La oposición se compromete a restituir la sanidad universal

MADRID.- La mayoría de los partidos de la oposición ha hecho hoy frente común contra la reforma sanitaria puesta en marcha por el Gobierno del PP y se ha comprometido a incluir en sus programas electorales la "restitución efectiva" del derecho universal a la salud para todos los ciudadanos que viven en España.

Lo han hecho con la firma de la Declaración Institucional por la Universalidad de la Salud, impulsada por casi medio centenar de organizaciones y que ha sido presentada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en un acto que ha contado con la presencia de representantes de muchos de estos partidos.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez; el diputado de CiU Carles Campuzano; los de IU Cayo Lara y Gaspar Llamazares, y el de UPyD Toni Cantó son algunos de los políticos que han asistido al acto, en el que han coincidido en la necesidad de poner fin al real decreto ley 16/2012.

Los partidos que han suscrito la declaración son PSOE, CiU, PNV, IU, UPyD, ERC, BNG, Coalición Canaria, Geroa-Bai, Amaiur, Nueva Canaria, Equo, Compromís y Podemos.

La presidenta de Médicos del Mundo, Sagrario Martín, ONG impulsora de la iniciativa, ha afirmado que el derecho a la salud es "universal" y que con las reforma sanitaria la vulnerabilidad de los colectivos más afectados por la crisis "se multiplicó".

Desde el PSOE, Pedro Sánchez ha hecho hincapié en que la reforma "rompió el consenso" que existía en torno al Sistema Nacional de Salud (SNS) y acabó con su universalidad al excluir a los inmigrantes que se encuentran en España de forma irregular de la atención sanitaria y establecer el copago farmacéutico, entre otras medidas.

Según la Declaración a la que se han comprometido los partidos, con la reforma, 873.000 tarjetas sanitarias de personas extranjeras residentes en España fueron dadas de baja y aún hay un "alto porcentaje" de ciudadanos que, pese a estar amparadas por el real decreto, "están sufriendo la exclusión sanitaria".

Por ello, los partidos firmantes se comprometen, entre otras cosas, a poner en marcha medidas legislativas, políticas y presupuestarias para "restituir" el modelo sanitario acorde con el "principio de universalidad" de la asistencia sanitaria como entienden que contemplaba la legislación anterior al real decreto.

Desde el ámbito autonómico, y mientras siga en vigor la reforma, tendrán que garantizar el diseño y difusión de procedimientos para que en todas las autonomías se respeten los supuestos en los que se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria: a menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo y víctimas de trata.

Una reforma "cruel" e "inútil"

Carles Campuzano ha calificado de "cruel" e "inútil" la reforma y ha recordado que hace dos años cuando se votó en el Parlamento la oposición pidió su retirada, mientras que Llamazares ha sostenido que la sanidad es "un derecho humano y ciudadano" y que, precisamente, los ciudadanos han salido a la calle para defenderlo.

Toni Cantó ha señalado a los partidos que no han firmado el texto como PP o Ciudadanos, que son, los que, a su juicio, permiten que una persona pueda morir en la puerta de un hospital sin ser atendida. A juicio del diputado de Amaiur Mikel Errekondo "la salud no es un lujo, ni un capricho" y ha lamentado que el PP haya provocado que haya "ciudadanos de primera y segunda", al igual que Joan Tardá, de ERC, quien ha opinado que la reforma sanitaria es "perversa".

Rosana Pérez, parlamentaria de BNG, ha apuntado que su formación desde siempre ha recogido en sus programas electorales el derecho a la salud y la diputada de Compromís Mónica Oltra ha estimado que el real decreto "denigra a las personas" y no hace que el SNS sea ni más eficiente, ni más barato.

El coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, ha destacado que la reforma es un paso más hacia "la Europa egoísta" que "no quiere reconocer los derechos de las personas", en tanto que el responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha instado a acabar con el "apartheid sanitario" y la "violación sistemática de Derechos Humanos".