"El odio ha salido a las calles, se pasea por nuestros barrios, está en el Congreso, se legitima en los medios de comunicación y se propaga en las redes sociales". Es el diagnóstico de la Asamblea Antirracista de Madrid y la razón principal de la manifestación convocada para este sábado en la capital bajo el lema "Contra las violencias racistas y los discursos de odio".

Es el quinto año que el movimiento antirracista sale a las calles y, en esta ocasión, la cita será a las 17.00 horas en la Plaza de Neptuno y terminará en la Puerta del Sol tras recorrer una parte de la Gran Vía (hasta la plaza de Callao). Y si en 2019 señalaban el peligro que representaba la extrema derecha, dos años y una pandemia después, el movimiento antirracista clama contra los efectos de la incorporación a la vida institucional, mediática y social de esta corriente ideológica que les pone en la diana.

Uno de los objetivos de la marcha de este año es aglutinar a una amplia base que ponga en cuestión la "discriminación estructural". Es decir, desde la violencia racista a la homófoba, pasando por la machista, explican los convocantes en un duro comunicado en el que hacen referencia al reguero de crímenes de odio que ha ido dejando el 2021.

No solo ponen en el foco en el asesinato a tiros de Younes el pasado mayo en Mazarrón (Murcia) al grito de "no quiero moros en el local", o los casos de las mujeres latinoamericanas apuñaladas en las colas de bancos de alimentos, o el reciente homicidio del ghanés Ossa M., abatido a tiros por la Policía en Villaverde. También recuerdan que la brutal paliza que acabó con la vida de Samuel en A Coruña o que la agresión de la pasada semana a una mujer trans, arrojada desde la muralla de Lugo, siguen un mismo patrón. "Todas las víctimas forman parte de grupos que estamos en el centro de los discursos del odio de la extrema derecha. Es fundamental construir alianzas entre todos", asevera Yeison García, miembro de la Asamblea Antirracista de Madrid.

Repunte de los delitos de odio

"La coyuntura no deja de dar señales del momento extremo, profundamente discriminatorio que se vive en territorio español", abunda el manifiesto. Y los datos respaldan estas tesis. Hasta julio de este año se habían interpuesto 610 denuncias por delitos de odio ante la Policía y la Guardia Civil, según los datos provisionales del Ministerio del Interior. Es un aumento del 9,3% respecto al mismo periodo de 2019, el año que marcó máximos desde que hay registros. Y, de todas, las infracciones más comunes son por racismo y xenofobia. La Fiscalía también ha advertido este año del aumento de los delitos de esta índole en redes sociales, campo de batalla por excelencia de la ultraderecha.

García advierte de que los efectos, tanto dialécticos como físicos, de haber normalizado el mensaje ultra son solo un peldaño más en un país que no ha hecho sus deberes contra la discriminación racial. "Antes de la extrema derecha ya estaba vigente la Ley de Extranjería, que jerarquiza los grupos sociales y niega el acceso a derechos a muchas personas", recuerda. Apunta a factores como la "amnesia colonial" y la falta de un "debate real sobre el racismo en el país" para dejar claro que "España no fue históricamente blanca".

Según critican en su manifiesto, "la glorificación del pasado colonial o la exaltación nacionalista española son el caldo de cultivo para los discursos de odio al migrante que fomentan las agresiones, exponen a las infancias o banalizan las muertes en frontera".

Entre las reivindicaciones de esta manifestación están la habitual lucha contra la Ley de Extranjería o el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Aunque este año también hacen hincapié en la necesidad de planes específicos para combatir el antigitanismo y la islamofobia y en la puesta en marcha de una ley que aborde el fenómeno del racismo en su totalidad.

"No se trata solo de avanzar en políticas de integración de migrantes, sino de sacar adelante políticas de reconocimiento de la diversidad étnico racial", afirma García. "Y para eso hacen falta datos que España nunca ha recabado", sostiene. En concreto, recuerda que las instituciones europeas ya "nos obligan" a obtener estadísticas sobre el origen étnico racial "fundamentales para tomar cualquier decisión", especifica. "España necesita saber su composición social, cuántos afrodescendientes van a la universidad, cuántos gitanos hay y cómo son los mecanismos para obtener estas estadísticas", explica.