El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, confirmó en el Congreso el pasado miércoles que la Organización Internacional de para las Migraciones (OIM) se iba a encargar de la gestión de una parte importante de los campamentos que ahora se construyen a contrarreloj en Canarias para acoger a las personas migrantes que han llegado a las islas en pateras y cayucos.

Se trata de la primera vez que la OIM, organismo internacional vinculado a la ONU desde 2016, va a intervenir de lleno en la gestión migratoria de España, donde hasta ahora tiene una presencia pequeña y resumida fundamentalmente en programas de "retorno voluntario" de migrantes a sus países de origen. Sin embargo, todavía no está claro el papel exacto que el organismo va a jugar en la actual crisis de acogida que viven las islas, a donde han llegado más de 21.000 personas —sobre todo marroquíes— en lo que va de año, más de 17.000 solo en los dos últimos meses.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ya viajó el pasado noviembre a Ginebra para pedir el apoyo de la OIM y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En concreto, Laya pedía ayuda para "gestionar de manera humana y digna las llegadas a las Islas Canarias", para respetar los compromisos de España en materia de asilo y refugio y, dijo en rueda de prensa, para "repatriar a las personas que se encuentran en Canarias en situación de irregularidad", recogió Europa Press. Una afirmación que deja claras las intenciones del Gobierno para con las alrededor de 9.000 personas migrantes que actualmente están acogidas en las islas.

Aunque la ruta migratoria hacia Canarias llevaba más de un año en plena reactivación, la frágil situación económica de África empeoró drásticamente con la pandemia, lo que ha espoleado las salidas de embarcaciones desde su litoral atlántico, sobre todo pateras desde Marruecos, a niveles nunca vistos. Destaca el mes de noviembre, que marcó el récord histórico de llegadas a las islas en un mes, con más de 8.000 personas rescatadas.

Este aumento repentino se produjo después del verano, cuando ya habían saltado las costuras de un diminuto sistema de acogida estatal, que apenas contaba con cien plazas en enero. Mientras el Ministerio del Interior se ha negado al traslado de migrantes a la Península, donde sí hay plazas disponibles para acogida humanitaria, el cierre de fronteras impuesto por el coronavirus paralizó por completo las deportaciones de migrantes y obligó durante meses al cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lo que ha convertido al archipiélago en un embudo migratorio que cada vez se parece más a Lesbos (Grecia) o a Lampedusa (Italia).

El Ministerio de Migraciones fue improvisando espacios para alojar a los recién llegados, pero finamente tuvo que recurrir a los hoteles que la pandemia había dejado sin clientes, que hoy alojan a casi 7.000 personas. La idea es que, en las próximas semanas, sean trasladadas a los siete campamentos que ahora se acondicionan en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura; mientras la maquinaria de las devoluciones de migrantes vuelve a funcionar, según ha confirmado el propio Escrivá en el Congreso, con vuelos de deportación a Marruecos, Mauritania y, próximamente, a Senegal, países con acuerdos de readmisión de sus ciudadanos con España.

Canarias ya tiene sus 'hotspots' para migrantes

El ministro ha insistido varias veces en que el 80% de las personas que han llegado a Canarias "son expulsables". Según sus datos, solo un 17% de ellos ha pedido protección internacional y tiene derecho a permanecer en el país mientras se estudia su solicitud. El resto quedará indefinidamente atrapado en los nuevos campamentos.

La fórmula es aún inédita en España, pero se asemeja mucho a los controvertidos "hotspots" para migrantes que la UE diseñó en Italia y Grecia durante la llamada crisis de los refugiados de 2015. De hecho, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que se debate en Bruselas ya propone la creación de espacios cerrados en frontera para cribar a los posibles refugiados de entre los "migrantes económicos" que serán retornados. Según afirma Escrivá, buena parte de estos centros ensayados ahora en Canarias estarían gestionados por la OIM, "con los mejores estándares internacionales", apostilló.

El Gobierno, por el momento, guarda silencio sobre este asunto. Migraciones asegura que aún no puede facilitar información porque se está trabajando en el diseño de los campamentos. La OIM reconoce que su participación "está sobre la mesa", pero todavía está siendo debatida con el Gobierno. Sí confirma la presencia permanente de un técnico en Canarias a partir de enero para recopilar información y el asesoramiento de técnicos con experiencia en Grecia para instalar los campamentos, pero evita hablar de deportaciones o de retornos voluntarios. El ministerio de Exteriores, encargado de llegar a acuerdos con la OIM, no ha respondido por el momento a las preguntas de Público.

La OIM, pieza clave del control migratorio en África

La OIM se define como la "única organización intergubernamental mundial dedicada a los asuntos migratorios". Su objetivo es "promover la migración humana y ordenada en beneficio de todos", y entre sus funciones se encuentran los "retornos voluntarios asistidos", la lucha contra el tráfico de personas, la migración laboral, la salud y la respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia. Su financiación corre a cargo de sus estados miembro, que era prácticamente las grandes potencias mundiales hasta hace pocos años.

En 1991, contaba con 43 países adscritos y un presupuesto aproximado de 300 millones de dólares. En 2018, eran 172 países miembros y un presupuesto estimado en 18.000 millones de dólares, según un estudio de la red internacional de asociaciones e investigadores Migreurop.

Para estos investigadores, la OIM, parapetada en su faceta de organismo internacional que vela por el respeto de los derechos de los migrantes y su asistencia humanitaria, se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia de blindaje europeo de fronteras y control de los flujos migratorios hacia Europa. Destacan su gran presencia en Níger, hasta hace poco tiempo, una gran sala de espera para migrantes en el desierto del Sáhara donde se bifurcaban las rutas hacia Italia a través de Libia o hacia España a través de Argelia y Marruecos.

"La OIM es en Níger el Frontex del desierto. Es la principal pata de contención migratoria de la UE en el Sahel", afirma Oriol Puig, investigador del CIDOB y experto en flujos migratorios en esta franja africana. Según Puig, su política de contención se basa en estos programas de retorno voluntario al que muchas personas migrantes se acaban acogiendo para regresar a sus países tras varios intentos fallidos de cruzar a Europa, tras deportaciones desde Argelia que acaban con un abandono en el desierto o tras su paso por el horror de los centros de detención y tortura de Libia. "En realidad no es un retorno voluntario, es la única opción que les queda por las políticas de control y securitización que Europa extiende a los países africanos. Es cinismo", apunta.

También destaca las campañas de información que el personal de a OIM lleva a cabo en Níger y otros países para "desincentivar a los migrantes". Pero, sobre todo, apunta a la gestión de la OIM de gran parte del Fondo Fiduciario Europeo para África en "proyectos de cooperación al desarrollo que acaban condicionados o destinados al control de fronteras y políticas de seguridad y lucha contra la inmigración irregular".

Migreurop recuerda además que este millonario fondo europeo para África se aprobó tras la cumbre de La Valeta de 2015. Un año después, la OIM pasó a estar vinculada a la ONU e intensificó sus actividades en Níger, donde además de desarrollar sus programas de retorno voluntario, asiste al Gobierno en la gestión de sus fronteras y flujos migratorios con personal, infraestructura y tecnología punta.

"No sorprende que la OIM llegue a Canarias ahora. Es dar un paso más en un modelo ya construido. El programa de retorno voluntario asistido puede utilizarse para que los migrantes en Canarias, por puro cansancio, decidan regresar con un mínimo incentivo", concluye Puig.