Las administraciones del PP gastaron en construir piscinas y reconstruir termas la mayoría de los fondos de la UE destinados a un programa para recuperar la calidad de las aguas del embalse de As Conchas, en los municipios de Bande y Muíños, en (Ourense). 

El plan, dotado con 1.015.631 euros, estaba financiado al 80% con dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Comisión Europea.

En julio pasado, el Consello de Contas de Galicia alertó de que esas mismas administraciones habían dejado sin ejecutar más del 40% del presupuesto de otro programa europeo, el Life Rexenera Limia, que pretendía poner en marcha proyectos piloto de recuperación de los acuíferos que desaguan en el río Limia, que a su vez vierte en el embalse.

El pantano lleva décadas acumulando la contaminación por fósforo y nitratos de los purines, fertilizantes y residuos de las explotaciones ganaderas industriales que promueve la empresa Coren en la comarca, la de mayor densidad de granjas de cerdos y pollos de Galicia.

Esos residuos alimentan las cianobacterias causantes de la sopa verde, el mismo fenómeno que ha intoxicado la Manga del Mar Menor en Murcia. En As Conchas, el proceso ha subido a un nivel aún más grave.

Según vecinos y expertos, la falta de oxígeno y agua fresca en las aguas del pantano por el calor y la sequía de este verano, unidas a la acumulación exagerada de microalgas, ha provocado en la cabecera de la presa el envenenamiento de las aguas con el ácido sulfhídrico que se produce por la descomposición de las cianobacterias que se encuentran en el fondo y apenas reciben luz a causa de la sopa verde.

El sufhídrico es muy tóxico y su contacto puede puede provocar lesiones graves en la piel y las mucosas, así como problemas respiratorios serios e incluso la muerte por asfixia si se inhala a través de la humedad del aire.

En 2013, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Mariano Rajoy, puso en marcha el Proyecto de mejora de la calidad de las aguas y recuperación ambiental del entorno del embalse de As Conchas.

Los objetivos eran, por este orden, "mejorar la calidad de las aguas del embalse, compensar la falta de baño [está prohibido en muchas épocas del año] con otras zonas adaptadas a dicho uso, promover actividades lúdicas, culturales y de salud en el entorno fluvial, y (...) la seguridad y la accesibilidad de la ribera".

En la práctica, el primer objetivo apenas recibió dinero. La mayoría del presupuesto -921.183 euros más 193.449 euros de IVA- se destinó a construir una instalación de dos piscinas y el reacondicionamiento como tales de las termas romanas de Porto Quintela, todas en Bande.

En las primeras se invirtieron casi 530.000 euros, y en las segundas, más de 120.000. Además, se emplearon otros 15.168 euros para despedregar una playa fluvial. Para la recuperación ambiental de las aguas del pantano sólo se presupuestaron 30.200 euros.

La única actuación destinada a recuperar el agua envenenada fue instalar una isla flotante vegetal de unos pocos metros cuadrados que se suponía iba a filtrar los tóxicos de un lago de 645 hectáreas de superficie y de casi 30 millones de metros cúbicos de agua embalsada.

"No sirvió para nada, y el poco dinero que se gastaron en regenerar las aguas lo hicieron a sabiendas de que no funcionaría", afirma Pablo Álvarez Veloso, portavoz de la Asociación de Vecinos de As Conchas.

Además del programa de la CHMS, Álvarez recuerda también el desperdicio que supuso el programa Life Rexenera Limia, que pretendía poner en marcha proyectos piloto para la recuperación del entorno del embalse y de los acuíferos contaminados. Se aprobó en 2014 y empezó a ejecutarse un año después, poco antes de las elecciones municipales de 2015, que en Bande volvió a ganar el PP.

En ese otro programa, dotado con un presupuesto de 2,05 millones de euros financiado esta vez al 50% con fondos europeos, participaban también la CRMH y el Ministerio de Medio Ambiente que dirigía la ministra de Rajoy Isabel García Tejerina, hoy consejera de Iberdrola; la Xunta de Galicia presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo; y la Diputación de Ourense, bajo mando del actual presidente del PP provincial Manuel Baltar.

Según el Consello de Contas de Galicia, el organismo al que el Parlamento gallego encomendó fiscalizar el proyecto de A Limia a iniciativa del BNG, más del 40% del presupuesto de aquel proyecto se quedó sin ejecutar, de forma que hubo que devolver a la UE parte del dinero que ésta adelantó.

Tras el fracaso de la isla flotante, el programa incluía otra idea: crear lagunas artificiales que filtraran y depuraran los tóxicos. Según el presidente de la XHMS, José Antonio Quiroga Díaz, esa iniciativa ha tenido "efectos positivos", aunque los vecinos no opinan lo mismo.

"Ya advertimos en su día que las lagunas artificiales no iban a contribuir a la mejora ambiental en el río, que el problema era y es la no depuración de los purines y que con lo que había que experimentar eran métodos de reciclaje de las explotaciones de la gallinaza [el estiércol de pollos y gallinas] y el purín de los cerdos".

"La Confederación Hidrográfica, la Xunta, la Diputación de Ourense y los ayuntamientos de A Baixa Limia nos han engañado durante once años", sostiene el portavoz de los vecinos. "Y, sobre todo, no han hecho nada por solucionar la contaminación del río Limia, que ahora ya se ha convertido en un problema de salud pública", concluye.

Hace ahora un año, el Gobierno informó de su intención de declarar A Limia y A Baixa Limia zonas vulnerables por nitratos, en cumplimiento de la Directiva de Nitratos de la Unión Europea que obliga a los Estados miembros a delimitar las áreas más sensibles y contaminadas.

En España esa competencia recae en las comunidades autónomas, pero aunque el 40% del territorio de la UE ya cuenta con la declaración de esa figura protectora, la Xunta aún no ha catalogado zona vulnerable alguna en Galicia pese a la carga ganadera que soporta el territorio de la comunidad. Eso le ha valido a España la apertura de un expediente de infracción de la Comisión Europea.