El juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este jueves el cierre de un centro con 148 menores migrantes en Arinaga. La orden forma parte de una ampliación de las investigaciones sobre los recursos de acogida, que gestiona la asociación Quórum Social 77 para el Gobierno de Canarias.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias, la investigación es secreta, pero es una extensión de la denuncia que provocó la clausura en mayo de otro centro para 45 chicos de la misma asociación en Santa Brígida (Gran Canaria), el Fortaleza I. El cierre se produjo por malos tratos a menores, que puede constituir delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, contra la integridad moral y amenazas.

La Policía Canaria ha detenido a dos personas relacionadas con esa asociación en una operación que incluye seis entradas y registros, dos de ellas en centros de acogida de Arinaga y Firgas.

Las fuentes han precisado que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario, de la que partió la denuncia a la Fiscalía y que puso en marcha el caso hace meses, solo ha recibido instrucciones de clausurar uno de ellos, el José García en Arinaga, un recurso con 148 menores a los que ya se está buscando alternativas.

Otro registro policial se está practicando también en la sede de la asociación Quórum Social 77, en Las Palmas de Gran Canaria.

Cuando se puso en marcha esta operación en mayo, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, detalló que su departamento había puesto en manos de la Fiscalía testimonios de niños del centro Fortaleza I, que relataban malos tratos e insultos racistas, así como informes médicos de los pediatras que los atendieron.

Fue entonces cuando Delgado dijo que no le constaba que los responsables de Quórum Social 77 fueran conocedores de lo que ocurría en ese recurso del municipio de Santa Brígida.

La operación, sin embargo, puede haber dado un giro que ahora les señala directamente. Ni la Policía Canaria ni la Consejería de Bienestar Social han hecho públicos los nombres de los detenidos, pero Canarias 7 publica que se trata de la presidenta de la asociación, Delia G., y su director de centros, Enrique Q.

Preguntado sobre este asunto en La Palma, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado que la comunidad autónoma lleva meses advirtiendo de que el número de menores a los que tutela, unos 5.500, le sobrepasa. Y ha subrayado que, "con tantos menores y durante tanto tiempo" es difícil que los controles sirvan.

"Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto", ha añadido Clavijo, que no ha ocultado su "máxima preocupación", porque los delitos investigados son de "mucha gravedad".