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Los obispos no aprecian una demanda social a favor de la eutanasia y piden una ley de cuidados paliativos

La Conferencia Episcopal presenta en Bilbao un informe que ignora las últimas encuestas y en el que se asegura que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son objeto de "campañas propagandísticas". 

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El obispo de Bilbao, Mario Iceta. EFE/Archivo

Los obispos no creen que exista una demanda social a favor de la regulación de la eutanasia, tal y como plantean el PSOE y Unidas-Podemos en su preacuerdo de Gobierno, y han reclamado en cambio una ley de cuidados paliativos que atienda a todas las personas que lo necesiten al final de la vida.

Así lo recoge el documento Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, presentado este miércoles por el presidente de la subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida y obispo de Bilbao, Mario Iceta.

Aunque el documento asegura que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son objeto de "campañas propagandísticas", Iceta no ha querido valorar la intención del Ejecutivo de aprobar una ley para despenalizar esta práctica, pero ha advertido de que muy pocos países la permiten.

El informe parece ignorar que en los últimos meses diferentes encuestas muestran un apoyo récord a una ley de muerte digna, sobre todo tras el caso del matrimonio formado por Ángel Hernández y María José Carrasco. Él ayudó a morir a su pareja, enferma de esclerosis múltiple y condenada a vivir en una silla de ruedas sin poder moverse y sin poder hablar. El caso de Ángel Hernández, acusado de un delito de cooperación al suicidio, despertó una ola de solidaridad en España. Tres iniciativas populares entregaron el pasado mes de juliuo en el Congreso de los Diputados más de un millón de firmas, recogidas a través de la plataforma Change.org, para reclamar la despenalización de la eutanasia y apoyar a Ángel Hernández.-

El texto afirma que el debate actual sobre la eutanasia no se plantea como una cuestión médica, sino "más bien ideológica" con "campañas encaminadas a suscitar opiniones favorables a la eutanasia y el suicidio asistido" como apelar a una "situación dramática especialmente llamativa que interpele la sensibilidad colectiva" y el uso de eufemismos como "muerte digna".

El informe de los obispos censura, además, que se presente a los defensores de la vida como "retrógados, intransigentes, contrarios a la libertad individual y al progreso" y que se pretenda "trasmitir la idea de la que la eutanasia es una demanda urgente" de la sociedad.

En este sentido, Iceta ha opinado que existe una "gran confusión" en torno a la eutanasia porque no existe una demanda social a su favor. "No hay demanda de morirse, sino de aliviar el cansancio, el sufrimiento, el dolor o la incapacidad física".

El informe de los obispos parece ignorar que en los últimos meses diferentes encuestas muestran un apoyo récord a una ley de muerte digna

"Queremos eliminar el sufrimiento del enfermo, no al enfermo que sufre", ha subrayado Iceta, que ha defendido los cuidados paliativos y el uso de la sedación terminal en los casos en los que esté indicado, aún cuando ésta suponga acortar la vida del paciente.

A la presentación de este documento han asistido también el médico Jacinto Bátiz y la enfermera Encarnación Isabel Pérez, expertos en cuidados paliativos, que han denunciado que de las 125.000 personas que necesitan anualmente este tipo de atención, 60.000 no la reciben y mueren sufriendo.

Bátiz ha lamentado que sólo salgan a la luz pública los casos de suicidios asistidos, cunado hay muchos enfermos bien atendidos que reciben los cuidados paliativos y mueren en paz.

El documento de la Iglesia advierte de que legalizar la eutanasia "abre la puerta" a que ésta se aplique a situaciones cada vez menos extremas. "Se sabe que esas figuras, pensadas inicialmente para casos dramáticos, terminan expandiéndose y aplicándose a casos mucho menos graves. Esto sucede tanto a nivel legal como a nivel práctico".

"Legalmente, las condiciones requeridas se relajan en modificaciones posteriores de la ley y así, de practicarse solo a petición expresa y consciente del enfermo, se pasa a aplicar en personas incapaces de expresar su consentimiento", avisa.

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