SICILIA.- Decenas de menores de entre 13 y 17 años provenientes de África subsahariana se reúnen cada día en la Estación Central de Catania a la espera de partir en autobús hacia las principales ciudades de Italia, por lo general Roma o Milán. El propósito de su viaje es, precisamente, encontrarse con los familiares que se ubican en otros países del norte de Europa, como Francia o Alemania.

Son niños, en su mayoría eritreos, que llegan solos a las costas de Sicilia tras un largo y peligroso trayecto en balsas de goma desde Libia o Egipto. Después, tras su registro en los centros de identificación (los llamados 'hotspots'), son enviados a comunidades para menores de las que deciden escapar. Prefieren dormir todos juntos en un aparcamiento público solo con el deseo de conseguir el billete de transporte que los aleje de Sicilia.

Como relatan técnicos de Oxfam Italia que socorren a estos menores, su espera en la calle responde “a las malas condiciones del sistema de acogida” italiano y, en menor medida, a un deseo personal. “El interés de los niños es no esperar los tiempos burocráticos porque todos tienen parientes repartidos por Europa. Incluso los familiares les aconsejan seguir adelante y no volver a los centros (de acogida)”, explica Andrea Bottazzi, operador de la unidad móvil de Oxfam Sicilia en Catania. Ésta, dentro del proyecto OpenEurope, recorre las calles de la isla del sur de Italia en busca de las personas migrantes excluidas o ignoradas por el sistema de acogida italiano y brindarles la asistencia denegada -lo que también incluye a adultos a los que se les ha denegado el asilo.

En este caso, al ser menores y especialmente vulnerables, los operadores del proyecto -que también incluye a la asociación Borderline Sicilia y a la Diaconía Valdese- les dicen dónde pueden dormir, comer, limpiarse, vestirse y les ayudan a contactar con sus familias para conseguir el dinero necesario para abandonar la isla italiana (de 38 a 78 euros en autobús hasta Roma).

Nunca volver a los centros de acogida es una opción plausible para estos niños que imaginaban el suelo europeo como un lugar de garantía de sus derechos. Alberto Biondo, de Borderline Sicilia, relata esta semana que cada día reciben más llamadas de menores de diferentes ciudades sicilianas (Trapani, Palermo, Agrigento, Catania) que se sienten “abandonados y maltratados, sobre todo a nivel psicológico” por el sistema de acogida italiano.

Como denuncian diversas organizaciones y expertos, las comunidades de menores en Sicilia no cumplen los requisitos para cubrir las necesidades básicas de los niños no acompañados, como asegurar una adecuada asistencia médica, psicológica, formativa y lingüística. Además, muchos centros de menores están cerrando por falta de financiación -de cada Administración local competente- y aquellos que se mantienen resultan insuficientes dado el incremento de menores no acompañados que están llegando este año al sur de Italia.

Las organizaciones que operan sobre el territorio confirman esta tendencia y, según ACNUR, más de un 16% de las 80.000 personas que han llegado este año a Italia son menores. Además, un estudio reciente de la Fundación ANCI-Cittalia revela que entre 2010 y 2014 el número de menores extranjeros no acompañados acogidos por las localidades italianas se ha triplicado de 4.588 a más de 13.500.

“Son muchas las problemáticas de las comunidades de menores por falta de financiación y de organización”, da cuenta el abogado Roberto Majorini, encargado de dar asesoramiento jurídico a los menores migrantes. “Las comunidades que no tienen dinero empiezan a eliminar servicios, como por ejemplo la escuela.  La comunidad ha de garantizar que el niño siga una formación, buscando integrarse, aprender la lengua italiana, ir a la escuela y buscar un trabajo. Normalmente sucede que cuando el niño cumple 18 años, si no se garantizan estos servicios, no tiene nada”, detalla.

Majorini, desde su propia experiencia en los centros, denuncia que también faltan mediadores lingüístico-culturales que conozcan las lenguas de origen de los niños, como el árabe o la lengua tigriña, “ya que la mayoría solo hablan francés o inglés y ocasiona problemas de comprensión en los menores”. La falta de tutores para estos menores, de asignación obligada por cada niño que entra en la comunidad, también conlleva dificultades para obtener el permiso de estancia en Italia.

“La figura del tutor debería sustituir a los padres del niño, pero en la mayoría de casos ni siquiera lo conoce o habla con él. Incluso sucede que acaban desapareciendo cuando el menor tiene problemas para conseguir el permiso de estancia”, argumenta el abogado.

