La nueva directiva de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) propone que los beneficios de las ventas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) "se destinen a la hucha de las pensiones".

En un comunicado, Anapal señala que según los datos de 2016, el último ejercicio disponible, los beneficios superan los 1.500 millones de euros, cantidad a la que se suma los más de 640 millones destinados a impuestos, por lo que se reclama que tengan un "destino finalista" derivándose a "la hucha de las pensiones".

"En un momento como este, en el que la estabilidad del fondo de las pensiones es una de las principales preocupaciones de nuestro país, pensamos que tiene sentido reclamar que la venta de lotería sea destinada a este fin y que cada persona que invierte en juego público sepa a qué va dirigido su dinero", ha explicado el nuevo presidente de la entidad, Josep Manuel Iborra.

Este valenciano ha sido elegido máximo representante de la entidad que agrupa las administraciones dedicadas a la venta de Loterías y Apuestas del Estado y que en su última asamblea anual, celebrada en marzo en Madrid, ha renovado la Junta Directiva y trasladado su sede social a Valencia desde la capital de España.

Anapal es el principal representante de los administradores de lotería, un mercado que emplea a unas 15.000 personas en toda España y que factura más de 8.800 millones de euros cada año, según los datos aportados desde la entidad.

Los objetivos de la nueva Junta pasan por seguir defendiendo los derechos de los trabajadores repartidos en las más de 4.200 administraciones existentes, "mejorando los sistemas internos de gestión de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), mostrándose más abiertos al colectivo y darle un nuevo sentido a los beneficios de sus ventas".

Desde Anapal también se hace hincapié en el impuesto del 20% con el que se gravan los premios de más de 2.500 euros y que, según ellos, ha tenido un efecto directo en el descenso de la venta de lotería y, como consecuencia, en los ingresos dedicados a las arcas públicas.

Su propuesta es que este gravamen se elimine o que se eleve el importe mínimo del premio a partir del que se cobra.

En el caso de que este impuesto no fuese eliminado, se propone que esta cantidad sea también destinada en su totalidad a la hucha de las pensiones.

"La venta de la lotería repercute positivamente en las cuentas del Estado, mantener medidas como esta que perjudican a los administradores y compradores carece de sentido", según Iborra.