Tras seis meses de intenso trabajo, cerca de 70 comparecencias de expertos, víctimas de violencia de género y organizaciones de la sociedad civil; tres prórrogas y un larguísimo y tenso debate este pasado lunes, con acusaciones de distintos grupos políticos al Partido Popular por intentar hacer un uso partidista de la negociación y cerrar un pacto que aún no se había resuelto, la subcomisión por un Pacto de Estado contra la violencia de género concluyó su trabajo con un documento de consenso firmado por todos los grupos políticos. 

Doscientas medidas que serán financiadas con un presupuesto de mil millones de euros en los próximos cinco años son las cifras que conforman los grandes titulares de este acuerdo, que para muchos partidos es "de mínimos" y al que aún no otorgan la categoría de Pacto de Estado.

El documento se ha negociado por consenso. Es decir, incluye todas aquellas medidas que han podido ser negociadas y aprobadas por todos los grupos políticos representados en la subcomisión, y han quedado fuera todas aquellas en las que no ha habido unanimidad. Tal como adelantaba Público hace unos días, temas como el tratamiento de la prostitución, la gestación subrogada o la eliminación del artículo 146 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que permite a las mujeres no declarar contra el maltratador (y por que el que apostaba el PSOE), desde el inicio quedaron fuera del documento.

Las que sí se acordaron fueron 200 medidas que abarcan un amplio espectro de actuaciones, tanto en la esfera judicial, educativa o de servicios sociales, y un cambio en la concepción de lo que se consideran violencias machistas, tal como marcan acuerdos internacionales suscritos por España como el de la CEDAW de Naciones Unidas o el Convenio de Estambul impulsado por el consejo de Europa y que España ratificó en 2014.

Uno de los capítulos más complicados de cerrar fue la introducción del documento, que es la que sienta las bases de lo que es violencia machista y que debía establecer el marco institucional para considerar el documento como un Pacto de Estado. Es lo que se negoció durante todo el pasado lunes en una maratoniana reunión que duró todo el día y que dejó con un sabor amargo a distintas formaciones políticas.

Todas reconocen que la mayor parte de las distintas violencias recogidas en el Convenio de Estambul han entrado en el documento, pero no todas con la misma y amplia protección con la que hoy en día cuenta la violencia en el seno de la pareja y que está ampliamente especificada en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que rige en nuestro país desde 2004. Esto llevó a Unidos Podemos a manifestar que con este documento se establecen víctimas de primera y de segunda.

200 medidas en cinco años

El documento, que no ha sido desvelado aún y que será llevado a la Comisión de Igualdad del Congreso el próximo viernes 28 de julio para debatir los votos particulares que proponga cada grupo político, incluye un total de 200 medidas concretas que tendrán que ser llevadas a cabo en los próximo cinco años y para las que se ha acordado un presupuesto de mil millones de euros.

Según fuentes consultadas por Público, este presupuesto tendrá que ser finalista y salir de fuentes adicionales de financiación. Es decir, tendrá que ser dinero adicional al que se destina hoy en los Presupuestos Generales del Estado para combatir la violencia en el seno de la pareja. 

Entre las medidas consensuadas destaca un cambio importante en la forma de acreditar a la víctima de violencia machista. Hasta ahora, para ser consideradas víctimas, las mujeres debían presentar una denuncia que les permitía acceder a todo un abanico de servicios sociales, asesoramiento y protección.

A partir de este acuerdo se establecen mecanismos para que las mujeres puedan ser consideradas víctimas de violencia machista sin necesidad de interponer una denuncia y se habilita a los ayuntamientos y entes locales a gestionar servicios sociales, acompañamiento y apoyo para aquellas mujeres que, siendo víctimas, no se han atrevido a interponer una denuncia judicial. Cabe recordar que en nuestro país el 80% de las asesinadas por violencia machista nunca habían presentado denuncia.

Otra de las medidas clave es la transferencia a comunidades autónomas y ayuntamientos de gran parte de la responsabilidad de prevención y protección de las víctimas. Esto obliga a modificar la Ley de racionalización de las Administraciones locales que el PP aprobó en 2013 y por la cual se le privaba a estos organismos de la mayor parte de sus competencias en esta materia. El documento contempla la creación de lo que se ha dado en llamar "Unidades de Apoyo", que vivirán en los ayuntamientos y entes locales y que estarían regidas por el principio de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones, y formadas por un equipo multidisciplinar. Estas unidades son las que deben asegurar el acceso al catálogo de derechos.

Educación y formación son otros dos grandes caballos de batalla contemplados en el pacto. Si bien muchas de estas medidas estaban ya recogidas en la Ley de violencia de género de 2004, muchas nunca se llegaron a implementar. El acuerdo alcanzado ahora prevé la inclusión en todos los niveles educativos de materias que fomenten los valores igualitarios, así como la formación obligatoria y puntuable para los cuerpos del Estado como jueces, fiscales, sanitarios o agentes psicosociales.

Los grupos han acordado la necesidad de desarrollar protocolos de detección de las víctimas de violencia machista en los centros sanitarios y de atención primaria, medida que que ya estaba contemplada en la ley de 2004 pero que no se ha aplicado de forma amplia. Sólo algunas comunidades autónomas, como Valencia, cuentan ya con estas medidas de prevención.

En el ámbito judicial, la confesión del crimen o la reparación del daño dejan de ser atenuantes en las condenas de maltrato. Se establece que se deberá suspender o no aplicar la custodia compartida para padres maltratadores, se suspenderá el régimen de visitas y se prohibirá la visita de los hijos menores a los progenitores que estén en la cárcel por esta causa.

También se establecen medidas en relación a los medios de comunicación y su vigilancia, para lo que que se impulsarán acuerdos tanto con medios concretos como con profesionales audiovisuales para trabajar en la eliminación de los estereotipos de género, y se desarrollará un código de publicidad no sexista.

Financiación adicional

El pacto acuerda invertir mil millones de euros en los próximos cinco años para financiar estas 200 medidas. Según fuentes de la subcomisión, este presupuesto tendrá que ser adicional a las fuentes de financiación actuales de los Presupuestos Generales del Estado, y se ha acordado que las comunidades autónomas recibirán 100 millones de euros anuales para implementar las medidas concretas que tendrán que ser negociadas con ellas.

Otro de los aspectos clave de este acuerdo es el de la creación de una comisión de seguimiento de los pactos. Se trata de una comisión no legislativa que estará formada por los distintos grupos políticos, con participación de instituciones del Estado y la presencia de la sociedad civil, y tendrá un funcionamiento similar al de la Comisión del Pacto de Toledo. Esta comisión velará por el cumplimiento de los pactos y el avance de los acuerdos, pero también será la fiscalizadora de la forma en que se utilizan los fondos. Esta comisión será importante, además, para obtener y coordinar los datos sobre violencia machista que recolectan distintas fuentes, como el ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género o el Consejo General del Poder Judicial, datos que viven separados y, tal como denunció el PSOE, se recopilan de forma tal que no es posible analizarlos en plazos temporales ni sacar de ellos tendencias clave.

Acuerdo final

El documento de consenso aprobado el pasado lunes en la subcomisión del Congreso, que termina así su cometido, será revisado el próximo viernes 28 de julio en la comisión de Igualdad del Congreso, donde los distintos partidos presentarán sus votos particulares, lo que puede modificar aún algunos puntos del acuerdo. 

A partir de ese momento, el Gobierno tendrá dos meses para negociar con distintas instituciones para poner en marcha las medidas acordadas en el pacto.