La mutilación genital femenina (MGF) está considerada una práctica a erradicar, como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, pero sigue siendo algo habitual en una treintena de países. El abuso acarrea no solo daños físicos y psicológicos irreversibles para las víctimas, sino también un lastre económico al que por primera vez se pone cifra: casi 1.300 millones de euros en tratamientos.

Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina este 6 de febrero, la ONU alerta de nuevo del riesgo que corren solo este año 4,1 millones de niñas. Más de 200 millones de mujeres han sufrido esta práctica, que como recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS) no aporta ningún tipo de beneficio médico.

En cambio, sí están constatados los daños físicos y psicológicos derivados de la MGF. Traumas, infecciones o hemorragias son solo un primer riesgo para unas niñas y mujeres que arrastran las consecuencias de por vida, hasta el punto de que tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el parto, enfermedades mentales o infecciones crónicas.

La OMS constata en un nuevo informe que atender todas estas necesidades costaría al año 1.400 millones de dólares, lo que supondría para los supondría para los países destinar entre el 10 y el 30% de sus presupuestos anuales a financiar tratamientos. En cambio, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el coste de prevenir la mutilación ronda los 95 dólares por niña.

El director del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la OMS, Ian Askew, recuerda con motivo de este día que "la MGF no es solo un abuso catastrófico de los Derechos Humanos que perjudica la salud física y mental de millones de niñas y mujeres", sino que también supone "una fuga de recursos económicos vitales para un país".

En esta misma línea, el responsable de Cobertura Sanitaria en la oficina de la OMS en África, Prosper Tumusiime, avisa de que "los altos costes médicos" evidenciados en el informe no hacen sino poner cifra al "trágico impacto personal" de una práctica que termina por afectar a la sociedad en su conjunto a distintos niveles.

Según los datos recogidos en 27 países, la erradicación de la MGF permitiría ahorrar más del 60 por ciento de los costes en treinta años. No actuar, en cambio, incrementaría el gasto en un 50 por ciento, habida cuenta del aumento previsto de la población.

La cifra de niñas mutiladas al año podría elevarse en una década a 4,6 millones y, de mantenerse la tendencia actual, más de 40 millones de niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años habrán sido mutiladas durante este tiempo, advierte la ONG Plan International.

Jaha Dukureh, embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres

La retirada total o parcial de los genitales externos de las mujeres es reconocida internacionalmente como una violación de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, como atestiguan víctimas como la gambiana Jaha Dukureh, embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres. En su caso, sufrió una mutilación de tipo tres, que contempla el estrechamiento de la abertura vaginal.

Dukureh, que llegó a Nueva York cuando tenía 15 años para casarse con un hombre al que ni siquiera conocía, decidió alzar la voz contra la MGF tras quedarse embarazada de su hija. A pesar de las críticas de su propia comunidad, que también salpicaron a su familia -especialmente a su padre-, inició una campaña con la que espera poder ayudar a otras niñas.

Su mensaje a las familias que se plantean someter a sus hijas a procesos similares es claro: "Deberían mirar los efectos perjudiciales, tanto médicos como psicológicos, y entender que no tiene ningún beneficio". Las consecuencias de la mutilación "son de por vida e irreversibles", explica en declaraciones a Europa Press.

Dukureh también se dirige a las víctimas, para que entiendan que "lo que han pasado no define su fortaleza o quiénes pueden llegar a ser en la sociedad". "Su voz es una herramienta poderosa para que esta práctica no continúe", añade la embajadora, que reconoce que hay personas que han cambiado de idea al hablar con ella o con su equipo.

Las campañas internacionales han logrado que 26 países de África y Oriente Próximo hayan introducido en sus respectivos códigos penales medidas expresas contra la mutilación. Gambia introdujo una ley en 2015 que prohíbe la práctica y castiga a quien la ejerza, pero la medida cala poco a poco en una sociedad patriarcal y musulmana que sigue viendo la MGF como una tradición cultural o incluso una obligación religiosa.

En Gambia, tres de cada cuatro mujeres han sido mutiladas, en su mayoría entre los dos y los catorce años, como recuerda la ONG Safe Hands for Girls, fundada por una Dukure que no pierde la esperanza. "La MGF no se ha terminado en Gambia, pero las cosas han mejorado de forma significativa y creo que algún día se va a acabar", proclama.