MADRID.- La décima legislatura de la democracia en España comenzó el 13 de diciembre de 2014. Mariano Rajoy pronunció su discurso de investidura como presidente en el Congreso el 19 de diciembre. Menos de diez días después se producían las primeras cargas policiales de su gobierno, dejando dos manifestantes detenidos. Fue en la llamada Cabalgata Indignada, convocada en Madrid por el movimiento 15-M, por aquel entonces muy presente después de la gran acampada de la Puerta del Sol de Madrid ese mismo verano.

Cuatro años más tarde, con la legislatura agotada y en plena campaña electoral, Iván Ramírez, uno de esos dos arrestados, comparece ante el juez acusado por la Fiscalía del pack de cargos que suelen imputarse a los detenidos en manifestaciones: resistencia a la autoridad, atentado contra los agentes y lesiones a dos de ellos. Ayer fue la primera sesión del juicio. Este martes será la segunda, y cree que está yendo bien, que los testimonios de los agentes se contradicen.

El activista, de 39 años y padre de una niña de diez, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año y nueves meses de prisión, además de una multa en concepto de indemnización por los daños que, supuestamente, causó a los antidisturbios.

"Recibí puñetazos y patadas. También cuando estaba en el suelo, reducido", denuncia 

Los hechos ocurrieron en la calle Alcalá, relata a Público el afectado. Un grupo amplio de personas se detuvo en un paso de peatones durante el recorrido. Las crónicas de ese día hablan del ambiente festivo y pacífico de la protesta, sin embargo, en ese momento hubo empujones con la Policía. “Varios antidisturbios se nos echaron encima y nos detuvieron a mí y a otro compañero porque les recriminamos que no hacía falta empujar”, explica.

Fue trasladado a un furgón policial, pero antes de que lo metieran en él, asegura, permaneció inmovilizado durante media hora, con un agente presionando con las rodillas su muñeca. “En la detención había más de diez policías. Recibí puñetazos y patadas. También cuando estaba en el suelo, reducido”, recuerda el activista de PAH. “Uno de los agentes advirtió a sus compañeros de que alguien podía estar grabándoles, que se cortaran con los golpes, pero le respondió textualmente que se la sudaba”, abunda. También denuncia que sufrió insultos racistas, como “sudaca piojoso”, porque Iván es venezolano con doble nacionalidad.

La otra versión

“Es imposible que yo golpeara a los agentes, fui detenido por más de diez, inmovilizado. Puede que me revolviera, es un mecanismo de defensa, pero no pude lesionar a nadie”, critica el activista.

Cuando llegó a la comisaría, una unidad del SAMUR ya le había examinado. Tenía contusiones en brazos y piernas, el ojo morado y un fuerte dolor en la muñeca. Recomendaron que fuera trasladado al hospital, pero no se hizo, dice. Meses más tarde, tuvo que ser operado por la rotura de un cartílago. “Tuvieron que apretarte muy fuerte”, afirma que le dijo el médico que le operó. Ha perdido movilidad en la muñeca, un daño que no se puede reparar ni con rehabilitación.

Pero en ese caso, la Fiscalía no actuó de oficio, a diferencia de lo que hizo con los cargos en su contra. Iván tuvo que interponer una denuncia contra los policías pese a que ya lo había hecho ante el juez, al día siguiente de su detención, pero fue desestimada. Al parecer, según el fallo, con la cantidad de cámaras que había ese día en la protesta, alguien debería haberlo grabado.

Así quedó el ojo de Iván, en una imagen tomada tras su salida de los calabozos de Plaza de Castilla, Madrid.

Recurrió ese fallo y fue admitido a trámite. Las lesiones ocasionadas por los agentes son la línea fundamental de su defensa. Sabe que no irá a la cárcel, porque no tiene antecedentes, pero le indigna que quieran condenarle precisamente por lo mismo que él está denunciando.

No obstante, Iván siguió participando en las movilizaciones de los años siguientes. Es economista y miembro de la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda. Fue miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, en febrero de 2013, estuvo entre los activistas que fueron desalojados del Congreso por una protesta, junto a la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra la aprobación de la ley antidesahucios del PP. “La denuncia no sirvió para que dejara de protestar y ninguna condena lo va a hacer”.