Dos directivos y la propia empresa controlada por el empresario Florentino Pérez -Escal UGS- se sentarán en el banquillo acusados de delito medioambiental por el fiasco del proyecto Castor, la planta de almacenamiento subterráneo de gas que se colocó frente a las costas de Vinaròs (Castelló) y que en sólo dos meses ocasionó más de 500 seísmos en 2013.

Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs (Castelló), Javier Verdeguer Gorrea, quien ha dictado este viernes el auto de apertura de juicio oral.

Los dos directivos, responsables del proyecto, acordaron empezar en septiembre de 2013 con la fase de inyección de gas en la planta "a caudal nominal", pese a que eran "conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear".

Este juez dictó el auto de procedimiento abreviado para estos dos directivos y su empresa Escal UGS como persona jurídica en octubre del pasado año, al entender que generaron "una situación de peligro potencialmente catastrófico" por continuar con la inyección de gas en la planta de almacenamiento ubicada en la costa de Vinaròs.

Esta inyección provocó 519 sismos que ocasionaron daños tanto en esa localidad como en la de Sant Mateu (Castellón), así como en Amposta y en Sant Carles de la Ràpita, en la provincia de Tarragona.

Fueron alertados y siguieron adelante

El 5 de septiembre de 2013 aumentaron los terremotos y el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.

Ese fue el momento que, según el juez, tanto los directivos como la empresa eran plenamente conscientes del peligro. Sin embargo, continuaron inyectando gas hasta el 13 de septiembre "a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores". Esa situación desencadenó una "gran serie de sismos en la zona" que se prolongó hasta el 4 de octubre.

Fiasco e indemnización millonaria

Castor es el proyecto experimental de un macroplan de inversión, consistente en que involucrar a las empresas privadas en las grandes construcciones de infraestructuras financiadas con dinero público aportado por el Banco Europeo de Inversiones. Eran conocidos como project bonds (proyectos de bonos) e impulsados por el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Su construcción costó 500 millones de euros, dinero que fue financiado por el Banco Europeo de Inversiones (300 fueron puestos por la entidad y otros 200 a través de líneas de crédito). El principal impulsor era ACS

El proyecto fue autorizado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La planta Castor se colocó en una falla activa, no se hicieron estudios de sismicidad adecuados, empezó a inyectar gas un mes después de recibir el dinero del BEI y ocasionó más de 500 terremotos.

La empresa renunció al proyecto y el Gobierno del PP, con el ministro José Manuel Soria a la cabeza y Florentino Pérez insistiendo, aceptó pagar a los promotores una indemnización de 1.350 millones de euros por este negocio fallido, a pesar de tener una sentencia del Tribunal Supremo que le favorecía a no indemnizar.

Deuda colocada a los consumidores

El Gobierno atribuyó esta deuda a los consumidores españoles de gas por un total de 4.731 millones de euros, a pagar en 30 años en el recibo del gas. De esta cantidad, 3.300 millones eran intereses.

La indemnización a las empresas promotoras se convirtió en deuda que fue colocada a los bancos -muchos de ellos partícipes del proyecto- con un interés del 4,27% a pagar a 30 años.

El TC lo anuló

El Tribunal Constitucional estimó en 2017 los recursos presentados por el Parlamento catalán, la Generalitat y el grupo del PSC y anuló varios artículos del real decreto ley de 2014 que amparaba a la empresa Escal UGS —controlada en un 66,7% por ACS, de Florentino Pérez— cobrar esta indemnización millonaria.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aplicó de oficio la nulidad de los efectos económicos de esta sentencia del TC y reclamó ACS, Banco Santander, CaixaBank, Enagás, y Bankia la devolución del dinero pagado hasta entonces (368,4 millones de euros).

Enagás ha presentado una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador al que reclama 50 millones de euros  por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor hasta 2014.