Vicente Casinos Garcés, apodado el Feo, y detenido en diciembre del pasado año en los poblados marítimos de València en posesión de armas, es una de las primeras personas identificadas por colectivos antifascistas entre los presuntos infractores de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia del País Valencià, tras participar y exhibir símbolos franquistas en la manifestación de España 2000 contra el Gobierno en el barrio de Benimaclet el pasado 12 de octubre.

Durante la manifestación, Vicente Casinos llevaba una cazadora con parches nazis y el escudo de la División Azul con la cruz gamada y la calavera SS Totemkopf. Al final de "la marcha de las antorchas" el vigilante posó con el resto de los manifestantes ante la iglesia de Benimaclet, protegidos por furgones de los antidisturbios. El ultraderechista y excandidato electoral de España 2000 sujetaba una gran bandera franquista mientras el grupo, a coro, haciendo el saludo fascista, cantaba el Cara al sol.

Un histórico nazi valenciano

El Feo, de 60 años, es un histórico de los cabezas rapadas de la ciudad de València, especialmente activos en la década de 1980, e inmerso en bandas nazis como Acción Radical, que el propio Casinos reivindica aún hoy en día en sus redes sociales. En 1993 se vinculó a Acción Radical con el entorno de los asesinos del joven antifascista valenciano Guillem Agulló, pero la Guardia Civil zanjó esa vía de investigación, como publicó el semanario El Temps .

Vicente Casinos empezó como vigilante para Levantina de Seguridad, la empresa propiedad del renovado líder de España 2000 José Luis Roberto. En el presente trabaja para la empresa Clece, propiedad de Florentino Pérez, y presta sus servicios de seguridad en el Hospital Clínico de València, donde se le puede distinguir por llevar tatuada en el anverso de su mano derecha una gran calavera de la División SS Totemkopf.

En noviembre del pasado año, Vicente Casinos fue detenido en su casa del barrio del Cabañal por orden de la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior, al detectar que acumulaba numerosas armas y simbología nacionalsocialista y hacía ostentación del armamento mientras posaba desnudo de torso para arriba para enseñar sus tatuajes nazis repartidos por todo su ciclado cuerpo. Esta intervención policial sobre este conocido nazi se circunscribió dentro de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, aprobada por la Presidencia de Gobierno el 22 de febrero de 2019.

Para los agentes de Madrid, este señor "ofrecía una potencial peligrosidad" y, sobre todo, por la gran reiteración de insultos y amenazas a periodistas y políticos a través de diversas cuentas en redes sociales. Recientemente ha puesto el punto de mira en la periodista Elisa Beni, exmujer del magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez y a la también periodista Cristina Fallarás, a las que insulta en sus cuentas de redes sociales.

Uno de los primeros identificados

Vicente Casinos tendrá, llegado el momento, el triste honor de ser uno de los primeros sancionados por exaltación de la dictadura y el fascismo, en aplicación de la legislación valenciana. Esta ley 14/2017, de noviembre, de memoria democrática para la convivencia del País Valencià, entró en vigor el 23 de diciembre de ese mismo año, tras su publicación en el BOE.

Pero, desde su promulgación, esta ley nacida para proteger la memoria histórica y combatir la exaltación de la dictadura franquista en todos sus aspectos, nunca ha sido aplicada porque nunca se ha levantado en el País Valencià un atestado policial reseñando actos de exaltación franquista.

En los próximos días, entidades sociales facilitarán a la Administración autonómica los datos de las personas identificadas, tanto del vigilante de seguridad nazi Vicente Casinos, como de otros posibles infractores. Se da la circunstancia que la Delegación del Gobierno del País Valencià ya ha informado de que en los atestados policiales no se identifica a nadie por exhibir símbolos franquistas, pero sí a miembros de colectivos vecinales y antifascistas.

La Ley de Memoria Democrática valenciana prevé para los posibles infractores sanciones derivadas de la aplicación del artículo 39.1, que señala que "la exhibición pública de escudos, insignias, placas y demás objetos se consideran contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas", como declaró la semana pasada a los medios de comunicación la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo, a la sazón coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV).

Asimismo, según esta ley sancionadora el acto protagonizado por el vigilante de seguridad se considera una infracción grave, según el artículo 61.3.g, que dice que "el incumplimiento de la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la memoria democrática" y que se sanciona con una multa que podría llegar a los diez mil euros.