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Plataforma de Afectados por la Hipoteca Piden pena de prisión y fianza de 4.000 euros a una activista de la PAH por intentar frenar un desalojo

Tres años después hay escrito de acusación. La solidaridad de algunas asambleas cercanas ha hecho que la afectada consiga la fianza, evitando que le embarguen sus bienes. Los movimientos sociales sostienen que la acusación es falsa mientras su abogada prepara el juicio oral del caso.

Nani Martínez emocionada en uno de los momentos más tensos del desahucio. / ALCALÁ HOY
Nani Martínez emocionada en uno de los momentos más tensos del desahucio. / ALCALÁ HOY

Una pena de 1 a 4 años de prisión y 4.000 euros de fianza que debían ser recabados en 24 horas. Esta ha sido la noticia que ha despertado a Nani Martínez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Corredor del Henares, y ahora afectada directa, por un supuesto delito de atentado contra la autoridad cometido durante un desahucio. El caso, que vuelve a estar abierto debido a un recurso de la acusación, empezó en enero de 2017, cuando la activista fue a intentar frenar un desalojo que dejaría en la calle a una familia con cinco menores a cargo en plena ola de frío. Gracias a la solidaridad de diferentes colectivos e individualidades ya han conseguido cubrir la pena económica. Ahora se preparan para enfrentar un juicio en el que la única prueba que hay es el testimonio de los agentes.

Todo comienza cuando en Alcalá de Henares la PAH convocó una acción para intentar parar un desahucio. "Cuando ya estábamos con nuestros cánticos habituales, después de que todos los policías se taparan la cara con una braga y no mostraran su identificación, uno de ellos me mira de forma directa y me dice «te vas a cagar». Yo me asusto porque que te diga algo así un policía es muy preocupante, y me acaba tranquilizando uno de los abogados que nos acompañaba", inicia el relato Martínez. La situación, que cada vez se va tensando más, acaba con una carga policial que deja a varios activistas con magulladuras y golpes, un saldo al que después habría que sumar las lesiones sufridas por uno de los agentes. Los allí concentrados que terminaron heridos también interpusieron una denuncia contra los agentes, aunque aún se encuentra en fase de instrucción.

"Llega un momento que me aparto del lugar por lo nerviosa que estaba, además de que me daba miedo que me detuvieran. Cuando me dicen que hemos conseguido frenar el desahucio, vuelvo con mis compañeros a celebrarlo. Ahí es cuando llega una pareja de policías nacionales, entre los que se encontraba el que me había amenazado, y empiezan a decirme que me acerque a ellos, que solo quieren identificarme. Les doy mi DNI sin llegar a estar demasiado cerca suya por temor a una detención que no se acaba produciendo gracias a mis compañeros", continúa narrando la afectada.

Una acusación "endeble"

A la semana siguiente, una notificación del juzgado le hace saber a la activista que está acusada de atentar contra la autoridad, pese a que el escrito esté plagado de "contradicciones y mentiras", según la PAH. Desde el punto de vista de la abogada de Martínez, Nuria Martín, la acusación se podría catalogar de "endeble", pues si llegó a hacer tanto daño al agente como para que ahora le reclamen 4.000 euros de fianza la habrían detenido en ese mismo momento, y no lo hicieron, parafraseando a la letrada. Pero Martínez no es la única acusada en el caso: dos activistas más deben abonar una fianza de 200 euros.

"La petición para Martínez es desmedida. Además, la lesión del agente, que sufrió en alguna parte de la pierna, se la ha podido hacer él mismo cayéndose u otro compañero, o sea que no hay nada claro", expresa la abogada. Asimismo, Martín menciona la "pena de banquillo" que ha perseguido a la activista de la PAH desde hace más de tres años: "Sientes tal incertidumbre que no puedes estar tranquila. Aunque después la sentencia te absuelva, el haber pasado por todo este periplo con acusaciones tan fuertes acaba disuadiendo a la gente; además de que muchos no pueden hacer frente a los gastos o los abogados".

