Nancy, de 39 años, y su hija, de tan solo seis, iban a ser desalojadas de su vivienda del madrileño barrio de Vallecas este miércoles. La parroquia de San Ramón Nonato, que ofrece ayuda a las personas con pocos recursos de este distrito, les consiguió la que hasta ahora ha sido su casa. Pero ahora la propietaria del inmueble —que no es la parroquia, como puntualizan a Público desde el Arzobispado de Madrid—  las quiere desahuciar y reclaman a Nancy una deuda de 2.400 euros que ella no reconoce y que, además, como asegura, puede probar que que no debe esta cantidad a través de sus recibos. 

La Plataforma Stop Desahucios ha convocado una concentración a las 11.00 horas en su domicilio de la calle Juan Navarro a la que han acudido numerosas personas  para apoyar a Nancy. Finalmente, han conseguido paralizar el desahucio hasta el próximo 7 de febrero. Habrá que ver que sucede entonces.

Desde que entraron en la vivienda Nancy hizo frente a los gastos como pudo. Según su versión, recogida por Cuarto Poder, una monja le ofreció pagar un alquiler de unos 300 euros en 2013, después de que su marido las abandonara a ella y a su hija, sin pasar ningún tipo de pensión por la niña, y Nancy no pudiera asumir sola los 750 euros de alquiler. Y durante dos años pagó la factura.

Pero en 2016 dejó de disponer de la renta mínima, por lo que ya no podía abonar esta cantidad. En cuanto se le concedió de nuevo y ganaba 530 euros volvió a pagar los 370 de alquiler. De esta forma le quedaban solo 150 euros para comer y cubrir sus gastos y los de su hija. Actualmente solo le faltaba por pagar el alquiler de tres meses, es decir, 900 euros. Pero la propiedad le reclama ahora la cuantía de 2.400 euros de la que desconoce su origen.

Nancy llegó a España hace quince años desde Paraguay. Su situación de trabajo es inestable y en estos momentos tiene un contrato temporal de tres meses que finaliza en febrero. Ahora se niega a rendirse y quedarse en la calle.

Según explica la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en declaraciones a Cuarto Poder,  el edificio entero parece estar gestionado por la misma parroquia de San Ramón Nonato. Todos sus ocupantes son personas que se encuentran en exclusión social y aseguran haber llegado ahí por intermediación de la propia parroquia.

No obstante, fuentes de la propia parroquia afirman que el inmueble no es suyo, sino que alquilan un piso en este edificio desde 2016 para dar cobijo a quienes más lo necesitan. Aparte de esto, la función de la parroquia se limita a asesorar o ayudar a encontrar viviendas baratas a la población más vulnerable del barrio.

El inmueble está registrado a nombre de María Teresa Frutos y lo gestiona la inmobiliaria Red Finca. La PAH asegura haber sido testigo de tres desahucios en este bloque y que dos más están a la espera para ejecutarse.

[Noticia rectificada: por error se atribuyó en una primera versión de esta información que era la Parroquia de San Ramón Nonato quien quería desahuciar a la inquilina, pero el inmueble no pertenece a la Iglesia]