Entre la reforma y la derogación. Así se encuentra actualmente el debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, siete años después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobase el texto. Este martes, varios colectivos sociales se han reunido en el Ateneo de Madrid –bajo el paraguas de la Plataforma No Somos Delito– para reclamar al Gobierno que actúe para derogar la norma o, al menos, emprender una reforma de calado que garantice los derechos y libertades más básicos.

"Nos encontramos en un contexto de mayoría parlamentaria progresista. Es ahora cuando debemos alzar nuestra voz con más fuerza", ha dicho Sara López Martín, portavoz de No Somos Delito, quien ha denunciado que "lo que actualmente hay sobre la mesa" es una reforma que tan sólo "modifica el 30% de la ley", lo que permite "averiguar" que se mantendrán algunos de los aspectos más lesivos de la norma para con los derechos y libertades.

Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) y directora de Público, ha hecho hincapié en la constante vulneración del derecho a la información que se ha ejercido en los últimos años con esta norma. "Tiene gravísimas consecuencias para el periodismo y para la información, sobre todo para los periodistas que cubren manifestaciones", ha dicho. "Llevamos años denunciando algunos de los artículos más polémicos y ambiguos que permiten sancionar en base a conceptos como desobediencia o faltas de respeto a policías. Estos puntos son los que más castigo suponen a los periodistas y seguramente sigan adelante en la futura reforma de la ley", ha valorado.

Pérez Alonso ha recordado algunos casos recientes como el del fotógrafo Albert García, a quién se le pidió una pena de prisión, o el de Guillermo Martínez, agredido por un policía mientras cubría una protesta y que, tras denunciar los hechos, fue imputado por denuncia falsa junto a otros compañeros que declararon como testigos. "Esto supone un efecto de desaliento para muchos fotoperiodistas que son freelance y que no disponen de la cobertura legal de un medio. Estamos hablando de derechos fundamentales. Sin libertad para ejercer periodismo, cualquier democracia se resiente. Es imprescindible abordar estos asuntos de una forma tajante. En derechos fundamentales, ni un retroceso", ha denunciado la directora de Público.

La denominada ley mordaza también atenta contra las formas de protesta tradicionales del ecologismo. Así lo ha indicado Javier García Raboso, responsable de Derechos Civiles de Greenpeace España, quien ha recordado que, con la norma en la mano, las sanciones por colgar grandes pancartas para señalar a los culpables de la crisis climática –algo habitual por parte de esta organización ambientalista– pueden ascender hasta los 600.000 euros. "Estas cifras pueden suponer la muerte civil de una organización", ha valorado. "La protesta pacífica y las acciones directas son fundamentales para señalar a los organismos responsables de la emergencia climática y para pedir cambios profundos. En este contexto, cuando más falta hacen las voces, más intensos son los esfuerzos para reprimirlas".

Por su parte, Daniel Canales Anzola, abogado e investigador de Amnistía Internacional, ha resaltado la peligrosidad de la ley y cómo esta afecta a diferentes sectores: "En estos siete años, se ha aplicado frente a activistas sociales y pacíficos, frente a periodistas... Las plataformas ciudadanas han tenido que repensar su manera de actuar, porque ha tenido un efecto disuasorio". "Sería un buen punto de partida que en la reforma de la ley se tomara como referencia las recomendaciones de Naciones Unidas", ha reclamado.

"Las personas migrantes nunca hemos tenido libertad de movimiento, siempre hemos vivido amenazados por que la Policía nos identifique para deportarnos o para meternos en un CIE", ha desarrollado Malik Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros, para recalcar que esta ley lleva siete años otorgando aún más impunidad a las actuaciones policiales contra las personas racializadas. "Son las personas vulnerables las que más sufren, las que están en situación de calle o en riesgo social. Este ley es un mecanismo para criminalizar a las personas más vulnerables".

Andrés García Berrio, portavoz de la Plataforma Defender a Quien Defiende, ha respaldado el mensaje de Gueye reclamando que la futura reforma de la ley ponga fin definitivo a las identificaciones policiales bajo criterios raciales: "Entendemos que sería inexplicable que no se aproveche la mayoría progresista del Congreso para acabar con ello", ha sostenido. "Tenemos que conseguir que se identifique a los agentes policiales, por delante, por detrás y en el casco. Vamos a seguir denunciando la violencia institucional, el maltrato y la tortura", ha espetado.

Finalmente, Ignacio Fernández Soto, coordinador de la Sección Territorial de Madrid de Jueces y Juezas por la Democracia, ha mostrado escepticismo ante los efectos que pueda tener la reforma de la norma. "No es un cambio de paradigma. Es una reforma de los aspectos más polémicos, se va a limar únicamente lo más escandaloso. No quiero decir que vaya a ser una reforma mal, sé que derogar leyes es complicado, pero no creo que estemos ante un cambio de paradigma", ha alegado. "Desde los últimos 25 años se ha apostado por crear leyes que refuerzan la seguridad frente a la libertad, como si fueran cosas incompatibles", ha zanjado.