Una lectura algo similar hace la Plataforma Absolución 13 Rosas, creada tras el caso pendiente de juicio que sentará en el banquillo de los acusados a dos personas que se encontraban en el local del PCE de Alcalá de Henares cuando varios policías entraron en él sin orden judicial y cargaron en el interior. "Desde el primer momento hemos intentado hacer un poco de abanico, de sostén del resto de casos represivos. El caso de Martínez nos toca especialmente cerca porque es una de las activistas de Alcalá con la que siempre se puede contar (tal y como se pudo comprobar en el último desahucio paralizado en la localidad complutense). Siempre que hay alguna convocatoria, ahí está ella al pie del cañón; además de que es bastante visible porque suele ser quien atiende a los medios y hace las funciones de interlocución con los bancos o la policía en los desahucios", agrega Desi, la portavoz de la plataforma que prefiere no dar su nombre completo por temor a represalias laborales.

Persecución a la activista

Desde el colectivo antirrepresivo remarcan la "campaña de acoso y derribo" sufrida por Martínez desde que se para el desahucio hasta que le notifican la acusación: "Parecía que la perseguían diariamente. Casualmente, siempre había policías cerca de su casa cuando entraba o salía, incluso en algunas ocasiones coches patrulla se quedaban detrás del suyo cuando iba a hacer algún recado o a trabajar; además de las múltiples identificaciones". La acusación hacia la activista de la PAH deja perpleja a Desi, que también se encontraba aquel día en el desahucio, "porque fueron los policías los que arrastraron por el suelo a Martínez y otra mujer unos dos metros, todo lo contrario de lo que están contando".

El tiempo apremia para Martínez, aunque parece que eso no ha supuesto un problema debido a la solidaridad cosechada de diferentes movimientos sociales y algunas personas que en pocas horas han conseguido reunir la cuantía que le reclamaban, evitando así que le embargasen sus posesiones. "Mi situación económica no me permite conseguir por mí misma todo ese dinero en unas horas. Estoy divorciada, con un menor a mi cargo y trabajo de limpiadora, así que mis ahorros no son desorbitados", comenta la afectada.

La solidaridad ayuda a la afectada

Desi recalca la solidaridad mostrada por muchos colectivos, como Pensionistas Complutenses, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la propia Plataforma y la PAH, además de numerosas individualidades que se han volcado con el caso. "No preveíamos que los tiempos fueran a ser tan cortos ni la cuantía tan elevada, pero lo hemos conseguido", agrega la portavoz de la Plataforma mientras la letrada confirma que "la idea es que se sufraguen todos los gastos mediante las cajas de resistencia". La emoción embarga a la afectada al ser preguntada por cómo se siente en estos momentos: "Estoy desbordada con todo el cariño y el apoyo de las asambleas. Lo único que me preocupa es que esto se alargue y la agonía sea eterna", en palabras de Martínez.

Por otra parte, lo sucedido no deja lugar a dudas para la propia afectada: "Con esta denuncia pretenden desactivar a las personas con mayor presencia en los movimientos sociales, pero lo único que consiguen es que nos armemos de más fuerza cuando recibimos el cariño de la gente para seguir día tras día con nuestra labor". Una tesis que también avala Martín, la letrada, ya que "este tipo de casos se utilizan para amedrentar, como una medida disuasoria, porque la gente se va a cuidar mucho si por parar un desahucio a lo que te enfrentas es que te embarguen tus cosas y te acusen de un delito que puede tener penas de cárcel".

"El aumento exponencial de la represión, tanto con penas económicas como solicitudes de prisión, busca desactivar cualquier movimiento social. Nosotras seguiremos tejiendo redes de apoyo para recabar el máximo posible porque la represión está en todas partes y en todos los activistas", concluye Desi antes de afirmar que después de estudiar el caso valorarán convocar cualquier acción para dar a conocer lo sucedido.

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