"Estamos en un momento fundamental para el futuro del lobo", expone Luis Miguel Domínguez, director de Lobo Marley y una de las personas que más años de su vida ha dedicado a investigar y conocer esta especie en España. Lo cierto es que el devenir del mamífero podría tornarse esperanzador, en tanto que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está estudiando elevar la protección del cánido y prohibir su caza de forma definitiva en todo el Estado. Algo que no ha gustado demasiado a Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, regiones donde el depredador está más asentado y donde presuntamente sufren más ataques los ganaderos. Las presiones ejercidas por los cuatro Ejecutivos autonómicos son, según Ignacio Martínez Fernández, portavoz de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), insólitas y sin ningún fundamento científico, ya que las poblaciones de lobo en España están desde hace décadas en una situación delicada.

La incidencia del lobo sobre el ganado es una realidad que no se puede cuestionar, sin embargo, los datos reflejan que el porcentaje de ataques es relativamente bajo, lo que debería servir para prohibir definitivamente la caza. Tanto es así, que los ataques de lobos no llegan a afectar ni siquiera al 1% de la cabaña ganadera española, según los datos de las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura cotejados por Lobo Marley. A ello, se suma la existencia de alternativas a la pólvora y las balas como la presencia de mastines. Tanto es así, que los datos de la propia Comisión Europea hablan de que los granjeros de vacuno que disponen de estos perros vigilando sus rebaños sufren cerca de un 20% de ataques menos que aquellos que no los tienen.

Fernando Prieto, director del Observatorio para la Sostenibilidad, por su parte, reconoce que puede haber incidentes, pero reclama que las soluciones las dé el Estado a través de compensaciones o indemnizaciones directas sin tener que llegar a autorizar la muerte de estos depredadores. En 2018, según la Agrupación de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), se produjeron 4.636 ataques de especies silvestres a ganados, lo que tuvo un coste en indemnizaciones de 985.809 euros.

Uno de los mayores problemas a la hora de entender la magnitud del problema del lobo es la carencia de datos oficiales. Tanto es así, que el último censo oficial del Miteco data de 2014, cuando se contabilizaban 297 manadas en todo el Estado que suponen un total de 1.188 ejemplares, si se tiene en cuenta que la media de lobos por grupo es de entre los 3,8 y los 4 individuos. Para Domínguez este dato de hace cinco años es suficiente para que incluya al depredador dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y se blinde su conservación, como ya ocurre en Portugal donde su caza es considerada como delito y crimen. "Tenemos que hacerlo ya. No es una cuestión ganadera, es un asunto de patrimonio natural. El lobo se debe proteger porque en Bruselas nos piden que vayamos en esa línea", advierte el director de Lobo Marley.

Martínez Fernández, por su parte, señala la importancia de este animal como especie "clave" en la regulación de los ecosistemas. El lobo contribuye con su actividad a que otras especies, fundamentalmente de herbívoros, no se reproduzcan y alcancen la sobrepoblación, poniendo en riesgo los cultivos agrícolas, provocando accidentes de tráfico e, incluso, incrementando la presión vírica o bacteriana sobre la ganadería de la zona. Tanto es así, que en algunas zonas de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha –donde ya no hay presencia de lobos– se ha llegado a registrar prevalencia de tuberculosis en más del 90% de la población de jabalíes, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

De hecho, mientras en las zonas del noroeste peninsular piden que se mantengan las normas tal cual están y se permitan las autorizaciones de caza, en algunas zonas de Extremadura existen campañas que reclaman la vuelta del lobo al territorio con el fin de que se disminuya la presión de herbívoros y se trabaje en la convivencia entre el depredador y los ganaderos. La Sociedad Extremeña de Zoología lleva años pidiendo que el Norte de Cáceres se convierta en un corredor verde que conecta a las poblaciones de Portugal con las de Castilla y León de modo que se fomente la diversidad genética.

No en vano, desde el Ejecutivo asturiano manifiestan que la medida que estudia el Miteco para proteger al lobo y la pérdida de su condición de especie cinegética supondrá un problema para su control poblacional. Se entiende desde los diferentes Gobiernos norteños que el depredador está en régimen de sobrepoblación, sin embargo, desde Ascel niegan esta idea debido a la poca diversidad genética que hay en España y argumentan que se trata de una especie capaz de autorregularse a sí misma. 

No en vano, existe un problema mayor a la caza. Se trata de la presión que las carreteras y autopistas ejercen sobre el lobo ibérico. Tanto es así, que según los datos de Lobo Marley y el Observatorio para la Sostenibilidad en los últimos años han muerto cerca cien ejemplares atropellados. En un informe reciente publicado por las dos organizaciones, se señalan las 50 carreteras más mortíferas para esta especie en España, todas ellas al norte del Duero. Los expertos identifican una relación entre esos tramos donde más animales son arrollados con las zonas de expansión del lobo, "que trata de movilizarse por toda la península para intercambiar genéticamente con otras poblaciones". En cierta medida la ausencia de soluciones fomenta la concentración de las manadas en el territorio norte.

En ese sentido, desde el Observatorio para la Sostenibilidad y Lobo Marley reclaman que se articulen ecoductos en estas carreteras, es decir, corredores verdes que permitan que los lobos puedan moverse sin riesgo y expandir sus poblaciones con intercambios genéticos en otras zonas de la península y Europa. Ambas organizaciones reclaman un pacto para salvar el lobo que pase por la solución de las carreteras y por mejorar la convivencia de ganaderos con este cánido estigmatizado. El primer paso, a su juicio, es elevar la protección y unificar los criterios de gestión de todas las comunidades autónomas de tal forma que se favorezca la dispersión y la diversidad genética de la especie en todo el Estado.