Lucia Borghi, de Borderline Sicilia, añade que los centros de menores, que no están recibiendo la financiación local, están dejando a los que alcanzan la mayoría de edad “abandonados en la calle de un día para otro sin ninguna tutela y expuestos a los peligros de tráfico y explotación”.

A las amenazas del tráfico o la prostitución también se arriesgan los menores que escapan de los centros. “Los traficantes de tierra se aprovechan de un sistema de acogida indigno. Es un sistema que está colapsado”, se lamenta Alfonso di Stefano, miembro de la Red Antirracista Catanese, quien recuerda que en Milán existe una plaza de menores eritreos que se prostituyen y nadie toma medidas.

Los traficantes, además, se aprovechan del miedo de los menores que necesitan retirar dinero o pagar billetes de transporte haciéndoles abonar una cantidad mucho mayor si ellos se lo retiran -y en otros casos desaparecen con el dinero. “Hay traficantes que se han llevado más de 700 euros enviados de unos padres a su hijo a través de Western Union”, ejemplifica una voluntaria de Oxfam Italia.

Una de las grietas más importantes del sistema de acogida italiano es la falta de información sobre el procedimiento de asilo a las personas migrantes que desembarcan en el país, práctica que debería asegurarse a los sujetos más vulnerables como los menores y las mujeres una vez arribados o en los centros de registro ('hotspots').

“Los menores que nos encontramos en la calle aún no saben qué es el derecho de asilo”, explica Bottazzi. Por imperativo legal, toda persona migrante llegada a través del Mediterráneo tiene derecho a recibir información sobre cuáles son sus derechos y cómo pedir protección internacional en un plazo de 48 horas.

Sin embargo, como denuncian muchas organizaciones humanitarias en Sicilia, la labor informativa no se garantiza o se realiza de forma arbitraria. “En toda Sicilia solo hay dos o tres operadores de ACNUR o la OIM para realizar la actividad informativa. En los desembarcos una sola persona habla para un grupo de centenares”, relata Alberto Biondo, miembro de Borderline Sicilia y presente en muchas de las llegadas a los puertos sicilianos.

Además, como cuenta Alberto Mallardo del proyecto Mediterranean Hope, ocurre que muchos menores son identificados como adultos y de países de origen distintos por la policía “para no tener derecho a la recolocación”. Esto sucede porque, bajo el Reglamento de Dublín III en vigor, solo los menores que han sido identificados pueden abandonar Italia hacia otro país europeo sin ser repatriado.

Por el contrario, los adultos que obtienen el permiso de asilo deben permanecer en Italia y esperar a la recolocación asignada por Europa (si forma parte de los cuatro países con derecho a la recolocación, que por el momento son Siria, Eritrea, Irak y República Centroafricana). Algo que puede limitar el camino de los menores no acompañados hacia la reagrupación familiar e incluso provocar su expulsión. “No hay nadie que controle estas prácticas y es sobre el papel rellenado por la policía del que dependerá el futuro del niño”, afirma Mallardo.

Otra praxis del todo ilegítima que se ha producido con menores hasta marzo de este año, y que continua ejecutándose con migrantes marroquíes, tunecinos y egipcios, es aquella de las devoluciones 'en caliente' que obligan a los recién llegados a abandonar el país en 7 días. “Recuerdo un chico en estado de hipotermia al que la guardia médica le había anotado 17 años y en cuyo papel de devolución constaba 18 años por la policía. Estaba en la calle”, cuenta el abogado Majorini.

Los centros de registro ('hotspots') tampoco son lugares en los que se respeten los derechos básicos de los menores no acompañados. Se trata de nuevos puntos de identificación impuestos por la UE a finales de 2015 en Italia, en los que se registra y se toman las huellas digitales de toda persona que alcanza suelo europeo. El periodo máximo de estancia es de 48 a 72 horas. Sin embargo, muchos menores permanecen entre 2 y 3 meses dentro de estas estructuras que retienen a centenares de personas.

“En el hotspot de Lampedusa el problema es que la gente se queda meses allí dentro, sobre todo los menores no acompañados porque no hay sitio en las comunidades”, explica Maria Cristina de Médicos sin Fronteras Italia. Lucia Borghi, de Borderline Sicilia, denuncia que en estos centros de registro “los chicos son retenidos por semanas sin una asistencia médica, psicológica y legal adecuada”.

