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Multas durante el estado de alarma La Guardia Urbana multa tres veces a una red que reparte comida a migrantes sin papeles durante el confinamiento

La Red de Cuidados Antirracistas, que atiende a 150 personas sin recursos durante la pandemia, denuncia las sanciones a tres de sus voluntarios cuando realizaban repartos a familias, a pesar de contar con autorización. El Ayuntamiento asegura que es un "error" y que no tramitará las denuncias siempre que puedan justificar su presencia en la calle, aunque la red desconfía tras la última denuncia.

Una voluntaria de la Red de Cuidados Antirracistas lleva comida al domicilio de personas migrantes vulnerables durante el estado de alarma por el coronavirus.-MANU MITRU (CEDIDA)
Una voluntaria de la Red de Cuidados Antirracistas lleva comida al domicilio de personas migrantes vulnerables durante el estado de alarma por el coronavirus.-MANU MITRU (CEDIDA)

jairo vargas

Desde que se decretó el estado de alarma, varios colectivos de Barcelona vinculados al movimiento antirracista y de apoyo a las personas migrantes comenzaron a trabajar para que los más vulnerables no se quedaran en la estacada. Así nació la Red de Cuidados Antirracistas, centrada en asistir a los que nunca recibirán las ayudas que el Gobierno ha puesto en marcha durante la pandemia, sobre todo, a personas migrantes en situación irregular, explica el colectivo.

Un mes de restricciones a la libertad de movimiento han confirmado sus tesis. "Comenzamos ayudando a 30 personas, al entorno más cercano. Pero ya vamos por casi 150 y no podemos aceptar a más porque no tenemos capacidad", asegura a Público Lina Vanesa López, miembro de la asociación Sabor Pacífico y voluntaria de la Red de Cuidados. "Sobre todo atendemos a personas migrantes en situación irregular, que no disponen de tarjeta sanitaria, que no pueden beneficiarse de las ayudas públicas en estos momentos y que, sin poder salir a la calle, han perdido sus precarios medios de vida", sostiene.

Verduras donadas por Mercabarna a la Red, en el local de aprovisionamiento que han habilitado.

Entre las personas que requieren el apoyo de la red hay trabajadoras sexuales, gente que busca y vende chatarra, personas transexuales, "en definitiva, gente a la que ninguna institución está atendiendo", resume López, que precisa que muchos tienen menores a cargo. Entre ellos, hay alrededor de 50 hogares cuyos miembros no pueden salir a la calle, porque no tienen documentación y se arriesgan a ser detenidas por encontrarse en situación irregular, por lo que la plataforma trazó una ruta de reparto de alimentos a domicilio.

Empezaron con una ruta, pero ya tienen cinco recorridos trazados que los voluntarios recorren en coche. "Son personas que no pueden venir al punto de distribución que hemos organizado, pero que necesitan apoyo igualmente y con urgencia",  señala López, que insiste en que no son una ONG ni caridad, sino "personas organizadas que se apoyan mutuamente".

Nueva denuncia tras conseguir autorización

Sin embargo, a pesar de su labor y de contar con diferentes certificados para ejercerla, tres de sus voluntarios han sido denunciados por la Guardia Urbana de Barcelona mientras realizaban los repartos diarios. El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado a Público que no tramitarán esas denuncias y que no habrá sanciones si se puede acreditar la situación. Aunque la red se mantiene vigilante después de la última denuncia, el pasado 9 de abril.

Cada multa por desobediencia a la autoridad oscila entre los 300 y los 30.000 euros 

Las dos primeras le fueron impuestas el 31 de marzo a dos de voluntarios en el barrio Gràcia. "Nos pararon tres furgones, nos pidieron la documentación y les explicamos lo que estábamos haciendo. Teníamos la furgoneta cargada de bolsas de comida y el certificado autorresponsable de desplazamiento de la Generalitat", relata Jonis, uno de los denunciados.

Pero los agentes no lo consideraron suficiente, les obligaron a volver a casa y les notificaron la denuncia de infracción del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, por desobediencia o resistencia a la autoridad, que contempla multas de entre 601 y 30.000 euros. "Además del susto, ese día se quedaron sin comer ocho familias. Creo que es injusto", apunta Jonis.

La red denunció la situación públicamente y, según explican, el Ayuntamiento de Barcelona se puso en contacto con ellos para tratar de buscar una fórmula en la que no corrieran el riesgo de ser multados por una labor que, según fuentes del Consistorio, "no solo no se persigue, sino que se apoya". El Ayuntamiento, de quien depende la Guardia Urbana, reconoce abiertamente que se trató de un "error" y que "las multas no se van a tramitar en ningún caso", siempre que las personas denunciadas puedan acreditar los desplazamientos.

Tanto la red como el Ayuntamiento aseguran que se continuó con los repartos gracias a un certificado expedido por SOS Racisme Catalunya. "Pensábamos que todo estaba correcto, pero hace unos días, otra compañera también fue parada y denunciada durante el reparto", asegura López. Agradecen el apoyo del Ayuntamiento, pero no entienden por qué se les sigue "entorpeciendo y atemorizando" a pesar de contar con los permisos.

Una voluntaria carga el maletero con bolsas de alimentos básicos antes de salir al reparto entre los hogares que las necesitan.-MANU MITRU (CEDIDA)

"Si no podemos repartir, muchos alimentos se estropean y muchas familias se quedan sin nada porque solo tienen esto", afirma la voluntaria, que señala que este tipo de decisiones policiales "asustan a los voluntarios" en momentos en los que son más necesarios que nunca. "No terminamos de fiarnos porque los agentes dijeron que llegarían las multas, y son grandes cantidades de dinero para personas con muy pocos recursos", sentencia.

"El 'modus operandi' policial con los migrantes siempre es más duro", denuncian

Ana Gómez Salas, abogada de la Red Jurídica Antirracista, confía en que el Ayuntamiento no tramite ninguna de estas sanciones, aunque precisa que presentarán alegaciones si finalmente ocurre. Sin embargo, la letrada precisa que el contexto actual de recorte de libertades siempre "golpea con más dureza a las personas migrantes y racializadas". A pesar de contar con permisos y con respaldo del Ayuntamiento, recuerda que "la Policía se comporta siempre de forma arbitraria en función de quién sea la persona identificada", y que la misma situación, dependiendo del agente, puede acabar o no en sanción.

"El modus operandi policial con los migrantes siempre es más duro", lamenta esta letrada, que asegura que son muchos los casos de sanciones que su colectivo está recibiendo de personas extranjeras. Las identificaciones policiales por perfil étnico, conocidas también como "redadas racistas" ya eran una denuncia constante de los colectivos antirracistas y migrantes, aunque el estado de alarma ha disparado estas prácticas, según han denunciado diferentes organizaciones en las últimas semanas.

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