El movimiento por la vivienda denuncia persecución por parte de la Generalitat, concretamente el Departament de Interior y los Mossos: se enfrentan a más de 200.000 euros en multas por participar en protestas contra desahucios. "Exigimos al Govern que retire las multas. No puede ser la principal amenaza a la que nos enfrentamos", ha afirmado Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres.

En una rueda de prensa ante la Conselleria de Interior, Aragonès, así como Eva Pous, de Alerta Solidària, Oriol Sales, del Sindicat d’Habitatge de Reus, y Lucía Soler, de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca del Bages, han denunciado que el movimiento ha recibido desde 2019 un total de 364 denuncias bajo la Ley Mordaza. La mayoría, 351, son por participar en protestas para parar los desahucios. Así lo ha explicado Pous, que ha añadido que la mayoría son por desobediencia y resistencia a la autoridad, a pesar de que desde junio la mayoría alegan obstrucción a la justicia. "Esto responde a las directrices de Interior contra el movimiento por la vivienda", explicó.

Las multas son de 601 euros cada una, suman un total de 206.000 euros y afectan tanto a redes de vivienda como sindicatos y núcleos de la PAH. Podrían ser más, porque los datos son incompletos al no tener de todos los grupos de vivienda del territorio. "Mientras no se desarrollen políticas de vivienda adecuadas, no pueden, encima, reprimir el movimiento", ha afirmado Aragonès, que ha recordado que todos los grupos parlamentarios menos el PP se opusieron a la Ley Mordaza cuando fue aprobada. Los grupos han denunciado que aunque los partidos del Govern llevan en sus programas la derogación de esta ley, en estos casos la aplican. Además, han vuelto a reclamar que no se utilice a la BRIMO y a la ARRO, las unidades antidisturbios de los Mossos, para efectuar los desahucios.

Reclaman la anulación de las multas vigentes

La demanda del movimiento es que el Govern anule las multas y no ponga más a partir de ahora, aunque han remarcado que si se tuvieran que pagar lo harían de manera colectiva. "Las actuaciones son colectivas, así que las respuestas deben ser necesariamente colectivas, también", remarcó Pous.

Los diferentes grupos han remarcado que la represión no los detendrá ya que nos encontramos ante una "emergencia social": entre abril y junio de este año hubo 2.624 desahucios, es decir, 40 cada día laborable. La moratoria vigente impuesta por el Estado debido a la pandemia no ha servido para detenerlos y se trata de una "cifra récord" que se teme que aumente cuando las medidas especiales por la crisis sanitaria decaigan. "Ninguna política para la vivienda ha sido bastante acertada o bien orientada, por eso existimos", ha concluido Oriol Sales, del Sindicat d’Habitatge de Reus.