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Menores migrantes UNICEF llama a la acción ante el drama de los menores migrantes: "No se puede culpar a un niño de vivir en la calle"

El informe "Más allá de la supervivencia" propone un modelo destinado a mejorar la intervención con menores no acompañados y separados que quedan fuera del sistema de protección institucional. 

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Dos niños migrantes calentándose en el campamento de migrantes de Calais, Francia.   Laurence Geai / UNICEF

La Fiscalía de Menores estima que hay 12.417 niños migrantes no acompañados viviendo en el Estado español bajo tutela de las comunidades autónomas. Se trata de uno de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad en el país y, recientemente, desde hace años, se ha convertido en el objetivo de discursos de odio. Pero su sistema de protección y garantía de derechos aún es susceptible de mejorar.

Así lo señala el informe Más allá de la Supervivencia de UNICEF, en el que la agencia de la ONU para la Infancia propone un modelo integrador para fortalecer la intervención en Europa con niños y niñas migrantes no acompañados y separados. "Nunca se puede culpar a un niño o a un adolescente de vivir en la calle, sobre todo cuando esa circunstancia está asociada a un listado de negligencias y violaciones de sus derechos", declaraba al inicio de la presentación Sara Collantes, responsable de Políticas de Infancia y Desarrollo de UNICEF España.

Que algunos de estos chicos sigan viviendo en la calle o no sean atendidos adecuadamente compromete al Estado y al sistema de protección actual. Los jóvenes afrontan una violencia que perjudica seriamente su desarrollo personal y son susceptibles de sufrir las consecuencias de la explotación, la trata de seres humanos o la tortura. Según el psicólogo y consultor de infancia Francisco Javier Romeo-Biedma, esta violencia también puede manifestarse a través de la discriminación o la ausencia de una protección efectiva por parte de un sistema en el que siguen registrándose negligencias. "La negligencia es violencia", afirma el experto.

Los peligros a los que los niños se enfrentan obstaculizan su proyecto de vida. Por un lado, uno de los problemas principales es la falta de documentación. Sin ella no pueden trabajar ni estudiar y, por tanto, tampoco llevar una vida autónoma. Recientemente, el Gobierno ha puesto en marcha la concesión de autorizaciones de trabajo a los jóvenes migrantes mayores de 16 años que trabajen en el campo, pero no se contemplan las duras condiciones en las que se encuentran.

Esto, sumado a la existencia de conductas que vulneran los derechos de los jóvenes a nivel legal y policial, pone de relieve la necesidad de enfocar de una forma más efectiva la Convención de Derechos del Niño en la intervención. "Existe una gran diferencia de trato dependiendo del origen de los menores. En los juicios no se trata de la misma forma a los menores magrebíes y rumanos que a los nacionales", explica Mohammed A., jurista que ha trabajado en la Fiscalía de Menores de Granada. "Recuerdo comentarios del estilo de si hay que detener a un blanco o a un negro, sabemos que ha sido el negro"', afirma.

La existencia de un afianzado racismo institucional, en el que las fuerzas de seguridad juegan un papel fundamental, determina la vida de estos jóvenes. "La teoría del etiquetaje muestra una correlación directa entre que la policía te etiquete como delincuente y la reproducción de conductas delictivas, porque a esos jóvenes les están asignando un rol", explica Cristina Fuentes, doctora en Estudios Migratorios y parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Los medios de comunicación también han reproducido narrativas de señalamiento y exclusión a los menores no acompañados, que han llegado a desembocar en ataques a los propios jóvenes y a sus centros y pisos tutelados.

Llamada a la acción

De acuerdo con Romeo-Biedma, "estos chicos presentan un alto nivel de deterioro y, por ello, se encuentra la necesidad de intervenir a muchos niveles". Ante esta situación, el modelo propuesto por UNICEF contempla cuatro áreas principales de actuación: abordar los aspectos jurídicos y de documentación para defender el interés superior del joven, promover y desarrollar entornos seguros y protectores, proporcionar referentes afectivos a los menores y, por último, integrar nuevas narrativas sobre los jóvenes y sus procesos migratorios. De acuerdo con el documento, "ninguna acción para proteger a estos niños vulnerables sería efectiva si no se cambia primero el relato que los rodea, así como la forma en la que los ve la sociedad".

El informe también proporciona casos de buenas prácticas de entidades que transforman la intervención y los discursos sobre los menores migrantes no acompañados y separados. Entre estos ejemplos destaca el trabajo de instituciones en el sistema de protección, y también de entidades que transforman la mirada sobre esta cuestión, como es el caso de la Fundación por Causa, dedicada a impulsar nuevas narrativas sobre la migración, y la web Maldita Migración, desarrollada con el apoyo de OXFAM Intermón, con el objetivo de desmentir noticias falsas.

Retos para un cambio real

Fuentes también destaca que para materializar este tipo de estudios es necesario impulsar la cooperación interasociativa. Las organizaciones que trabajan en primera línea con los jóvenes —el informe de UNICEF cita el ejemplo de la Asociación Maakum en Ceuta— lo hacen con fondos propios reducidos.

La investigadora propone un modelo en el que las grandes organizaciones den apoyo financiero a otras más pequeñas en terreno, y que les proporcionen capacitación técnica "para que puedan ir creciendo y no se cansen de ir a contracorriente".

Por otro lado, la voluntad política también constituye un pilar fundamental porque los trabajadores y activistas vinculados a la intervención con personas migrantes son susceptibles de ser criminalizados. "Se trata de una estrategia estatal para acallar esas voces", explica Fuentes. "Se te puede acusar de trata de personas o secuestro de menores".

Los actores que luchan contra este tipo de sucesos, habitualmente tienen que hacer frente a estas causas judiciales hasta que se ven obligados a abandonar sus puestos. Mirar hacia otro lado cuando hay chicos viviendo en la calle o no son adecuadamente atendidos no es una opción. El compromiso de los actores de la comunidad, y especialmente de los agentes estatales, es imprescindible a la hora de ofrecer una intervención humanizada. Según las asociaciones especializadas en trabajar con niños migrantes que participaron en la elaboración del informe, este camino es esencial para conseguir que estos chicos puedan integrarse y construir proyectos de vida digna.

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