El consumo de carne de la población española es excesivo: comemos ocho veces más carne procesada de la máxima recomendada. Este el mensaje de alerta que este jueves ha difundido la ONG Justicia Alimentaria  en un informe sobre la industria cárnica que habla de consumo excesivo, de los riesgos en la salud que esto conlleva y también de los intereses económicos que se esconden para contarlo . La entidad dice no querer criticar la carne per se, pero sí "la producción y el consumo actual".

El informe, que lleva por título Carne de cañón. Por qué comemos tanta carne y como nos enferma", se ha presentado en una rueda de prensa en el Pati Manning de Barcelona, con la participación del director de la ONG, Javier Guzmán, y el director del informe, Ferran Garcia. Según Justicia Alimentaria, el 60% de la salud perdida por culpa de una alimentación insana puede atribuirse al consumo excesivo de carne. En concreto, el documento asegura que existe una relación directa en entre un 28 y un 38% de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares, un 17% de la hipertensión, un 18% de la diabetes y un 28% de los cánceres colorrectales con un consumo de carne superior al recomendado.

El informe identifica tres componentes críticos de la carne causantes de perjuicios para la salud: las grasas insalubres, la sal y los productos cancerígenos que lleva. Además, la ONG advierte que el consumo de carne está agravando el fenómeno de la tolerancia a los antibióticos por el uso excesivo que se hace con los animales de granja. El informe cuantifica la presencia de antibióticos en 402 mg por cada kilogramo de carne, cuatro veces más que en Alemania. O lo que es lo mismo: "Una cápsula de amoxicilina 400 espolvoreada sobre cuatro bistecs".

Además, la asociación pone números al impacto económico que supone sostener sanitariamente el consumo excesivo de carne: el sistema de salud público español destina 7.400 millones de euros para combatir enfermedades asociadas al consumo cárnico. Es decir, comer carne en las cantidades comunes de hoy en día cuesta 157 euros por persona a la salud pública, un 13% del coste total sanitario.

La carne "con bata blanca"

Ya en 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe donde señalaba que la carne procesada y la carne roja son cancerígenas, como recuerda la entidad. La noticia generó un gran impacto mediático que no gustó nada a la industria.

Javier Guzmán (d) y Ferran Garcia (e), en la rueda de prensa del informe sobre el consumo excesivo de carne. JUSTICIA ALIMENTARIA

Justicia Alimentaria explica en el trabajo cuál ha sido la reacción por parte del sector en nuestro país, mediante lo que llaman como "la carne con bata blanca", es decir, profesionales vinculados al mundo de la salud pero que mantienen vínculos con el sector, y que rebatieron enérgicamente las tesis de la OMS. De hecho, la entidad va más allá y contabiliza una cincuentena de entrevistas a medios que estos profesionales hicieron justo después de las informaciones de la OMS.

Un sector económico muy importante

No es de extrañar la influencia que tiene la industria, teniendo en cuenta el peso económico que ostenta e el sector en el Estado. Tal como indica el informe, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) asegura que es el cuarto ámbito económico de mayor volumen en el Estado, tras el automovilístico, la explotación de petróleo y combustibles o la distribución de energía eléctrica.

Según el trabajo de la ONG, España produce 4,5 veces más de carne de la que se come en el país, siendo el tercer productor mundial, detrás de Estados Unidos y China. La exportación de carne llega a doblar la de productos tan icónicos como el vino o el aceite de oliva. Y dentro del mercado de la carne, el del cerdo es el más importante: la proporción de la población porcina con la humana es de uno por cada persona mayor de 20 años.

Eliminar carnes procesadas en las escuelas

Con el fin de paliar los efectos negativos de la explotación del sector y su consumo excesivo, Justicia Alimentaria propone algunas medidas, como implantar un impuesto sobre el precio de productos de carne procesada, o la producción de algunos componentes como los nitritos -que generan sustancias cancerígenas- o los antibióticos con fines profilácticos. También piden eliminar a las carnes procesadas y rojas de los menús escolares, la prohibición de la publicidad de estos productos dirigida al público infantil y el impulso de campañas activas que informen sobre el riesgo de su consumo.

En cuanto a la producción, la entidad pide la prohibición de las "megagranjas", la reducción de dimensiones de las granjas actuales para hacerlas "efectivas" medioambientalmente, así como la eliminación de subsidios a la producción no sostenible o la creación de una fiscalidad dirigida a "grabar el impacto ambiental" de la industria.