Pozos ilegales, agricultura intensiva y un suelo fragmentado por la acción del hombre continúan amenazando a Doñana

Doñana continúa en la uvi. El Parque Nacional, uno de los humedales más importantes de Europa por su biodiversidad, está amenazado por multitud de factores humanos, entre los que destaca la extracción ilegal de agua para usos agrícolas. Tanto es así, que en la actualidad se estima que existen más de 2.000 infraestructuras para la captación en arroyos, acuíferos, balsas o pozos tal y como denuncia el Fondo Mundial para la Naturaleza en una investigación realizada a pie de campo y con datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Tal y como señala la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife, tan solo uno de los dieciséis sectores en los que la CHG divide Doñana se encuentra "fuera de riesgo". Se trata del sector Sur del Arroyo de la Rocina, uno de los principales aportes de agua a las marismas del ecosistema. Pese a ello, los datos de este sector hablan de un aporte de agua de cerca de 5 hm³, frente a los 31-43 hm³ que debería haber en condiciones naturales.

Por otro lado, se encuentran tres sectores declarados en estado de alarma, otro de ellos ha alcanzado su nivel mínimo histórico durante el pasado año hidrográfico, otros tres se encuentran en estado de alerta y los ocho restantes, en prealerta. "Doñana es agua y, sin embargo, estamos asistiendo a su robo permanente", lamenta Enrique Segovia, director de Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 

Las evidencias de que Doñana no está en su mejor estado se ven también en la calidad de las masas de agua. Tanto es así, que el estudio científico de WWF presentado este martes destaca procesos de eutrofización en diferentes zonas como Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto o Rocina del Condado, donde el cultivo intensivo bajo plásticos y el uso de productos fitosanitarios llevaron a la CHG a tramitar en 2019 la declaración de la masa de agua subterránea "en riesgo de no alcanzar el buen estado químico".

La depuración de las aguas también muestra algunas deficiencias en los 25 municipios del estuario del Guadalquivir analizados por el Fondo Mundial para la Naturaleza. De esta forma se han documentado seis núcleos urbanos que vierten sus desechos en pequeñas fosas sépticas o en los cauces públicos. Un ejemplo de ellos es el de Arroyo del Puerco, que en 2019 obtuvo la puntuación más baja del Índice Biológico de Calidad de las Aguas (IBCA) de toda Andalucía. Según, otro estudio de Ecologistas en Acción solo 7 de los 25 pueblos del estuario depuran sus aguas de manera adecuada. 

Usos del suelo

Los usos del suelo suponen otra amenaza para el bienestar ecológico de este Parque Natural, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. El uso agrícola de un terreno forestal es el principal problema observado, ya que en los últimos cinco años ha aumentado un 13% la superficie de cultivos rojos en situación irregular.

Así, un lustro después de la aprobación del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana –conocido como el Plan de la Fresa– la superficie de cultivos en zonas que no pueden regularizarse es de 1.653 hectáreas, es decir, 525,5 hectáreas más que en 2014. Esto, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, es "una competencia desleal para otros agricultores", además de una amenaza ambiental para el entorno. 

A ello, se suma un problema de recursos para perseguir las irregularidades, tal y como denuncia la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, que informa de que en la última década se ha perdido el 20% de las plazas (11) de agentes que trabajan en el Parque Natural por jubilaciones o bajas. Además, los profesionales ponen sobre la mesa la falta de recursos básicos y los riesgos que corren a la hora de denunciar los casos.

La fragmentación del suelo provocada por este modelo de agricultura intensiva se ve agravada, según los ecologistas, por las vías de circulación que recorren el parque. Tanto es así que en la actualidad el Gobierno de Andalucía tiene en mente iniciar algunos proyectos, como la carretera de alta capacidad que pretende unir Cádiz y Huelva o el desbordamiento de la A-483, que podrían suponer una amenaza para la fauna que habita en este entorno natural.

De hecho, desde 2011 el 53% de las muertes prematuras de linces se debe a atropellos. Según una publicación científica en la que participan expertos de la Universidad Complutense de Madrid, el 18,9% de los tramos de carreteras de Andalucía suponen riesgo para esta especie, lo que indica que problema sobrepasaría los límites de el Parque Natural de Doñana.

Desde WWF señalan que, más allá del agua y la agricultura, hay al menos cuarenta elementos externos que imposibilitan una rápida recuperación del ecosistema. Turismo, introducción de especies exóticas, incendios, almacenamiento subterráneo de gas o la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar, son algunas de las actividades que ponen en riesgo a este histórico humedal.