El Consejo de Ministros aprobó este martes una medida por la que los teléfonos de atención al cliente de líneas 902 de las empresas que prestan servicios básicos, tanto públicas como privadas, pasan a ser gratuitos, con lo que pone fin a los "abusos" de las líneas 902.

Para el resto de empresas se establece la obligatoriedad de contar con un número de teléfono fijo o móvil, que deberá estar presente en la publicidad de la atención al cliente. En cualquier caso, ningún teléfono de atención al cliente podrá suponer un coste mayor al de una llamada telefónica a fijo o móvil.

El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Consumo, persigue así garantizar que los consumidores dispongan siempre de un número de tarificación básica para sus relaciones con las empresas, públicas o privadas, con las que adquieren productos o servicios. Hasta ahora, muchas empresas optaban por números de tarificación especial que disuadían a los consumidores y usuarios en el acceso a los servicios de atención al cliente, especialmente a las personas consumidoras vulnerables.

En el grupo de empresas que prestan servicios básicos de interés general, y que deberán disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente, están las suministradoras de agua, gas, electricidad, servicios financieros y de seguros. Además, se incluye a las empresas postales, de transporte aéreo, terrestre y marítimo, las de protección a la salud, así como a las de saneamiento y residuos.

Sin "abusos" ni "sobrecostes" en las facturas 

La medida del Ministerio de Consumo acabará con los "abusos y sobrecostes" en las facturas telefónicas provocadas por las llamadas a servicios de atención al cliente, según el departamento dirigido por Alberto Garzón.

En el caso de los números 902, el coste por minuto se sitúa entre los 0,12 y 0,40 euros, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se trata de una iniciativa que beneficia a toda la población, especialmente a la que tiene menos recursos.

Con esta medida se modifican los artículos 21.2 y 49 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La norma acota el concepto de tarifa básica telefónica y, con ello, resuelve las discrepancias en la interpretación que muchas empresas han hecho para imponer la numeración de tarificación especial en la atención al cliente.

Asimismo, la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios incorpora como infracción el incumplimiento de estas obligaciones relativas a los servicios de atención al cliente, de manera que se garantiza la imposición de sanciones por las comunidades autónomas en caso de incumplimiento.