Tal y como reporta una persona infiltrada en el hotspot de Lampedusa a Público -centros cerrados aún a los periodistas-, los menores viven mezclados con los adultos y su baño se ha cerrado tras descubrirse que derramaba orina a una habitación de la planta inferior donde dormían varias personas. Por ello, los menores se ven obligados a caminar “más de 10 minutos” para ir hasta al baño de los adultos y acaban por orinar en botellas de plástico. Esta situación se mantiene desde el mes de junio. Además, las condiciones higiénico-sanitarias no son las adecuadas ya que, como realata el infiltrado, los dormitorios tienen colchones sin sábanas y están repletos de ácaros y otros insectos que pueden transmitir enfermedades.

Para Borghi, “la falta de lugares en los centros para menores no puede justificar su continuidad en estas estructuras” y asegura que su asociación está trabajando para transferir a los niños a los centros de menores de todo el país. El colectivo Askavusa, que opera en Lampedusa, defiende que la escasa disponibilidad de sitios para menores en todo el país “no es indiferente al hecho de que por cada menor la entidad gestora del hostspot recibe 90 euros” a través de los fondos europeos.

“Los migrantes están más tiempo en Lampedusa porque de otra forma La Misericordia (entidad gestora del hotspot) trabajaría como mucho dos días a la semana y no podría amortizar el dinero que paga a sus empleados”, sostiene Biondo. Por tanto, las estancias se alargan en función de la cantidad de migrantes que desembarcan en las costas sicialianas con el objetivo de mantener los centros repletos. Alfonso di Stefano ratifica la misma práctica en el 'hotspot' de Mineo, el más grande de toda Europa, gestionado por Mafia Capitale.

“La acogida es un 'mega business' de la mafia del capital para asumir personal poco profesional de manera clientelar. Para fingir que la Europa fortaleza hace acogida. Sin embargo, no dejan de ser prácticas deshumanas para utilizar los inmigrantes no como personas sino como objetos de intercambio”, critica.

En los últimos meses, varios menores han sido acusados de contrabandistas una vez alcanzan suelo italiano con las barcas. Son individualizados por varios testimonios al ser los que portan el teléfono, el gps o la brújula en la embarcación. Pero, en realidad, son los verdaderos traficantes que permanecen en Libia los que obligan a estos menores a guiar la barca hasta el Mediterráneo bajo amenazas.

“Los traficantes eligen a los menores porque tienen más posibilidades de salir impunes ante la ley. Los que se quedan en Libia son los poderosos, pero al Estado italiano no le interesa identificarlos porque existe toda una serie de intereses económicos subyacientes a estas operaciones”, explica la abogada Cinzia Pecoraro, encargada del caso del menor gambiano Joff.

El proceso de Joff ha servido para desligitimar el método de radiografía ósea que utiliza el Estado italiano para determinar la edad de las personas migrantes. Como relata la abogada Pecoraro, Joff fue acusado de contrabandista y enviado a la cárcel tras someterse al examen radiográfico y dictaminar que tenía más de 18 años. Pero, en realidad, el menor que viajaba sin acompañante tiene 15 años y fue corroborado gracias al certificado de nacimiento que envió su padre a la abogada. Ahora permanece en un centro de menores.

“Es una sentencia histórica porque el juez no solo confiesa una indulgencia médica, sinó que critica el método aplicado en Italia”, se alegra Pecoraro. Pese a todo, Europa continua sin prohibir la utilización de este método del todo primitivo para las nuevas generaciones y las distintas razas que llegan al continente. “Ir a buscar siempre al contrabandista es una forma de enmascarar el verdadero problema: la tragedia de miles de migrantes que se mueven desde Libia y llegan a Italia en absencia de la protección de sus derechos”, razona Majorini.

El menor que viaja solo es un sujeto muy vulnerable al que el sistema de acogida implantado por Europa desprotege y olvida. Cada vez llegan más menores que necesitan una atención digna y personalizada. Gracias a la labor de muchas organizaciones italianas independientes, estos niños reciben asistencia médica, legal, comida y alojamiento en el país de llegada. Pero es responsabilidad de toda la UE proteger a estos menores que huyen de la miseria, la guerra y otras calamidades en su país de origen.

Como escribía Borghi tras visitar el 'hotspot' de Pozzallo, “el sistema de acogida llama a una urgente revisión de todas las políticas migratorias de los últimos años y a la necesidad de abrir corredores humanitarios que permitan un acceso legal a las personas refugiadas”.

*Agradecimiento especial al fotoperiodista Francesco Bellina, al periodista Marco Bova, a María Fernández Durán, a Giorgia Girometti de Médicos Sin Fronteras, al colectivo Askavusa y Mediterranean Hope, y a Alberto Biondo y Lucia Borghi de Borderline Sicilia.