Los seis policías nacionales que accedieron a la fuerza a un domicilio en el barrio de Salamanca en el que se estaba celebrando una fiesta ilegal el pasado 21 de marzo han declarado ante el juez a cargo del caso, Jaime Serrat, que actuaron "conforme a derecho" en defensa del descanso del ciudadano. 

El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha tomado declaración a los agentes en calidad de querellados por la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada y daños por los desperfectos ocasionados en la vivienda. 

Su actuación, conocida como "patada en la puerta" abrió un debate en los medios sobre la legalidad de la intervención, que estuvo respaldada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien defendió que se trataba de un piso turístico en el que los jóvenes no moraban, sino que celebraban una fiesta ilegal. 

En junio, la Audiencia Provincial de Madrid estipuló que el proceso iniciado contra los ocupantes del piso por desobediencia a los agentes se archivara y finalmente fueran los agentes los querellados. 

En este proceso, el juez deberá examinar si la acción policial estuvo legitimada dentro del artículo 18.2 de la Constitución, en el que se determina que "el domicilio es inviolable". 

Los agentes, por su parte, han ratificado el actuar que recoge el atestado policial, sin mostrar arrepentimiento, según ha explicado al término de la vista el letrado del inquilino, Juan Gonzalo Ospina, mientras que el cliente de este ha certificado ante el magistrado que no dio autorización para su entrada. 

Ospina, que, de acuerdo a la petición del magistrado de guardar el secreto de las actuaciones, sólo ha opinado que le llama "poderosamente la atención, como abogado penalista, el hecho de que sigan ratificando lo que consta en el atestado", cuando "rectificar es de sabios".

El abogado, además, ha expresado que, en su opinión, no identificarse ante los agentes, como hicieron los integrantes de la fiesta ilegal, no es un delito, sino una infracción administrativa y, por lo tanto, los agentes cometieron delito de allanamiento de morada.

Pero, aún considerando que no identificarse fuera un delito grave, los agentes tendrían que haber pedido autorización judicial porque, según el estado de derecho español, para acceder a una vivienda ante un presunto delito flagrante se tienen que dar los criterios de urgencia y necesidad que establece el Tribunal Constitucional, ha relatado.

Uso de un ariete

El inquilino, por su parte, ha reconocido que su conducta fue reprochable y ha recalcado que no dio ninguna autorización para que los policías entraran en el inmueble en el que llevaba desde enero viviendo de alquiler.  

Su abogado ha incidido en que "en cualquier caso, aunque fuera un apartamento turístico, la morada es inviolable" en España y "que se cometa un presunto delito no autoriza a dar una patada en la puerta porque sino quedaríamos todos al arbitrio de las fuerzas y cuerpos de seguridad". 

Asimismo, ha recalcado que la actuación policial fue "desproporcional" y "premeditada" ya que se intentó abrir la puerta y al no poder, se usó un ariete. "Había voluntad pese a la negativa del morador", ha reseñado. 

Los hechos se produjeron el pasado 21 de marzo cuando los agentes acudieron a la vivienda comprobando que se escuchaba música a un volumen excesivo, constantes gritos provenientes de un grupo muy numeroso de jóvenes, algo que estaba prohibido por el estado de alarma. 

Los policías llamaron al timbre de la puerta con el objetivo de que las personas que se encontraban dentro del domicilio salieran a identificarse para ser multados por cometer una infracción a la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana. 

Según el atestado policial, los agentes de la Policía Nacional procedieron a intentar abrir la puerta del domicilio por sus propios medios, llegando a intentar hasta dos técnicas antes de recurrir al uso de un ariete para tumbar la puerta y proceder a la detención de los jóvenes que se encontraban dentro del domicilio por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad. 

Espinosa ha asegurado que "se va a tratar de una cuestión histórica porque se va a determinar si la actuación policial fue conforme a derecho, si se practicó bajo los criterios de flagrancia, urgencia y necesidad y por qué los policías entraron sin una orden judicial".