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Organizaciones feministas presentan una ley para abolir la prostitución y sancionar a los puteros

Más de un centenar de organizaciones han participado en la propuesta que fue presentada públicamente este miércoles y que pretende ser una ley orgánica. Exigen al Gobierno y a los partidos políticos prohibir cualquier tipo de actividad económica que se base en la explotación sexual de mujeres y niñas

Prostitución
Manifestación por la abolición de la prostitución (imagen de archivo). EFE

Marisa Kohan

Más de un centenar de mujeres y organizaciones feministas de diversos rincones de España han participado en la elaboración de lo que denominan una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, que va encaminada a desactivar la demanda y prohibir cualquier tipo de actividad económica que se base en la explotación sexual de mujeres y niñas. La propuesta abraza el modelo sueco y propone sancionar penalmente a proxenetas y a puteros.

Se trata de una iniciativa que nació en noviembre del año pasado impulsada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) y que se convirtió en un proceso asambleario que sumó a organizaciones de todo el Estado. Un año después se ha presentado a la opinión pública en un acto virtual en el que participaron cerca de 400 mujeres y asociaciones españolas, pero también de otros países como Argentina o Australia.

El texto pivota sobre tres ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la protección de la mujeres en situación de prostitución, a las que excluye de cualquier responsabilidad y les garantiza el mismo marco de protección, asistencia y acceso a la justicia que el que tienen las víctimas de violencia de género. Considera la prostitución como una "violencia extrema" hacia mujeres y niñas y propone la reforma de la ley contra la violencia de género de 2004, para incorporar en ella la prostitución como una forma de violencia, lo que según las organizaciones es "una reivindicación histórica del feminismo".

El texto contempla que el acceso de las mujeres prostituidas a los beneficios y programas socio-laborales no puede estar ligado a su colaboración en la lucha contra el delito (tal como ocurre actualmente con las mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual), ni con la obligación de interponer una denuncia previa. Las redactoras entienden que la obligación de denunciar no puede condicionar la cartera de derechos a los que deben tener acceso.

"En el tema de la prostitución necesitamos un cambio de paradigma. La violencia que representa la prostitución es una violencia con autores, como lo es la violencia en las relaciones de pareja. Cuando comenzamos con la violencia de género parecía una violencia sin autores, pero se hizo un cambio de perspectiva y de políticas públicas que se focalizaron en los autores de la violencia. En necesario hacer esto también con la prostitución. Es intolerable que los hombres piensen que las mujeres somos suceptibles de ser usadas", explica a Público Rosario Carracedo, una de las portavoces de la PAP.

El segundo eje, está enfocado al desmantelamiento del proxenetismo, de la industria de la explotación sexual y de las actividades de los proxenetas. En este apartado la propuesta contempla modificación del Código Penar para revertir las reformas que se introdujeron en el año 1995 y que según las promotoras de la ley supuso la derogación de los tipos penales contra el proxenetismo. "Esta ha sido la causa eficiente de que nos hayamos convertido en uno de los países más de tránsito y en uno de los mayores prostíbulos de Europa", afirmó Carracedo durante la presentación.

Las organizaciones proponen recuperar en el código penal el delito de tercería locativa, es decir, penar a quienes ofrecen locales en donde se prostituya a mujeres, incluyendo a aquellos que los ceden, así como recuperar las figuras de chulos y rufianes, que viven de la prostitución de mujeres. 

El tercer eje de la propuesta consiste en una batería de medidas para desactivar la demanda de prostitución, sancionando "penalmente a los puteros y a los proxenetas, ya actúen individual o colectivamente". La ley considera la educación una pieza clave.

La propuesta contempla la modificación de diversas normas, algunas de las cuales tienen rango de leyes orgánicas, por los que consideran que esta futura ley debe ser una ley orgánica en muchos de sus aspectos.

Si bien una ley orgánica no puede ser presentada como una Iniciativa Legisltiva Popular (ILP), las organizaciones afirman que este texto debe servir de modelo al poder legislativo y ejecutivo para una ley orgánica. En breve esperan presentar el texto al presidente del Gobierno y a los distintos partidos políticos.

"Hay una inactividad de los poderes públicos frente al sistema prostitucional. Llevamos mucho tiempo oyendo cantos de sirenos, y no se materializa en acciones legales y ejecutivas que permitan efectivamente transformar el dislate que iniciamos con la reforma del Código Penal del año 95", afirma Carracedo.

Esta portavoz explica que en dos ocasiones solicitaron un encuentro con Pedro Sánchez, pero que esto no se ha producido. La primera porque a los pocos días se inició el estado de alarma, pero la segunda las derivó al Ministerio de Igualdad, institución a la que han decidido recurrir hasta la fecha. 

"Entendemos que, independientemente de las competencias de los ministerios existe una responsabilidad del ejecutivo y Sánchez es su presidente", concluye Carracedo. 

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