Iban a empezar a funcionar de manera "inminente", pero ya ha pasado más de un mes y tan solo uno de los siete campamentos anunciados para alojar a las personas migrantes en Canarias ha empezado a funcionar, y ya se da por imposible que se cumpla el plazo que barajaba el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social cuando presentó el Plan Canarias para dar respuesta a la crisis de acogida de migrantes. El plan contemplaba la creación de 7.000 plazas de emergencia en las islas de Tenerife, Gran Canarias y Fuerteventura antes de fin de año, cuando acaban los contratos con los hoteles en los que actualmente hay alrededor de 7.000 personas acogidas, y cuando estas empresas podrían ser sancionadas por algunos ayuntamientos si persisten en este uso de las instalaciones.

Se trata del antiguo Colegio León, en la barriada de El Lasso, en Gran Canaria. Unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Las Palmas que, según la Secretaría de Estado de Migraciones, alberga ahora a 250 personas atendidas por la Fundación de franciscanos Cruz Blanca. Se prevé que "en los próximos días" se realicen más derivaciones a este centro hasta completar las 300 plazas de acogida de emergencia en grandes carpas en el patio. No será hasta entrado el 2021 cuando empiecen a ocuparse las 400 plazas de acogida estable que el Ministerio está acondicionando en el interior del edificio, que necesitaba una rehabilitación.

Este recurso de emergencia lleva sobre la mesa desde principios de octubre, cuando el ministro José Luis Escrivá anunció su cesión y su "pronta" puesta en funcionamiento, aunque no fue hasta el 19 de diciembre cuando los primeros migrantes llegaron al centro.

Migraciones también espera que en los próximos 15 días se empiece a trasladar a migrantes alojados en los complejos turísticos a los campamentos que se están montando en otras dos localizaciones. Una son las instalaciones del Regimiento Canarias 50, en Las Palmas, cedidas por el Ministerio de Defensa. Se ofreció a finales de octubre, pero su cesión definitiva se retrasó y, con ello, las obras de acondicionamiento. Se prevé que pueda alojar a unas 650 personas. El otro campamento que se prevé abrir en dos semanas es el de El Matorral, unos antiguos cuarteles en Fuerteventura, también cedidos por Defensa durante tres años y con capacidad para 700 personas en carpas de emergencia y otras 700 "bajo techo", en condiciones más estables a lo largo del próximo año.

No será hasta bien entrado enero, según calcula Migraciones, cuando empiecen a funcionar otras tres ubicaciones. Una es la nave cedida por Bankia en Las Palmas, con capacidad para 550 plazas, según anunció Escrivá, quien durante la presentación de este emplazamiento,  hace cinco semanas, aseguró que el buen estado de las instalaciones haría "inminente" la entrada de personas.

Los dos campamentos restantes son los más grandes: Las Raíces y Las Canteras, ubicados en instalaciones militares en desuso cedidas por Defensa en la localidad de La Laguna, en Tenerife. La empresa pública Tragsa comenzó las obras hace un mes, aunque el Ayuntamiento las paralizó y precintó a los pocos días. Los trabajos han continuado y Migraciones ha conseguido que el consistorio permita seguir adelante con el proyecto de Las Raíces, donde se prevé alojar a 1.450 personas, aunque no está claro que el de Las Canteras vaya a ver la luz.

El mayor campamento, en entredicho

El Ayuntamiento pidió el pasado 17 de diciembre "equidad entre todos los municipios" isleños, ya que las plazas previstas en su término municipal superan las 3.000. El concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo, Santiago Pérez, anunció que remitiría al Gobierno central un "informe de disconformidad", ya que "el uso que pretende darse a dichas instalaciones generará problemas efectivos para la acogida de un número importante de inmigrantes en ese entorno del municipio de La Laguna", según recogió el Diario de Avisos. El consistorio recordaba que el uso que se pretende dar a este campamento, donde se prevé acoger a entre 1.600 y 1.800 personas, es contrarios a lo establecido en el Plan General de Ordenación del municipio, por lo que se ampara en las competencias del Ayuntamiento y en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos (Ley 4/2017) para vetar los planes del Ministerio de Migraciones.

Las Canteras estaba llamado a ser el mayor centro de acogida estable de migrantes que contemplaba el Pan Canarias y, aunque la decisión del consistorio tinerfeño parece firme, Migraciones sigue contando con estas plazas por el momento y no contempla otras opciones ni la posibilidad de que no se lleve a cabo.

Con estos espacios, el Gobierno central prevé desalojar los polémicos hoteles y apartamentos turísticos con los que ha hecho frente a la mayor afluencia de pateras y cayucos desde que en 2006 llegaran más de 31.000 personas a las islas en la llamada crisis de los cayucos. Sin embargo, estas plazas no van a estar listas antes de que venzan los contratos con las empresas hoteleras, el próximo 31 de diciembre.

Mogán inicia acciones previas a las multas

Los ayuntamientos de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana, las localidades más turísticas del sur de Gran Canarias, han criticado durante meses la tardanza del Ejecutivo para poner en marcha los campamentos y vaciar de migrantes los hoteles de sus localidades —a pesar del frenazo turístico generado por la pandemia—, y han amenazado a las empresas hoteleras que llegaron a acuerdos con el Gobierno con sanciones que podrían llegar a los 300.000 euros si continúan alojándolos a partir de 2021.

Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán por la agrupación independiente Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), ha sido la regidora más beligerante con la llegada de migrantes a las islas y, en concreto, a su municipio, donde habría 3.400 personas migrantes alojadas, entre ellas, menores que llegaron solos en patera. Bueno considera que esta situación perjudica la imagen turística de las islas y aumenta la sensación de inseguridad entre los vecinos.

Según ha explicado a Público, hace 13 días que su Ayuntamiento inició actuaciones previas al inicio del procedimiento sancionador contra 11 establecimientos turísticos ubicados en Mogán donde han sido acogidos temporalmente los migrantes. Según las notificaciones, a las que ha tenido acceso Público, este uso de los complejos turísticos "podría ser constitutivo de una infracción grave tipificada en el artículo 372.3.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias", la misma ley que esgrime el Ayuntamiento de La Laguna para no permitir el campamento de Las Canteras.

El consistorio de Mogán dio a los propietarios cinco días de plazo para presentar alegaciones o justificar este uso, y les advertía de una "posible sanción de entre 6.001 y 150.000 euros", aunque por el momento, ninguna empresa ha comunicado al Ministerio que vaya a dejar de albergar a los migrantes, al menos hasta que los campamentos estén listos.