior a los 9 millones de euros.

A lo largo de estos 14 años se han sucedido numerosas polémicas en torno al presunto maltrato que padecen los menores tutelados. En marzo del 2018, el Defensor del Pueblo investigaba cinco denuncias de maltrato en La Purísima, en las que los residentes afectados aseguraban haber sufrido malos tratos por trabajadores del centro. Además, el Defensor también constató que la entidad de acogida “no seguía las previsiones contenidas en el Protocolo Marco de Menores No Acompañados para la realización de las pruebas de ADN”.

El presidente de Prodein, José Palazón, lamenta que muchas de las denuncias caen en saco roto por numerosos factores como la falta de pruebas, los cambios de versión en el juzgado y la dificultad de contactar con los afectados tiempo después, por lo que la demanda acaba archivada o los presuntos agresores, absueltos. Una de las agresiones más sonadas tuvo lugar a mediados del 2018, cuando un cuidador del centro fue detenido tras apuñalar a un menor. La empresa lo despidió y el caso sigue en fase de instrucción en un juzgado de la ciudad. Otro caso espinoso implicaba al hermano del actual director del centro, quien fue despedido tras ser acusado como presunto autor de un delito de abusos sexuales y corrupción de menores, caso que la Audiencia Provincial sobreseyó en junio de 2018.