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Piden 20 años de cárcel para un exconcejal del PP en Palma por agresión sexual a dos presos en una ONG de Vallecas 

Arranca en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio a Rodrigo de Santos, exteniente de alcalde y de Urbanismo de Palma de Mallorca, ya condenado previamente por abuso de menores.

Juicio Rodrigo de Santos
Vista del juicio del inicio al juicio al que fuera concejal de Urbanismo del PP en Palma entre 2003 y 2007. Paqui Gallego / EFE

La Fiscalía de Madrid solicita veinte años de cárcel para el expolítico del PP Rodrigo de Santos por la presunta comisión de dos delitos de agresión sexual que habría cometido contra dos presos cuando trabajaba en la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, una ONG próxima al PP.

El juicio se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. En el escrito de acusación se acusa al exteniente de alcalde y de Urbanismo de Palma –lo fue entre 2003 y 2007– de un delito continuado de agresión sexual y otro delito de agresión sexual.

El acusado ya fue condenado en 2010 por la Audiencia Provincial de Palma por un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor, a la pena de cinco años de prisión y prohibición de aproximación y comunicación por tiempo de ocho años.

Rodrigo D.S. trabajó en esta Fundación desde el año 2015, desempeñando a partir de octubre de 2016 las funciones de coordinador del programa de reinserción social de preso, avalando a los internos que carecían de arraigo familiar ante Instituciones Penitenciarias.

De este modo, se les alojaba en las viviendas que poseía esta Fundación en Vallecas, "proporcionándoles un lugar donde poder residir durante los permisos penitenciarios e incluso una vez que les era concedida la libertad condicional y la libertad definitiva, haciéndose responsable de los internos ante la Junta de Tratamiento del Centro penitenciario".

El fiscal relata que, entre los meses de febrero y julio de 2017, un preso estuvo residiendo durante los permisos penitenciarios por encontrarse en el segundo y tercer grado penitenciario en dichas casas de acogida situadas en la calle de Madrid.

"Durante este periodo de tiempo el procesado, prevaliéndose de su condición de coordinador del citado programa y bajo la amenaza de retirarle el aval por parte de la Fundación, imprescindible para poder disfrutar de los permisos penitenciarios, le obligó en siete ocasiones, a mantener relaciones sexuales", recoge el escrito.

Otro de los casos de agresión sexual lo sitúa a mediados de febrero de 2017, cuando el procesado, prevaliéndose de su condición de coordinador del programa, invitó a otro preso en permiso a pasar la noche a su casa de Alcobendas, acudiendo éste coaccionado, por miedo a que le retiraran los permisos. Durante la noche, encontrándose dormido la víctima, el procesado se introdujo en su cama, realizándole tocamientos.

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