El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2018 destina 80 millones para arrancar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de los que algo más de la mitad se destinan al Ministerio del Interior para la protección de las víctimas.

El pacto de Estado contra el maltrato machista debería contar con una dotación de 200 millones de euros para su aplicación este año. Sin embargo, la Administración central sólo destina 80, mientras que el resto se quedan en el limbo de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Es decir, el Gobierno considera que los otros 120 millones deben ser aportados por regiones y municipios a través del sistema de financiación autonómica.

Así, para poner en marcha las medidas del pacto, las CCAA deberían aportar (de sus presupuestos) 100 millones de euros y los Ayuntamientos, 20 millones. El Gobierno lo justifica así: "Contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación".

Protección de víctimas

El Gobierno explica que los 80 millones de euros se distribuyen entre los presupuestos del Ministerio del Interior, Justicia, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Hacienda y Función Pública. 

Algo más de la mitad de la partida de la administración central para la implementación y cumplimiento del pacto (43 millones) se destinan al Ministerio del Interior sobre todo para aumentar la protección a las víctimas (38,1) y la adecuación de espacios policiales donde se les atiende (3 millones).

En el Ministerio de Justicia, se libra una partida de 13,6 millones destinado a los juzgados de Violencia sobre la Mujer (4,5), asistencia jurídica gratuita (4,2) y a unidades de valoración forense (3,8).

Se destinan 12,2 millones en el Ministerio de Empleo a renta activa de inserción de víctimas de violencia de género (7,4 millones) y a mejorar las pensiones de orfandad en esos casos (4,9).

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la Macroencuesta Violencia de Género, dependientes de Sanidad, cuenta con 9,2 millones de euros.

Por último, se destina una partida de 2 millones de euros en el Ministerio de Hacienda para ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

En realidad, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hablaba de un incremento de 80 millones, aunque se han quedado en un total de 80 millones, que son los desglosados en las líneas anteriores.

Comunidades y Ayuntamientos

Respecto a la financiación del pacto por parte de las administraciones autonómicas y locales, el Gobierno ha indicado que en los PGE la financiación de las Administraciones Territoriales aumentará 4.248 millones de euros respecto del 2017, a través del sistema de financiación autonómica.

"En base a este incremento, las CCAA y los Ayuntamientos contarán con crédito suficiente para ejecutar las medidas de su competencia previstas en el Pacto de Estado", señala el proyecto de PGE.

Es decir, el pacto no se financiará a través de una partida específica de 200 millones, sino que sólo se destinarán 80 millones, mientras que la aportación de los restantes 120 millones dependerá de las Comunidades y los Ayuntamientos.

Prevenciónde la violencia de género

Por otra parte, el programa Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género incrementa las dotaciones hasta alcanzar los 40 millones (un 24 % respecto a 2017), figurando créditos para transferencias a CCAA (10 millones) y para familias e instituciones sin fines de lucro (14).

Destaca que el incremento de ese programa se hace en cumplimiento del compromiso alcanzado en la negociación del pacto de que "el Presupuesto para 2018 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tendrá un incremento del 20% respecto al ejercicio 2017".

Para proyectos como el de Dispositivos electrónicos. Seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento, Campañas de información y sensibilización para prevenir las distintas formas de la violencia de género y para una plataforma online para formación de profesionales se destinan 13 millones de euros (aumenta un 21,4 % respecto a 2017).